21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur(OCSS), vigésima primera y última parte.

Para Layo Mesino, con el firme deseo que su salud mejore.

Víctor Cardona Galindo

El 17 de julio de 1995 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó la intervención, en el caso Aguas Blancas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La investigación quedó integrada en el expediente 11.520. El 26 de julio esa instancia internacional trasmitió al gobierno mexicano las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó información sobre los hechos denunciados. La CIDH recibió información complementaria de las dos partes y realizó una audiencia el 21 de febrero de 1996.

La Comisión solicitó al Estado mexicano, el 24 de enero de 1996, se tomaran las medidas cautelares que fueran necesarias para proteger la vida e integridad física de los familiares de las víctimas, y de todos los testigos de la masacre de Aguas Blancas, principalmente de Virgilia Galeana García, quien denunció ante los medios de comunicación que vio en el vado de Aguas Blancas, después de la masacre, al general Mario Arturo Acosta Chaparro.

Una comisión de la CIDH visitó nuestro país, el 24 julio de 1996, para recabar información del caso, pudo observar el lugar donde ocurrieron los hechos; platicó con familiares, testigos y víctimas, quienes narraron sus experiencias en el transcurso y después de la masacre de Aguas Blancas.

Gilberto Romero Vázquez desapareció el 24 de junio

 de 1995, después de que asistió a cambiar un giro 

telegráfico, se le vio por última vez en el zócalo

 de Atoyac, lleva 20 años desaparecido.

Foto: cortesía de la familia Romero Mazón.

Motivada por la información que recabó de los testigos, el 24 de octubre de 1997 la CIDH emitió las siguientes recomendaciones: primero “completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos descritos en el presente Informe, ocurridos en fecha 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 23 de abril de 1996”.

Segundo “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Tercero “otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas; y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los referidos hechos de Aguas Blancas”.

Cuarto “adoptar las medidas que sean necesarias, para que se dicte a la brevedad posible la legislación reglamentaria del artículo 21 de la Constitución mexicana, a fin de hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.

El 18 de febrero de 1998 en el Informe número 49/97, la CIDH argumentó que el Estado mexicano no ha tomado las medidas adecuadas para cumplir con las recomendaciones hechas por ese organismo, y agregó: “La Comisión concluyó que las investigaciones realizadas por el Estado a los fines de juzgar y sancionar a los responsables de la llamada ‘masacre de Aguas Blancas’ no se han practicado con la seriedad necesaria en los términos exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  

Como dije antes, la CIDH pedía apegarse a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó: “Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca, estado de Guerrero, y en los posteriores relacionados con los primeros”, y que “de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-Primer Subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex-Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex-Director General de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero”.

Gilberto Romero Vázquez el día que contrajo

 matrimonio con María Mazón en la parroquia 

Santa María de la Asunción en Atoyac de Álvarez. 

Foto: cortesía de la familia Romero Mazón.

Ante la visita realizada por la CIDH a nuestro país, en julio de 2001, con motivo de las audiencias de seguimiento a las recomendaciones, los representantes de las víctimas determinaron interponer una nueva denuncia penal, ante la PGR, contra los responsables de la masacre, ateniéndose al compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de servir como interlocutores ante la PGR. Así, se presentaron ante la PGR las denuncias penales que se encuentran en las Averiguaciones Previas 423/A1/2001 y 163/A2/2002. El gobierno federal determinó finalmente que fuera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) quien se hiciera cargo de las investigaciones, misma que fue encabezada por Ignacio Carrillo Prieto y desapareció en el 2007, sin que haya arrojado resultados satisfactorios en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

Durante su campaña electoral Vicente Fox habló de justicia en el caso de Aguas Blancas, pero cuando ya era presidente nada hizo, a pesar de la insistencia de las víctimas. Fue octubre del 2001, que retomando las recomendaciones de la CIDH, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez denunciaron y ratificaron ante la PGR la demanda de justicia por la masacre de Aguas Blancas. El expediente fue turnado a la delegación de la PGR en Guerrero, pero no se hizo nada. El 25 de febrero de 2002 se solicitó a la PGR trasladar el caso al Distrito Federal, pues en Guerrero seguía sin haber condiciones de imparcialidad por estar presente aún el poder de Rubén Figueroa Alcocer. La PGR negó el traslado del caso, argumentando que era imposible llevar en la ciudad de México cualquier otro asunto del país.

Por eso aun hay tres averiguaciones previas detenidas en la PGR, una interpuesta en octubre de 2001 por Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores con el número 423/A1/2001, otra puesta por familiares de las víctimas en abril de 2002 con el número 163/A2/2002, y en julio de 2002 María de la Luz Núñez Ramos, presentó otra ante la Femospp y el número de expediente fue PGR/FEMOSOPP/016/2002. Al desaparecer la Fiscalía especial en el 2007, ese expediente para el 2008, era el número A.P./SIEDF/CGI/263/2007 y se encontraba radicado en la Dirección General de Procesos Penales de la misma PGR.

María de la Luz siempre sostuvo que la masacre fue preparada con antelación con mucha premeditación, alevosía y ventaja, uno de los ejemplos que puso fue que el 28 de junio se dio la orden de concentrar todo el personal del hospital general de Atoyac. “Los empleados y médicos del Hospital fueron advertidos y emplazados a mantenerse en guardia pues podía ocurrir una masacre”, escribió María de la Luz Núñez Ramos en su libro Palabra de mujer. La verdad sobre Aguas Blancas y otros textos.

Este año 2015 sobrevivientes y familiares de Aguas Blancas pidieron al gobierno federal dé atención a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se indemnice a quienes fueron afectados hace “más de 20 años y no se ha cumplido”.
Acudieron a la redacción de El Sur. Mauro Hernández Lozano el chofer que conducía la camioneta azul que fue atacada a balazos por policías del estado aquel 28 de junio de 1995, dijo: “nos han dado poco, pero el gobierno federal no nos ha dado nada, lo que nos ha dado es el gobierno del estado” y no han castigado a los culpables.

“Queremos que el gobierno federal acate la recomendación de la CIDH, ya que estamos esperando que atienda a los sobrevivientes, viudas y madres de las personas que fueron asesinadas, porque no es posible que a 20 años no cumplan”.

“Ahorita estamos juntos porque si lo hacemos separados no vamos agarrar nada, por eso estamos los sobrevivientes, viudas y la madre de los caídos, porque creemos que el gobierno federal no ha tenido voluntad para que el caso se resuelva”.

Hernández Lozano detalló que el caso de Aguas Blancas sigue vigente porque no han cumplido nada de la recomendación, y lo “que nos han dado ha sido puras limosnas, aquí los que se han beneficiado son los líderes que han estado desde que ocurrieron los hechos (…)
 para los sobrevivientes ha sido pura limosna, queremos que se acabe de esto y que los culpables, el gobierno tiene la obligación de enjuiciarlos, y se pague conforme a derecho”.
“Nosotros los sobrevivientes no tenemos la vida comprada ya han muerto varios, por eso es que estamos esperando la indemnización para los 29 personas que seguimos vivas, porque han muerto tres personas esperando que las autoridades hagan justicia pera nunca llegó, ellos ya se fueron y nunca vieron una solución de las autoridades”.

