Crónicas del Palacio XXI

Víctor Cardona Galindo

El 27 de noviembre de 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2001 al gobierno de la República, con 532 expedientes de desapariciones en la década de los setentas y principios de los ochentas, de los cuales 275 se pudo demostrar que la desaparición forzada fue ejecutada por servidores públicos del Estado mexicano. De esos solamente 139 han recibido una compensación económica solamente el 51 por ciento de los casos acreditados.

Doña Tita Radilla Martínez lleva más de 40 años exigiendo

 la presentación con vida de su padre Rosendo Radilla

 Pacheco. Es la cabeza principal de la Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas 

de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) que

 se fundó 1978. Foto: Francisco Magaña de Jesús.

En las diversas investigaciones de la CNDH, la Fiscalía Especial y la Comisión de la Verdad se comprobó que en los ataques a la población civil participaron diversas dependencias del Estado, en particular el Ejército Mexicano, la Brigada Especial o Brigada Blanca de la Dirección Federal Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y de Guerrero y la Dirección de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, donde los agraviados fueron retenidos por lapsos prolongados y finalmente desaparecidos.

La con la investigación de la Comisión de la Verdad quedó muy claro que “en caso de la Guerra Sucia que los victimarios fueron las fuerzas armadas del gobierno mexicano, que las órdenes de localizar y exterminar a la guerrilla fue una decisión de Estado, que la gran mayoría de los desaparecidos eran ciudadanos pacíficos, que su desaparición forzada no fueron daños colaterales si no que respondió a una política de Estado diseñada y ejecutada con planes de represión”, dijo Nicomedes Fuentes.

Por esa recomendación de la CNDH se conformó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que dejó de operar en el 2006 sin obtener las sentencias esperadas contra los responsables, generando la impunidad que provoca que delitos como desaparición forzada se sigan cometiendo, y no operó la garantía de no repetición como se demostró en el caso Ayotzinapa.

Ante los nulos resultados de la Fiscalía Especial, los familiares de desaparecidos acudieron ante instancias internacionales. El 15 de marzo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuso una demanda en contra del Estado mexicano, por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Presionado por la opinión pública, el Estado mexicano, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de julio de 2008 llevó a cabo excavaciones, en las instalaciones de lo que fue el 49 Batallón de Infantería.

Antes de escarbar realizaron un escaneo del terreno con un georradar, fue donde se encontraron deformaciones en la tierra donde se hicieron las excavaciones. Se escarbaron alrededor de 400 metros lineales, pero no se encontró nada, los familiares de desaparecidos que estuvieron al pendiente quedaron insatisfechos porque otras áreas quedaron sin investigar.

El 23 de noviembre de 2009 el gobierno mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está obligado a reparar los daños en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.

El 19 de octubre del 2010, a las ocho de la mañana comenzaron las segundas excavaciones en el campo de tiro. Luego el 31 de octubre del 2011 se realizaron las terceras excavaciones en el ex cuartel militar que terminaron el 12 de noviembre. Después se han hecho otras excavaciones sin resultados.

El 17 de noviembre de 2011 el encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez González (acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano y del gobernador Ángel Aguirre Rivero) ofreció disculpas públicamente a la familia Radilla Martínez por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y en la fachada del Palacio Municipal develaron una placa en honor al líder cívico. Aunque en ese acto la familia estuvo ausente.

En junio del 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que los miembros del Ejército que cometan delitos contra civiles sean juzgados por tribunales del fuero común. Concluyó restringir el fuero militar, para cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgadas por tribunales civiles.

Luego el martes 17 de abril de 2012 tomó protesta la Comisión de la Verdad, que investigó las desapariciones forzadas en Guerrero. La integraron: Enrique González Ruíz, María del Pilar Noriega García, Nicomedes Fuentes García, Arquímedes Morales Carranza e Hilda Navarrete Gorjón.

Desde el año 2000 Tita Radilla Martínez comenzó a pedir la formación de una comisión de la verdad con personas moralmente solventes que investigara todo el periodo que se conoce como la Guerra Sucia. Pero fue hasta la formación de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales Asociación Civil (ANLSAC) que se constituyó formalmente, el 25 de marzo de 2004, principalmente con ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Partido de los Pobres que se le dio forma a esa idea.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó la gubernatura del estado con Ángel Aguirre Rivero a la cabeza y un cantidad importante de diputados locales, se formó una comisión tripartita para redactar la iniciativa de ley con miembros del poder ejecutivo, legislativo y sobrevivientes de la Guerra Sucia encabezados por Octaviano Santiago Dionicio, Eloy Cisneros Guillén y Arturo Gallegos Nájera, con ellos se formuló la  Ley número 932 con la que se creó la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setentas del Estado de Guerrero (Comverdad).

La iniciativa fue planteada al pleno por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD Fautino Soto Ramos y una vez legislada dicha Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 23 el martes 20 de Marzo de 2012. Esta Comisión tuvo una vigencia de dos años.

A un día que se anunció la creación de la Comisión de la Verdad y el día que se publicó la ley, el 20 de abril del 2012,  fue asesinado en la ciudad de México al general Mario Arturo Acosta Chaparro quien estaba involucrado en múltiples desapariciones forzadas en el estado de Guerrero.

Durante los 30 meses que operó, los investigadores de la Comverdad sufrieron amenazas de muerte, atentados y saqueos a sus oficinas. La Policía Federal se introdujo a sus oficinas en Acapulco y un proyectil rompió el cristal de sus instalaciones en Chilpancingo. Lo más feo fue el atentado con armas de fuego contra Pilar Noriega García y Nicomedes Fuentes García cuando regresaban de Iguala. Para el colmo de males en el último semestre, el Congreso estatal ya no le entregó presupuesto. Por falta de recursos muchas líneas de investigación quedaron inconclusas.

