La Comverdad y Ayotzinapa

Víctor Cardona Galindo

Los acontecimientos de Ayotzinapa opacaron el informe de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (Comverdad), que dedicó dos años y medio a la investigación de lo ocurrido desde 1969 a 1979, década que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia. Aquella época en que el gobierno no respetó ninguna ley en el combate a sus enemigos políticos.

Sin la coyuntura que ha provocado la masacre del 26 de septiembre en Iguala, ahorita estaríamos asombrándonos por lo que la Comverdad encontró. Los comisionados Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Hilda Navarrete, Arquímedes Morales y Enrique González Ruíz acompañados de un grupo de investigadores desempolvaron los archivos de la ignominia acumulados en el Archivo General de la Nación (AGN), mismos que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) desclasificó y ahora pueden consultarse públicamente. Ahí también existe un mundo de información de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), muchos de estos documentos que tienen que ver con la represión en Guerrero fueron digitalizados por los investigadores de la Comverdad y al mismo tiempo analizados para encontrar indicios de lo que pasó con nuestros familiares.

Los comisionados levantaron más de 400 testimonios de familiares de desaparecidos, sobrevivientes y desplazados de la Guerra Sucia. Hicieron excavaciones en el cerro de Las Clavellinas en El Posquelite, en un cerro de Las Trincheras y cerca del campo de tiro del viejo cuartel militar en Atoyac. La hipótesis: “El Ejercito convirtió a nuestra sierra en un cementerio parecido a lo que ahora es Iguala”

Como resultado de toda esa investigación, además del informe que ya circula, se rescataron dos cadáveres del cerro de El Posquelite. Corresponden a dos guerrilleros que murieron el 8 de septiembre de 1974 por la tarde, cuando el Ejército rescató, en La Pascual, al senador Rubén Figueroa Figueroa que se encontraba en manos de la guerrilla. Los restos de estos guerrilleros están en proceso de identificación y algunos comisionados como Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega trabajan, ya sin presupuesto, para establecer la identidad de los cabañistas caídos.

En este contexto, a lo mejor valdría la pena sensibilizar al actual gobierno estatal para que libere un presupuesto extra, y así contratar buenos laboratorios, para analizar el ADN e identificar plenamente a los caídos aquella jornada del 8 de septiembre. Si se identifican sería un  pequeño avance en estos 40 años de búsqueda.

En Atoyac sigue sangrando la herida de los familiares de más de 500 desaparecidos de la década de los setentas. Los grupos se multiplican organizándose en torno a la demanda que “Nos digan dónde quedaron nuestros familiares y que hicieron con ellos”.

En lo personal a veces no le veo sentido que se formen comisiones investigadoras si no hay la menor voluntad política del gobierno para esclarecer los hechos. Si hubiera voluntad bastaría con que el Ejército diera a conocer la verdad que ellos saben. Que le digan a la ciudadanía que hicieron con las personas que entraron a sus cuarteles detenidas y jamás salieron.

Lo anterior le daría legitimidad al Ejército y enviaría un  mensaje de buena voluntad al mundo. A lo mejor eso ayuda para que la opinión pública crea en la versión de que a los normalistas los calcinaron en el basurero de Cocula y luego sus cenizas fueron tiradas al río San Juan. Habría que comenzar por el pasado para crear una nueva historia y generar más confianza en torno al gobierno.

Ahora por lo pronto, el informe de la Comverdad viene a sumarse a los informes que con anterioridad han dado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado (Femosp) que a pesar que aporten mucha información y recomienden acciones “para que no vuelva a suceder” si al gobierno le importa un bledo al cosas seguirán igual.

Porque si se hubieran acatado las disposiciones de la CNDH, emitidas desde principios de la década pasada, seguramente la masacre de Iguala se habría evitado. Pero este, es el resultado del clima de corrupción e impunidad que impera en nuestro país. Aun no se han cerrado las heridas del pasado y ya se abrió otra.  Desde el 2001 la CNDH recomendó la reparación del daño a los familiares de los desaparecidos en la Guerra Sucia, a 14 años de la recomendación solamente han indemnizado como a 50, hacen faltan más de 450 familias.

Y así el gobierno quiere ganar confianza en la sociedad.