Explicó que, el día que fueron asesinados los campesinos él iba conduciendo la camioneta que fue atacada, que él recibió impactos de bala en la mano cuando la saco para pedir que no siguieran disparando, “yo traía toda la gente, por eso es que queremos que las autoridades tomen más cuidado en este tema y que se haga justicia”.

De lo ocurrido aquel 28 de junio y de lo que vino después ha quedado un mal sabor de boca. Nunca se investigó lo relacionado con la reunión del 26 de junio en un salón del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, la cual reconocieron públicamente algunos como el coordinador de asesores, Jorge Leipen Garay y el magistrado del Distrito Federal Edgar Elías Azar, quien dijo: “me siento con la conciencia tranquila” y en una entrevista con El Financiero también declaró “Ya me arrepentí de haber ido, yo fui a visitar a mi amigo, no al gobernador”.

El general Mario Arturo Acosta Chaparro, nunca fue investigado por este caso, murió en la impunidad, a pesar de haber sido señalado como uno de los participantes en la reunión previa del 26 de junio, en el Palacio de Gobierno, donde se planificó la masacre. Estuvo en la cárcel acusado de vínculos con el narcotráfico, pero luego de salir libre, el 23 de abril de 2008, al retirarse del Ejército fue homenajeado junto a otros militares por su patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones. Luego fue asesinado el 20 de abril del 2012, un solitario tirador le pegó tres tiros de 9 milímetros, allá en la Ciudad de México.

Luego el gobierno pagó mal a los ex agentes policiacos que estuvieron en prisión, por el caso de Aguas Blancas, ya en libertad fueron despedidos de la corporación el 2005, durante el mandato de Zeferino Torreblanca Galindo, por eso interpusieron una demanda por despido injustificado en contra de las autoridades estatales. El comandante Ignacio Benítez Carbajal y 11 policías más tuvieron que plantarse e instarse en huelga de hambre, afuera de Casa Guerrero en Chilpancingo, para exigir al gobierno estatal les entregara las liquidaciones que por ley les correspondían.

El director del hospital de Atoyac que recibió la orden, un día antes de la masacre, de tener preparado todo para recoger heridos, Francisco Mercado Ríos, fue asesinado el 31 de julio de 1996, en su clínica privada de Tecpan de Galeana con disparos de una pistola calibre 9 milímetros.

En  la historia del movimiento, la coordinadora Suriana por la Paz y la democracia fundada el 23 julio de 1995, murió de inanición. El 12 de julio de ese mismo año se constituyó la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) que se integró al Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), luego OCSS se dividió: una parte se quedó con la estructura de Atoyac encabezada por Hilario Mesino y otra con Coyuca de Benítez encabezada por Benigno Guzmán. Nadie supo decir cuáles fueron las causas de la división y las fracciones siguen marchando por rutas diferentes.

María Mazón informó, en una carta a El Sur el 17 de diciembre de 2002, que la CNDH después de darle largas a la investigación concluyó que su esposo se había ido con otra mujer, nada más inverosímil, porque Gilberto Romero Vázquez era muy responsable y dejó solos a sus siete hijos: Matha de 16, Elías de 13, Nahí de 10, Noemí de 9, Lizet de 6, Gabriela de 4, y Luis Gilberto Romero Mazón de siete meses. Mientras que por la masacre de Aguas Blancas quedaron 42 niños huérfanos. En lugar de los hechos mucho tiempo los carros le sacaron la vuelta a una cruz hecha con dos varas que estuvo colocada en medio de la carretera. Y Paula Mendoza Téllez conservó el sombrero de su esposo Francisco Rogel Gervasio, que tenía la perforación de la bala que le dio en la cabeza.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), vigésima parte.

Víctor Cardona Galindo

De los 53 servidores públicos, entre policías, agentes del Ministerio Público, peritos y funcionarios de nivel medio del gobierno del estado que fueron consignados por su responsabilidad en la masacre de 17 campesinos o en el desvío de las investigaciones, sólo estuvieron en prisión cuatro funcionarios y 28 policías motorizados. Según diversos testimonios los policías que aparecen disparando en el video no pisaron la cárcel.

Fueron procesados por abuso de autoridad, homicidio y lesiones, el director operativo de la Policía del Estado, Manuel Moreno González y 28 policías, entre ellos los comandantes Lorenzo Roque Cortés y Francisco Sandoval Medina. Dos motorizados más Fidel Apolonio Ceferino y Policarpo Mendoza Tenorio no fueron aprehendidos.

Mientras tanto, por homicidio, lesiones, ejercicio indebido y abandono del servicio público e hipótesis de ocultar información de la que tenga conocimiento, fueron procesados el primer subprocurador, Rodolfo Sotomayor Espino; el director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos; el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana y, de nuevo Manuel Moreno González.

Carlos Mesino Mesino al micrófono, Hilario Mesino 

Acosta y Rocío Mesino Mesino, durante el mitin del 

44 aniversario de la masacre del 18 de mayo de 1967, 

en esta fecha pero del 2011. Foto: Víctor Cardona Galindo.

Asimismo, sólo por ejercicio indebido y abandono del servicio público fueron procesados el subsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos; el agente del Ministerio Público, Adrián Vega Cornejo; la agente determinadora del Ministerio Público, Francisca Flores Rizo; el agente del Ministerio Público, Elías Reachi Sandoval; el delegado regional de la Procuraduría, Javier Reyes Grande; el agente del Ministerio Público comisionado, José María Alcaraz López; los agentes auxiliares del Ministerio Público, Gildardo López Reyes, Jorge Rafael López Serrano y José Antonio Clavel Díaz, y el jefe del departamento de servicios periciales, Francisco de Paula Ricart Álvarez, así como cinco peritos más, dos agentes de gobernación y la directora de averiguaciones previas Blanca María del Rocío Estrada.

También hubo orden de aprehensión en contra del agente de Gobernación, Armando Nieto Espita, por homicidio, lesiones y abuso de autoridad, pero no hay información de que lo hayan aprehendido. Todos relacionados con la causa penal 3-2/996 que se abrió en el Tercer Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Acapulco.

Pronto el 12 de julio de 1996 quedó en libertad Gustavo Martínez Galeana, el delegado de gobernación que grabó el video de la matanza. Luego que fue amparado contra el auto de formal prisión, el juez Adolfo Van Meeter Roque, lo absolvió por los delitos de homicidio y lesiones, y sólo fue procesado por ejercicio indebido del servicio público, por eso pudo salir de la cárcel bajo fianza. Cinco meses después el 16 de diciembre de 1996 el juez dictó auto de libertad  a la agente del Ministerio Público de Coyuca de Benítez, Francisca Flores Rizo, al agente de gobernación Olimpo Soberanis Méndez y al perito Alfonso Alonso Piedra, por falta de elementos para procesar.

El viernes 11 de julio de 1997 el juez dictó la mayoría de las sentencias. “El ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos y el ex director operativo de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, fueron condenados a 26 años y 6 meses de prisión y 28 ex policías a 24 años, como responsables de homicidio de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, de lesiones a 20, así como de los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”, nos recuerda Maribel Gutiérrez.

El ex subsecretario de Protección y Transito, Rosendo Armijo de los Santos, fue sentenciado a cinco años de prisión por el ejercicio indebido y abandono del servicio público. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado: Gonzalo Barrera Abarca, Rafaela Cruz Suástegui, Juan Olea Ventura, Carlos Gruintal Santos y el agente de Gobernación que grabó el video Gustavo Martínez Galeana fueron considerados culpables de ejercicio indebido del servicio público en la hipótesis de ocultar información y condenados a tres años y tres meses de prisión. El ex agente de Gobernación estatal, Ramiro Orlando Soberanis Moreno, fue sentenciado a 8 meses de cárcel, por falsedad de declaraciones ante la autoridad.