En su informe final rendido el 15 de octubre de 2014 la Comverdad documentó 515 casos de severas violaciones a los derechos humanos, entre las que están: ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, entre ellas 16 mujeres y una era menor de edad, casos de sobrevivientes de desaparición forzada, que son personas que pasaron largas temporadas en cárceles clandestinas del Ejército y lograron salir con vida, el caso más notable es el de los campesinos de El Quemado.

La Comisión de la Verdad le entregó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expedientes que demostraban esos 515 casos de víctimas de la llamada Guerra Sucia, para que fueran integrados en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) pero hasta la fecha no se sabe qué casos fueron tomados en cuenta y cuales quedaron fuera.

En el caso dar con el paradero de los desaparecidos aún después de la recomendación de la CNDH, de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial, del seguimiento que ha llevado la Coordinación de Investigación de la PGR y aun con las indagaciones de la Comisión de la Verdad nada sabemos de lo que pasó con los desaparecidos. No hay para cuando sepa la verdad.

Hace poco se formó el Comité General Representativo de Víctimas de la Guerra Sucia, en el que están representados siete comités, menos el que encabeza Eleazar Peralta Santiago. En su momento Tita Radilla dijo este comité se integró para acreditar los casos que faltan. Porque se tienen que contemplar todos los casos que tienen una queja o denuncia. “Todos los casos que ocurrieron”. También los ex comisionados de la verdad y algunas víctimas se constituyeron en un comité de seguimiento al complimiento de la recomendación de dicha comisión.

La denuncia en el ámbito nacional y a nivel internacional de la Afadem de Tita Radilla y del Comité Eureka de Rosario Ibarra es intenso, sin embargo no hay resultados ni avances en la investigación.

La CNDH recibió 532 quejas de las cuales únicamente acreditó 275. La Fiscalía Especial que recibió 800 denuncias y encontró 788 casos de desaparición forzada en el país, pero no está claro cuantas acreditó. Más las denuncias que se han acumulado desde 2005 a la fecha ante la PGR no se sabe cuántas denuncias se han presentado exactamente y seguirán apareciendo casos en la medida que se avance el proceso de reparación.

Como parte de la reparación se toma en cuenta la salud física y mental. Para ello en algún momento se convino con la Secretaría de Salud federal atención gratuita para los descendientes de las víctimas y se repartieron tarjetas de salud. En el caso del Afadem le daba seguimiento a 120 casos y las tarjetas se les entregaron a todos los familiares directos de la víctima.

Siguiendo los pasos al proceso de reparación el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón presentó el lunes 11 de febrero pasado en Atoyac un programa piloto para la reparación del daño a las víctimas de violencia política durante la Guerra Sucia, que comenzará en El Quemado.

Antes de la presentación del programa habitantes de El Quemado marcharon porque se les canceló una audiencia privada con funcionarios federales de la CEAV. Un grupo de funcionarios de dicha comisión los recibió en el hotel México.

A la presentación del programa piloto, en el gimnasio municipal, acudieron el gobernador Héctor Astudillo Flores, la alcaldesa Yanelly Hernández Martínez y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava.

El programa que se aplicará en el poblado incluye no sólo la reparación del daño de manera económica, sino que se busca rescatar la memoria histórica como parte integral del proceso. Por eso habrá talleres de capacitación, impulso al desarrollo productivo de la comunidad con una procesadora de mango, un documental, un memorial y un libro.

El ex comisionado de la verdad Nicomedes Fuentes García dijo que han esperado más de 40 años, la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y medidas de no repetición, para evitar que hechos como éstos se vuelvan a dar. Exigió que se tomen en cuenta a todos los 515 casos acreditados por la Comisión de la Verdad y que se les integre al registro oficial.

En ese acto al hacer uso de la palabra la alcaldesa Yanelly Hernández Martínez dijo que nuestro municipio es un pueblo muy lastimado por los hechos ocurridos en las décadas de los sesentas y setentas del siglo pasado. Hechos que en otras latitudes se conocen como Terrorismo de Estado o como Guerra de Baja Intensidad. Nosotros los conocemos como Guerra Sucia. Y hemos tratado a numerosas víctimas de esa Guerra Sucia a hombres y mujeres que todavía viven las secuelas de esos actos represivos.

“A muchos de nosotros por nuestra juventud no nos tocó vivir esa época, pero la conocemos por la boca de nuestros padres y de nuestros abuelos que si vivieron aquellos momentos de zozobra, de cuando se violentó el Estado de Derechos y toda ley fue nula. Cuando todas las leyes fueron vulneradas.

Esos recuerdos duelen y cada vez que se les da largas a la reparación del daño se le echa más limón a la herida. Por eso desde éste gobierno plural y democrático, que encabezo, hacemos votos para que estos hechos nunca vuelvan a repetirse, que nunca más el gobierno Central vulnere el derecho de la gente y nunca más trasgreda la paz y la tranquilidad a la que tenemos derecho.

Desde aquí, desde Atoyac, donde está el pueblo más lastimado por La Guerra Sucia, hacemos votos para que cuanto antes podamos cerrar éste capítulo negro de nuestra historia. Necesitamos cerrar ésta herida abierta, para que nuestro pueblo pueda caminar en la ruta de la paz, la armonía y el progreso”.