El ex fiscal especial Adrián Venga Cornejo y el agente auxiliar del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, no fueron encontrados culpables del ejercicio indebido del servicio público del que los acusó la fiscalía, por ello el juez ordenó su inmediata libertad.

Los policías motorizados se inconformaron con las sentencias y amenazaron con decir toda la verdad si no los sacaban de inmediato, denunciaron que los abogados, que les puso el gobierno del estado, “estaban manejados desde arriba”, y que todo estaba manipulado, por el gobierno que no los había dejado poner sus defensores particulares.

El ex policía Hermilo Tacuba Alonso dijo: “No sabemos hasta dónde quiere llegar el gobierno con nosotros. El gobierno sabe quiénes fueron los culpables, y él es el que nos metió a nosotros en esto. No nos tomaron la prueba de Harrison, nada más nos dijeron tú y tú te vas. Algunos no estuvieron en el lugar de los hechos, y muchos sí estuvieron. El gobierno siempre pensó que esto era fácil, a nosotros siempre nos trató de lavar el coco, de engañarnos”, se lee en el libro Violencia en Guerrero.

Las nuevas declaraciones de los policías, que no fueron tomadas en cuenta, coincidían con los primeros testimonios de los sobrevivientes. Los motorizados dijeron que “cuando los encarcelaron les prometieron que sólo estarían en prisión hasta diciembre de 1995, ‘sólo cinco o seis meses’, ‘solo para taparle el ojo al macho’, y les pidieron que lo tomaran ‘como un servicio’”.

El 13 de junio de 1997, en la cárcel de Acapulco, mediante un vocero diez de los policías afirmaron “que en la operación policiaca del 28 de junio de 1995 para detener a un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que se dirigía a una manifestación a Atoyac, participaron 480 efectivos de la policía motorizada, antimotines y judicial del estado, y no sólo 30 de la motorizada como dice en todos los expedientes oficiales”.

“Para ser más específicos eran 30 comandantes con 10 elementos bajo su mando cada uno, 7 grupos de policías judiciales y 2 camiones con antimotines, incluso un helicóptero que llegó después del accidente de donde bajaron Héctor Vicario Castrejón, Rubén Robles Catalán y Rosendo Armijo de los Santos”. Y se reafirmó que fueron elementos de la policía motorizada los que comenzaron a disparar.

Afirmaron que “el entonces subsecretario de Protección y Tránsito del Estado, Rosendo Armijo de los Santos, habló directamente con ellos para hacerles la propuesta, ‘por órdenes del gobernador Rubén Figueroa’ para que aceptaran declararse culpables: ‘Nos metieron a un cuarto, y luego llegó Rosendo Armijo, y nos dijo que nos iba a presentar como culpables a los diez, por órdenes de arriba, porque era necesario proteger a los meros meros”.

“Que nos iban a tratar bien en el Cereso, que nos iban a dar casa, apoyos económicos, becas para nuestros familiares y que en diciembre de 1995 a más tardar estaríamos liberados, que lo tomáramos como un servicios”. Ninguna promesa se cumplió. Por el contrario, en enero de 1996 fueron encarcelados 18 motorizados más, a quienes el gobierno de Figueroa hizo ofrecimientos similares, y dicen que tampoco son los que dispararon contra los campesinos”.

Los abogados de los policías argumentaron que algunos de los que estuvieron en la matanza de Aguas Blancas días antes habían participado en el enfrentamiento ocurrido, el 8 de junio de 1995, con presuntos narcotraficantes en Real de Guadalupe, en la sierra de Vallecitos, municipio de José Azueta, donde murieron cuatro policías y tres presuntos delincuentes.

El 26 de noviembre de 1997, el Tribunal Superior de Justicia del Estado redujo la condena fijada por el juez de 24 a 18 años de prisión para los 28 policías y de 26 años y medio a 19 años para dos ex funcionarios del gobierno del estado. Asimismo que “no ha lugar” a condenar a ninguno de los sentenciados al pago de la reparación del daño a los deudos de los 17 campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 y a 20 campesinos heridos, porque “en actuaciones del proceso que se les siguió no hay constancia que demuestres la cuantía de ello”.

Dos años más tarde, en abril de 1999, fueron liberados 15 de los 28 policías motorizados que estaban presos por el homicidio de los 17 campesinos y también salió el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el funcionario de mayor rango que había sido encarcelado. Y después de cinco años y ocho meses de prisión recuperó su libertad el mayor Manuel Moreno González, quien fue sentenciado a 19 años de prisión, salió el 24 de agosto de 2001. Había ingresado al penal el 10 de enero de 1996.

Mientras el ex comandante de la Policía Motorizada, Ignacio Benítez Carbajal, condenado a 18 años de cárcel por la masacre de Aguas Blancas, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se reabriera la investigación “para que se esclarezcan debidamente los hechos y se castigue a los verdaderos responsables”, y para que el gobierno de Guerrero le concediera el beneficio de la preliberación.

En un documento que envió a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, Benítez Carbajal reveló que para condenar a los policías como responsables de la masacre se utilizaron pruebas de Harrison simuladas, que realmente no se practicaron. También expuso que los policías que aparecen disparando en el video de la masacre no fueron juzgados.

Benítez Carbajal expuso su participación el 28 de junio de 1995: “Por instrucciones superiores se me ordenó que me trasladara a ese lugar con mis elementos para realizar un operativo policiaco de despistolización, más nunca se me informó que el operativo tenía como finalidad detener a los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Tepetixtla, Guerrero, para evitar que se manifestaran en la población de Atoyac de Álvarez”.

El documento fue entregado a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), el 18 de enero 2002, con el fin de que el ombudsman, Juan Alarcón Hernández, lo remitiera a la CNDH. Ahí firmaba que no habían sido castigados los verdaderos responsables, y pedía “que se practiquen las pruebas periciales correspondientes para acreditar que las personas que aparecen disparando en contra de los campesinos en la videofilmación que obra agregada a la causa penal, son distintos a los policías que fueron consignados. Sin embargo, por causas por demás injustificables se les otorgó la más completa impunidad, ya que ni siquiera fueron citados por el agente del Ministerio Público para que rindieran su declaración con relación a esos hechos”.

Ignacio Benítez Carbajal, se instaló en huelga de hambre en el penal de Chilpancingo, el lunes 21 enero 2002 a las 10 de la mañana, en demanda de su preliberación y la reapertura de la investigación.  Luego sin que se hiciera pública su excarcelación salió libre el 9 de octubre 2003 a las 9 de la noche, que se sumó a la liberación en las mismas condiciones, el 11 de septiembre y el 9 de octubre, de seis policías motorizados recluidos en el penal de Acapulco. El 20 de octubre de 2003 por la noche, el Gobierno del estado emitió un boletín para explicar el motivo de la liberación de siete acusados de la masacre de Aguas Blancas.

El documento indicaba que el Consejo Técnico Interdisciplinario de Readaptación Social concedió la libertad anticipada el 11 de septiembre a: Alfonso Díaz Jiménez, Omar Figueroa Meza e Irineo Gatica Rosario; y el 9 de octubre a Hermilo Tacuba Alonso, José Manuel Rodríguez Pino, Dustano Vargas Hernández e Ignacio Benítez Carbajal, quienes “reunían los requisitos para la libertad anticipada”, al cumplir 45 por ciento de la sentencia a 18 años que les fue impuesta.

Al final únicamente quedaban seis policías y el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos          quien, junto a los motorizados Benito Cruz Hernández, Martín Chávez Castro, Jesús Medina Mora, Alberto Navarrete Nava, Eladio Piedra Orozco y Marco Antonio Villamar Arguello, realizaron en noviembre de 2003 una huelga de hambre en demanda de su excarcelación. Dos años después obtuvo su libertad el 5 de octubre de 2005, Mendoza Ramos pasó encarcelado nueve años. Los policías también salieron libres.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), diecinueveava parte.

Víctor Cardona Galindo

Retomando el hilo de nuestra cronología sobre el caso Aguas Blancas, las indagaciones de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) concluyeron el primero de abril de 1996, veinticinco días de investigación que comenzaron el 6 de marzo, en ese tiempo, los ministros hicieron la reconstrucción de los hechos en el vado de Aguas Blancas, entrevistaron a testigos y al mismo Rubén Figueroa Alcocer, recibieron las pruebas aportadas por el PRD e incorporaron el testimonio de la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, que fue fundamental en la investigación.

Los magistrados recopilaron toda la información que se ventiló en los medios de comunicación, incluyendo las fotos de El Sol de Acapulco, donde se muestra que se plantaron las armas en las manos de los campesinos masacrados. El resultado de su investigación fue el expediente 3/96 integrado por 156 fojas.

Manta que los jóvenes militantes de la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) colocaron en 

el kiosco de Atoyac para recordar los dos años de la 

muerte de Rocío Mesino Mesino. Foto Víctor Cardona 

Galindo.

Mientras el proceso a los 43 servidores públicos implicados por el caso Aguas Blancas continuaba. El 12 de abril, cuando se presentaron para ampliar sus declaración al Jugado penal de Acapulco, Rosendo Armijo de los Santos, culpó al mayor Manuel Moreno González quien estuvo al frente de la operación aquel 28 de junio. Elías Reachi Sandoval dijo que “‘alguien sembró las armas’, porque cuando nosotros llegamos ya estaban en manos de los campesinos”.

Días después, el 19 de abril, el perito en balística, Alfonso Alonso Piedra dijo que 12 de las armas encontradas, habían sido accionadas. Algo que se contradijo con la investigación de la fiscalía que concluyó que cuatro de las 12 armas que presuntamente se recogieron en el lugar “no funcionaban adecuadamente”. Declaró que no recogió, de esas armas, ni un casquillo de bala a pesar de que rastrearon el lugar. La también perito Rafaela Cruz Suástegui señaló “levantamos los cadáveres los cuales tenían armas”. Se notó que los declarantes estaban aleccionados para coincidir en las versiones y así evadir su responsabilidad. Todos negaron haber ocultado información y haber manipulado la escena del crimen.

El 22 de abril se supo que las versiones del video filmado en Aguas Blancas y dadas a conocer por el gobierno del estado y por Televisa omitieron escenas del multihomicidio, porque el original tiene una duración de 20 a 25 minutos, eso declaró a los medios de comunicación el agente de gobernación Gustavo Martínez Galeana quien entregó el video con todo y cámara a su jefe Esteban Mendoza Ramos.

Aunque el contenido del informe de la Suprema Corte de la Nación se filtró días antes, fue el martes 24 de abril cuando se dio a conocer públicamente. Aquí los ministros plantearon: “No hay justificación legal para la existencia de retenes que impidan el libre tránsito en caminos en donde transita lícitamente la población en transporte público. No había ordenes de aprehensión para detener a alguna o algunas personas de entre los manifestantes, aun cuando el gobernador afirmara en medio televisivo lo contrario. No hay justificación para hacer descender el pasaje de un camión y registrarlo. No es entendible el gran despliegue de elementos armados en los caminos del estado bajo el pretexto de ‘dialogar’ con algunas personas descontentas, y no contra el gobierno del estado, sino en contra de un Ayuntamiento. No se entiende la razón para escoger elementos policiales sensibilizados por anteriores ataques de apenas unos días –lo cual los descalificaba-, y que debe entenderse se encontraban llenos de rencor”, recogió Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero.

Otra irregularidad que se encontró durante este suceso fue la autoridad que el Congreso Local delegó en el fiscal especial, constituyéndolo “como un verdadero procurador, distinto del Constitucional, autónomo del Constitucional, y diversificado del Constitucional... Creando así, un órgano ambiguo y difuso que alejó la averiguación y los correspondientes procesamientos de su cauce constitucional, y de este modo imperó el capricho y la improvisación”, dice el informe.

En informe de la SCJN se sumó a la prueba irrefutable del video, donde se comprobó que los campesinos acribillados no portaban armas y de que muchos de ellos ni siquiera iban al mitin ni mantenían relación con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, “y con la manipulación de las pesquisas del caso Aguas Blancas, denunciada tanto por la sociedad civil como por los grupos internacionales, así como por los grupos políticos; fue lo que condujo decisivamente a la caída de un gobernador que volvió a reiniciar el círculo trágico que históricamente ha predominado en el escenario político guerrerense”, dice Gabriel Alfonso Castillo Leyva y coautores, en la tesis Inestabilidad Política en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto, en referencia a que en nuestro estado la mayoría de los gobernadores no terminan su mandato.

Veinte años después de la matanza el ejecutivo federal no ha atendido la recomendación del expediente 3/93 elaborado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, quienes atribuyeron “la mayor responsabilidad” de esos hechos al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
En la resolución que emitieron el 12 de abril de 1996 y que fue entregada por la Corte al presidente Zedillo, establecen que la mayor responsabilidad recae en el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el “imprudente” manejo de una cuestión sumamente delicada, al poner en manos “inadecuadas” conflictos tan destacados, y porque, después de los hechos, actuó como “grupúsculo detentador del poder al que había que conservar, aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.
Los ministros sostienen la tesis de que hubo un provocador infiltrado que “al bajar del segundo camión disparó para excitar la reacción de los policías, y que después fue protegido por algunos de éstos para su ocultamiento y evitar ser lesionado o detenido”.
Como dije antes la investigación alterna de la SCJN se realizó cuando ya estaban sujetas a proceso penal 43 personas como probables responsables de los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, y luego de que –se argumenta en el expediente- “subsiste en la comunidad nacional un sentimiento de preocupación por el cabal esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus consecuencias conforme a la Ley”.
A los ministros llamó la atención que Rosendo Armijo de los Santos encargado de supervisar el operativo, persona de la total confianza del gobernador, simplemente no se presentó en el lugar y después argumentó que esta comisión se debió a que el día de los hechos su esposa estaba gravemente enferma de cáncer y le era absolutamente necesario atenderla.

Al hablar del momento de la masacre, dicen que: “El fuego es tan devastador que produce un número desorbitado de muertos y heridos y una cosa es bien clara y queda de manifiesto: sólo dos policías son heridos de menor gravedad por armas cortantes, mientras que todos los muertos y heridos eran pasajeros y fueron tocados por armas de fuego”.

Según los ministros, todas las personas que entrevistaron coincidieron en señalar que los policías actuaron “compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos, puesto que no consta que respondieran a un ataque con armas de fuego contra ellos”.

Los ministros ponen especial atención en tres detalles que pudieron marcar el inicio de la matanza, un disparo inaudible en la grabación, desde la parte posterior de la camioneta azul, hecho por una persona desconocida que no puede identificarse si era civil o policía, otro disparo o explosión no bien identificado que produce “abundante humo blanco”, que tampoco se aprecia quién lo hace; y de acuerdo con la versión oficial, dos machetazos que provocaron heridas leves en dos policías por los supuestos miembros de la OCSS.

Pero insisten en su tesis del “infiltrado provocador”, y el texto dice: “Los policías del llamado retén esperaban la señal de la explosión, pues prácticamente todos empezaron a disparar al unísono”. Aseguran que en las entrevistas con los distintos actores, muchos de éstos les mencionaron que en el segundo camión estaba “infiltrado un provocador” que al bajar del mismo disparó para incitar la reacción de los policías, y que después fue protegido por los mismos agentes para su ocultamiento y evitar que fuera lesionado o detenido.

En el expediente 3/96 elaborado por los ministros, señalan que después de la matanza, el gobernador mandó al secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y al director de Comunicación Social, Carlos Carrillo Santillán, “no a investigar y a exigir responsabilidades, sino aparentemente a ocultarlos y a crear confusión informativa”.

Y en ese sentido mencionan que “hubo manejo especial de los hechos por las altas autoridades del estado para disculpar a éste de los sangrientos acontecimientos, cuando hubiese sido más sencillo reconocer los excesos de sus enviados y de los policías que los acompañaron en una misión pacífica de convencimiento, mostrar íntegramente la videograbación y evitar todo ocultamiento y engaño, y no optar como lo hizo, tratar de protegerlos como si existiera un compromiso delincuencial”.

Castro y Castro y Román Palacios concluyen, también, que “hubo negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del estado, de funcionarios menores y de policías incompetentes”.

Sostienen que “en esta tesitura, la mayor responsabilidad para el gobernador del estado se finca en el imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada, dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes y la de poner en manos inadecuadas conflictos tan destacados; no atendió el conflicto por conducto del secretario general de Gobierno o el procurador, suponiendo que por sus ocupaciones él no pudiese desplazarse personalmente, sino que lo ordenó a un inferior, quien a su vez lo ordenó a un comandante de la Policía Motorizada”.
En otra de sus conclusiones establecen que “en el Vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de 17 campesinos y se causaron heridas a 25 más y aun así no hay evidencia de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad; como mandatario de los habitantes de la entidad, más bien actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.

“Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador General de Justicia, y secretario general de Gobierno. Además de los restantes funcionarios consignados, porque actuaron como cultivadores del engaño; la maquinación y la ocultación, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas”.

Refieren que es allí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana “la persistencia en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.

Han pasado 20 años después de la matanza de los campesinos de la OCSS, el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario de Gobierno Rubén Robles Catalán, ejecutado el 6 de julio de 2005 afuera del hotel Mirador en Acapulco, y el procurador Antonio Alcocer Salazar, no fueron procesados, a pesar de que los resultados de la investigación de los magistrados les implicaron responsabilidades, el informe fue entregado al presidente Ernesto Zedillo y en el Congreso de la Unión se dieron acaloradas discusiones, por la propuesta de los partidos de oposición de realizar un juicio político a Figueroa.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), dieciochoava parte.

Víctor Cardona Galindo

Con el apoyo de organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, Rocío Mesino viajó a Europa para denunciar la impunidad del genocidio cometido en Aguas Blancas, visitó varios países donde dio a conocer las condiciones en que viven los campesinos de Guerrero, los casos de desaparición forzada que han quedado sin castigo a los responsables. Estas denuncias motivaron que Amnistía Internacional (AI) enviara una recomendación al gobierno de México sobre las violaciones sistemáticas a las garantías individuales de campesinos y luchadores sociales de nuestro país.

El 19 de enero de 2003 fue detenido por la Procuraduría de Justicia del Estado su hermano Miguel Ángel Mesino Mesino, en el mercado El Parazal de Acapulco, ante tal acción gubernamental la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se movilizó e inició una lucha jurídica para demostrar su inocencia, por su parte Miguel Ángel y otros presos de conciencia recluidos en el penal de Chilpancingo, entre los que se encontraba Tomas de Jesús Barranco, realizaron una huelga de hambre y mujeres de la OCSS se plantaron y ayunaron frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo.

Rocío Mesino Mesino en la tumba de Carlos Marx 

en el cementerio de Highgate ubicado al norte de

 Londres, Inglaterra, durante la visita que hizo a ese

 país denunciando los hechos de Aguas Blancas, la 

acompañan sus traductores, y en la tumba se lee la 

frase en inglés “Trabajadores de todos los países unios”.

Foto cortesía de la familia Mesino.

Miguel Ángel Mesino, obtuvo su libertad por falta de pruebas. Se demostró que la procuraduría le fabricó una denuncia y lo acusó del homicidio de su primo Ramiro Mesino Galicia quien fue asesinado en la comunidad de El Escorpión el 13 de noviembre de 1996. A un año de su detención Miguel Ángel, fue liberado porque los denunciantes puestos por el Ministerio Público no existían.

Posteriormente al salir en libertad Miguel Ángel, con su expediente limpio que lo declaraba inocente, se integró a la lucha social, pero luego fue asesinado el 18 de septiembre del 2005, en el centro de la cabecera municipal de Atoyac, precisamente en la terminal de las camionetas que viajan a Pie de la Cuesta, el grupo armado denominado La Patria es Primero mediante un comunicado reivindicó el asesinado. A esta organización también se le atribuyeron los crímenes de otros militantes de la OCSS, como el de Transito Mesino Lezma en la comunidad de Agua Fría.

Ante este el asesinato de su hermano, Rocío inició una serie de movilizaciones para exigir justicia y que los culpables fueran castigados, sin embargo en lugar de ser detenidos fueron protegidos por esa red de complicidades que hay en el gobierno del estado, a pesar de que algunos fueron señalados directamente por la familia. En estas circunstancias Rocío Mesino continuó en la lucha social, con amenazas de parte de personajes en el gobierno y de grupos que se mueven en la región, por eso pidió medidas cautelares a la Comisión de Defensa Derechos Humanos del Estado (Coddehum) que se las otorgó parcialmente ante el riesgo que corría su integridad física.

Por eso el 22 de octubre del 2005, la principal dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Atoyac, Rocío Mesino, le declaró a Francisco Magaña corresponsal de El Sur que el comando “La Patria es Primero” planeaba asesinarla y en 13 de diciembre del 2005, Rocío anunció que aceptaba la escolta que le ofreció el Ayuntamiento de Atoyac, luego de las amenazas que había recibido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la comisión estatal que encabezaba Juan Alarcón Hernández habían exhortado a la comuna municipal para que le otorgara medidas cautelares.

Rocío Mesino fue defensora del medio ambiente, siendo regidora en el municipio de Atoyac (2005- 2007), impulsó la policía ecológica, que jugó un papel importante en la detención de traficantes de aves y madera ilegal. Rocío, creó conciencia en sus bases de militantes y miembros de la organización, sobre el cuidado del medio ambiente, organizaba a los comisarios para parar la tala inmoderada de árboles en la sierra, en su accionar retuvo varios camiones madereros como protesta, buscaba evitar que siguieran destruyendo los pulmones y los bosques donde nacen los ríos que abastecen a la Costa Grande.

De igual manera Rocío visitó los campamentos de los talamontes y denunció las atrocidades que ocasionan al medio ambiente, en contubernio con las autoridades federales, que son las encargadas de otorgar los permisos y no supervisan las explotaciones forestales en lo alto de la sierra.

En el año 2007, cuando Rocío fungía como regidora y mantenía un plantón en la Ciudad de los Servicios por la exigencia de la entrega de recursos para la ruta Atoyac-Pie de la Cuesta, el 4 de agosto sufrió un atentado en su domicilio con armas de alto poder. En las paredes de la vivienda quedaron marcados los impactos de bala.

En marzo del año siguiente, fue detenido un grupo de deportistas en Mexcaltepec acusados del secuestro del empresario atoyaquense Luis Fierro. El Ministerio Público se apoyó en supuestas declaraciones de ex policías que decían haber participado en el plagio por órdenes de Rocío Mesino. “Es un jale de la OCSS”, quedó asentado en la averiguación previa Gale/Atoy/04/197/2007. Pero poco a poco se fue demostrando que esos testimonios eran absurdos, se vino abajo la acusación y se evidenció ese intento de inculparla. Antes la Policía Judicial había sitiado El Escorpión y con golpes quiso obligar a los pobladores a declararse culpables del secuestro de Luis Fierro y de ser miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Con todos estos antecedentes, terminando su periodo como regidora siguió en la gestión social y comenzó a sembrar sus tierras en El Escorpión, pero fue detenida el miércoles 13 de marzo del 2013, cuando se dirigía al Ayuntamiento municipal de Atoyac a realizar gestiones. En el operativo para apresarla la Policía Ministerial encañonó a todos sus acompañantes y su hermana Eugenia Mesino fue agredida físicamente por los agentes policiacos que no mostraron orden de aprensión para llevarla al penal de Acapulco.

Fue acusada por la Procuraduría, del secuestro de otro empresario, de nombre Victoriano Luengas García originario de Coyuca de Benítez. La implicaba un individuo llamado Ricardo Jiménez Zapata o Eriván Ortiz Serafín, el mismo a quien la familia Mesino señaló como el autor material del asesinato de Miguel Ángel. En su declaración, el detenido aseguró formar parte del grupo de Rocío Mesino y haber actuado bajo sus órdenes cometiendo ilícitos.

Pero el 19 de marzo 2013, fue puesta en libertad ya que los cargos que se le imputaban no fueron comprobados. Rocío denunció al gobierno del estado por su encarcelamiento y protestó frente a la agencia del Ministerio Público de Atoyac donde hizo pintas con consignas de corrupción y fabricación de delitos. 

Ya hace dos años el 19 de octubre de 2013, fue asesinada la dirigente social Rocío Mesino de 39 años de edad, cuando se encontraba atendiendo el comedor comunitario en el puente de la comunidad de Mexcaltepec, un sujeto le disparó por la espalda mientras otro lo esperaba para huir en una moto.

Desde que huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel devastaron a nuestro municipio, Rocío Mesino se incorporó a las tareas de solidaridad, era parte del Comité Ciudadano de Protección Civil de Atoyac de Álvarez. Recorrió varias comunidades donde hizo entrega de víveres y medicinas, así mismo documentó las pérdidas en los cultivos agrícolas y viviendas dañadas de poblaciones incomunicadas por la caída de los puentes como el de Mexcaltepec y El Camarón.

Rocío Mesino, recorrió caminando durante más de siete horas, las comunidades de la ruta Pie de la Cuesta y Santo Domingo. Su convicción de lucha la hizo pasar por las intransitables laderas de los ríos de la sierra de Atoyac, con su equipo de trabajo, cargando despensas. Muchos campesinos la recibieron con lágrimas en los ojos, por la emoción de que alguien llegara con ayuda.

Rocío participó en la organización de los 18 pueblos de la ruta Atoyac-Pie de la Cuesta para construir un puente provisional en Mexcaltepec y así pudieran subir maestros y médicos que hacían falta en esos momentos, es ahí donde estuvo todos los días trabajando en el comedor popular para dar alimento a los campesinos que trabajaban llenando costalillas de arena y a los trabajadores de la maquinaria pesada.

Ese 19 de octubre, como todas las mañanas organizó a las mujeres que colaboraban en el comedor y se trasladó a la comunidad de Mexcaltepec, a la una de tarde aproximadamente Rocío arribó con un grupo de mujeres al puente de Mexcaltepec, cinco minutos después llegó al puente una moto con dos hombres, uno que vestía bermuda color beige y playera blanca aguada de una edad de 30 a 38 años, con el pelo un poco largo de hongo y lacio, desde arriba del puente le preguntó a Rocío, que estaba abajo del puente, que si podían pasar motos para el otro lado, Rocío le contestó que no, que si querían pasar ella les cuidaba la moto, luego el hombre le preguntó que si vendían refrescos, y ella dijo que sí. Luego aquel le dijo a su acompañante que bajara por unos refrescos.

El puente tiene dos bajadas, una de frente por la que se llegaba al comedor y la otra por atrás de donde Rocío se encontraba con su madre, sus dos hermanas, su tío y ocho personas más, además de siete niños de 2, 4, 5, 7, 9 y 12 años de edad. Cuando Rocío dejó de platicar con el hombre caminó hacia debajo del puente y estaba mirando hacia donde estaban los trabajadores, cuando llegó el individuo por el lado de atrás. Las mujeres que estaban en el comedor pensaron que venía a comprar refrescos, pero al llegar cerca de Rocío sacó un arma corta y le apuntó ya muy cerca. Se escuchó un grito “¡Cuidado Chío!” Al mismo tiempo el de la pistola disparó dos veces a la espalda de Rocío. Los impactos la hicieron caer.

El hombre tenía una estatura mediana, moreno claro, de entre 30 a 35 años, vestía un pantalón de mezclilla y una camisa tipo polo con pequeñas rayas anaranjadas y azules y una gorra tipo militar. Después de dispararle a Rocío amenazó a todos con el arma. En el lugar había puras mujeres, niños y un tío de 70 años, enfermo de cáncer terminal, que se paró tapándose los oídos y el hombre le apuntó con el arma. Norma caminó hacia donde estaba Rocío tirada y el hombre le puso el arma en el pecho y retrocedió por donde llegó, pero se regresó y le disparó de nuevo a Rocío cuando ya estaba en el suelo. Posteriormente salió por el lado de atrás, por donde entró, y el otro hombre lo esperaba, arriba del puente, con la moto encendida y en ella huyeron rumbo a Mexcaltepec.

A cien metros trabajaban más de cien personas de las comunidades de esa ruta, que también presenciaron los hechos. Norma junto con otras mujeres bajó a la ciudad de Atoyac a buscar una ambulancia y hablarle al síndico procurador Isaías Eduardo Gómez Ozuna para que iniciara una búsqueda de los asesinos. Los otros familiares que se quedaron en el puente se trajeron a Rocío para llevarla a una clínica, con la esperanza de que estuviera viva, pero al percatarse de su muerte la trasladaron a su domicilió particular de la colonia 18 de mayo de 1967. Donde después el cuerpo se entregó al Ministerio Público para que le practicaran la necropsia de ley.

Hasta su muerte, Rocío, año con año exigía al gobierno el esclarecimiento de la muerte de su hermano Miguel Ángel, así como también año con año conmemoraba y exigía justicia por los campesinos caídos en el vado de Aguas Blancas y la libertad de los presos políticos y de conciencia. Fue solidaria con la familia de Arturo Hernández Cardona, con los macheteros de Atenco y con el Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Presa La Parota (Cecop).

Rocío Mesino fugazmente perteneció al PRD, pero después fue regidora participando como candidata externa de ese partido y al día de su muerte militaba el partido del Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en las elecciones del 2012 fue candidata a sindica en la planilla que encabezó por Javier Galeana Cadena. En la última plática que tuvimos me dijo que se quedaría en el Movimiento Ciudadano, que ella no andaría “pendejiando”, de partido en partido.

El alcalde de Atoyac promete instituir la dirección de pesca municipal

Víctor Cardona Galindo

Los pescadores de la laguna de Mitla, miembros de las cooperativas  pesqueras de las comunidades de Cacalutla y Zacualpan, han enfrentado la problemática de la apertura de la  barra de Coyuca, porque está afectando la pesca y podría ocasionar un desastre ecológico por la resequedad en las inmediaciones del cuerpo lagunar.

Se ha venido proponiendo construir una compuerta alterna en la comunidad El Zapote, para evitar que el agua retenida en la laguna de Mitla se fugue por la de Coyuca. Actualmente no hay pescado, pues la corriente de agua se lleva todo.  Si la barra se cierra,  los niveles de agua retrocederían y los municipios de Atoyac y San Jerónimo, volverían a tener los niveles adecuados. Ahorita la barra está abierta y es necesario que se cierre inmediatamente.  

El domingo 25 de octubre el presidente municipal Dámaso Pérez Organes
re reunión con pescadores de la laguna de Mitla, en la colonia Vicente
Guerrero.

Desde el 2013 en la contingencia de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid pidieron que se construyan las compuertas en la comunidad de El Zapote para mantener los niveles de agua en la laguna que comparten los municipios de Atoyac y san Jerónimo, pero no han obtenido respuesta.

La Barra de Coyuca fue abierta a pico y pala por los restauranteros del lugar y no tomaron en cuenta a los pescadores. En dos semanas Zacualpan podría tener graves problemas de escasez de agua, además que el pescado no puede reproducirse “es urgente que se cierre la barra por que el pescado estando en los manglares tiene defensa puede reproducirse, pero en lo limpio no, porque se práctica el arrastre y el apaleo”, dijo el pescador Rosalío Izazaga Villegas quien recordó que hace tres años fue difícil cerrar la barra, se tuvo que usar maquinaria pesada que trabajaba en el puente de Coyuca “solo pedimos una fuente de trabajo para mejorar la economía de las familias dedicadas a la pesca”.

En una primera reunión el presidente municipal Dámaso Pérez Organez refrendó el apoyo de su gobierno para buscar una solución a la problemática que enfrentan y en una segunda reunión, tras señalar que en su gobierno todos los sectores de la sociedad serán tomados en cuenta, Pérez Organez reiteró su respaldo al sector pesquero del municipio de Atoyac de Álvarez, para que por primera vez cuenten con un espacio en la administración.

Por segunda ocasión ,este domingo 25 de octubre, el presidente se reunió en la colonia Vicente Guerrero, con dirigentes de las cooperativas pesqueras, quienes celebraron su disposición para tomarlos en cuenta ya que actualmente enfrentan diversas carencias como falta de embarcaciones, artes de pesca y motores.

En la reunión el alcalde propuso crear la Dirección municipal de Pesca.

“Con la gestión del municipio a través de usted señor presidente, en conjunto con el estado y la federación se lograrán grandes cosas para superar el rezago en nuestro sector”. Señaló el dirigente de la cooperativa pesquera “Zacualpan Siglo XXI”, Gilberto Izazaga Villegas.

En este encuentro, los pescadores propusieron al señor Rosalío Izazaga Villegas para que sea designado como director de pesca municipal, por considerarlo la persona idónea para que los represente porque conoce a fondo la problemática en que se encuentran inmersos. Rosalío agradeció el gesto solidario del alcalde Atoyaquense en quien tendrán su mejor aliado para resolver los problemas que los aquejan. Siempre buscando la unidad.

Dámaso Pérez Organez, pidió a los pescadores que para evitar alguna controversia, esta propuesta sea aprobada por todas las 12 cooperativas pesqueras, que tiene el municipio, y no propiciar divisionismo en el sector.

“Mi preocupación es que ustedes (pescadores) estén bien atendidos, porque yo no vengo a imponer a nadie ni a dividirlos, al contrario quiero unirlos más para que saquemos adelante al sector pesquero”.

Explicó que debido a que este presupuesto está destinado será hasta el mes de enero del 2016, cuando entraría en funciones la persona que designen y los represente en el Ayuntamiento “estoy en la mejor disposición de ayudarlos y sacar adelante al sector para que lleven el sustento a sus familias”.

Añadió que la próxima semana sostendrá una reunión de trabajo con el delegado de la Sagarpa en Guerrero, Mateo Aguirre Arizmendi, para exponerle la problemática y pedirle su ayuda para gestionar los proyectos productivos que están necesitando.

A la reunión asistieron, el representante de la sociedad cooperativa, “Camaleones de Cacalutla”, Eduardo Robles Salas; de la cooperativa “Cacalutla I”, José Juan Mendoza; de la “Terronera de Zacualpan”, Víctor Zamora; “Elegidos de Cacalutla”, Heladio Gómez Barrientos y la “Isla del Escorpión”, Doroteo Terrero Díaz.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), diecisieteava parte

Víctor Cardona Galindo

Vale la pena hacer un paréntesis en la cronología, sobre la masacre de Aguas Blancas, que hemos venido narrando, para recordar a Rocío Mesino Mesino, cuando hoy se cumplen dos años de su impune asesinato en Mexcaltepec, donde coordinaba la construcción de un puente provisional, para que pasaran sus paisanos después de la destrucción que dejó el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Tres disparos de una pistola calibre 9 milímetros le quitaron la vida, uno en la nuca y dos en la espalda.

Rocío nació el 21 de enero de 1974 en El Escorpión, hija de Hilario Mesino Acosta y Alicia Mesino Castro. El escritor Felipe Fierro Santiago, en El Rocío de la esperanza una plaquette que escribió a dos voces con el periodista Roberto Ramírez Bravo, dice que Rocío “como toda niña campesina, aprendió los quehaceres básicos de los campesinos y campesinas de esos lugares, combinar la labor de la tierra con la actividad doméstica, para Chío, no había horas de descanso, sus actividades de niña, adolescente independientemente de sus actividades escolares en la escuela primaria Benito Juárez de la comunidad de Agua Fría, donde cursó primero y segundo grado, el tercer grado a sexto los culminó en la escuela primaria Hermenegildo Galeana de San Juan de las Flores, así como la Secundaria Técnica 101 en ese mismo lugar”.

Rocío Mesino Mesino cuando llevó a la prensa, 

un día antes de su muerte, a ver los avances del 

puente provisional que se construía en Mexcaltepec, 

después de la devastación que dejaron los fenómenos 

meteorológicos Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. 

Foto: Francisco Magaña.

“Como toda niña normal jugaba juegos tradicionales como el trompo, la rayuela, el avión, canicas, matizados por el ingenio, la creatividad y la inocencia infantil. En la cotidianidad de las labores campesinas solía colgarse al hombro el recipiente con agua, llamado ‘bule’, ensillar los burros entre otros animales de carga. El aprender a labrar los surcos la fortalecieron para labrar su destino sabido de la pobreza y de los cinturones de miseria que la rodeaban. Solidaria, gestora y critica de los gobiernos municipales, estatales y federales, fueron los ingredientes que no dimensionó la dirigente”.

Después de sus estudios de secundaria en San Juan de las Flores, emigró al estado de Morelos, donde culminó sus estudios de Técnico Agropecuario en el CBTA de Chinameca, posteriormente regresó a su comunidad donde en los años noventa fue en dos ocasiones comisaria municipal, para después integrarse de tiempo completo a la fundación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dio el 14 de enero de 1994 en Tepetixtla.

Hilario Mesino Acosta y Alicia Mesino Castro tuvieron ocho hijos: María de la Luz, María del Carmen, Miguel Ángel, Rocío, Eugenia, Norma, Víctor y Carlos. Tres de los Mesino han muerto, dos han sido víctimas de la violencia represiva, Miguel Ángel que era el tercero y Rocío la cuarta y Carmen falleció por enfermedad. Sin embargo Layo como le decimos de cariño y doña Alicia no han perdido las ganas de luchar, siempre se les ve en las marchas por los reclamos de justicia.

Los Mesino son originarios de la comunidad de El Escorpión, pueblecito que se encuentra a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Atoyac por la carretera que lleva a Pie de la Cuesta era una brecha de terracería hasta hace tres años, pero los habitantes de la región incluyendo la OCSS se organizaron para que se pavimentara y ahora el pavimento llega hasta San Juan adelantito de El Escorpión.

Dice Felipe Fierro Santiago que la búsqueda de Juana Acosta Martínez, la madre de Hilario Mesino Acosta y abuela paterna de los hermanos Mesino, fue el parteaguas de una generación pasiva de la familia a una movilidad política tras ser detenido y posteriormente desaparecido el hermano menor de Hilario, Alberto de los mismos apellidos. Con solo 20 años de edad, Alberto Mesino fue detenido en un retén militar en las inmediaciones de la comunidad de Agua Fría, cuando había existido a una reunión de cafeticultores promovida por el Instituto Mexicano del Café (Inmecafe). En el trayecto de la carretera Agua Fría–San Juan de las Flores, fue bajado de una camioneta pasajera el 18 de julio de 1974, y luego subido a un helicóptero militar que lo llevó al Campo Militar número Uno de la Ciudad de México de donde mandó un recadito a la familia. 

Doña Juana Acosta, de oficio partera inició todo un peregrinar por la presentación con vida de su hijo, al lado de su esposo, padre de Hilario y Alberto, don Ramón Mesino; “primero se unió al grupo Ureka de Rosario Ibarra de Piedra, posteriormente a otros grupos de mujeres madres y esposas tras las huellas de sus esposos e hijos desaparecidos sin tener éxito. En cambio el padre de Hilario de origen campesino fue fundador de la comunidad y músico empírico, tocaba muy bien el violín, notas que quedaron en el olvido tras el vacío que propicio la detención y posteriormente la desaparición del ‘chocoyote’ como se les llama al hijo menor de las familias serranas. Juana Acosta Martínez y don Ramón Mesino murieron de tristeza con la esperanza de ver de nuevo a su hijo”.

En mi caso a Hilario Mesino Acosta lo conocí en el Coalición de Ejidos de Costa Grande, igual encontré por ahí a sus hijos Víctor y Miguel Ángel, a Rocío la vi por primera vez, aquel 19 de mayo de 1965, cuando la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) tenía tomado el Palacio Municipal de Atoyac y ella salía a cada rato al balcón del edificio para dar instrucciones a los campesinos de Atoyac y luego entraba a las negociaciones que mantenían con la alcaldesa María de la Luz Núñez Ramos.

Siempre me causó impresión ver a Rocío con aquella playera puesta que decía: “En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas”, Che Guevara. Para mi esa consigna sintetizaba lo que ella hacía, pero además que estaba consciente de los riesgos que corría al defender a los campesinos y enfrentar al gobierno así como ella lo hizo. Muchas veces escuché decir a los mismos hombres, “Esa Rocío si tiene huevos”, también escuché en alguna oficina “Si no me resuelven voy a ir con Rocío Mesino”. Es que Rocío se aventaba “los tiros más cabrones” como defender a los comerciantes ambulantes, a los perseguidos por la judicial y por el Ejército. Ella dio la cara por muchos en la década de los noventa, y aun muchos atropellados por las autoridades recurrían a ella. Por eso al morir muchos desvalidos perdieron a su defensora.

Desde que se convirtió en la figura principal de la OCSS, se inició una persecución y hostigamiento en su contra. En los retenes del Ejército y de la Policía Judicial, los vehículos en que viajaba eran revisados hasta por media hora y desde entonces hombres desconocidos la seguían a donde fuera, como lo denunció muchas veces a la prensa. Rocío le tocó encabezar lo que podríamos llamar una segunda etapa de lucha de la OCSS, después que se giraron órdenes de aprehensión contra los fundadores Hilario Mesino y Benigno Guzmán quienes tuvieron que salir del estado y luego fueron detenidos acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) después de que éste grupo armado apareció en el primer aniversario de Aguas Blancas aquel 28 de junio de 1996.

Rocío siempre estuvo activa en la lucha por las demandas de los campesinos de la sierra de Atoyac y Coyuca de Benítez, encabezó varios bloqueos de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y tomó, cuando fue necesario, los Ayuntamientos de estos dos municipios, cada año entregaba al gobierno del estado el pliego de demandas de los campesinos al acercarse el aniversario de la masacre de Aguas Blancas. Siempre luchó por una mejor calidad de vida para los campesinos, apoyó con láminas galvanizadas y de fibrocento, así como también con insumos para el campo como bombas y fertilizantes y material de riego como mangueras, molinos de nixtamal, gestionó obras como fueron puentes vehiculares canchas, techados de canchas y trajo programas sociales a las comunidades con grandes movilizaciones en las dependencias federales y estatales Rocío, hacía llegar el apoyo directo a los campesinos, su gran compromiso con el pueblo la hizo la gestora social más importante de la Costa Grande por esa gran capacidad y honestidad que la distinguía. De la misma manera que apoyaba a los discapacitados apoyaba a los a adultos mayores.

Rocío al frente de la OCSS logró concretar proyectos para los suyos, como techos para viviendas y piso firme, siembra de tilapia y paquetes de chivos y borregos. Además que cuando fue regidora en una mezcla de recursos con la congregación Marina Trinitaria logró construir obras de interés social en la zona de influencia de su organización.

Felipe Fierro Santiago dice: “quienes conocimos a Rocío valoramos su inquietud, su lucha, el amor a su pueblo. Rocío, chaparrita de estatura, pero con un corazón grande. Muchos la entendieron, pocos la han desprestigiado… fue asesinada a mansalva como muchos líderes sociales ante el temor de una insurrección armada en el estado. Rocío no fue un peligro para el Estado mexicano, fue un peligro para los corruptos gobernantes”.

Fierro Santiago fue su maestro de matemáticas y recuerda que en 1987, “Rocío llegaba a la Secundaria Técnica 101 de San Juan de las Flores a la siete de la mañana de lunes a viernes desde su pueblo natal El Escorpión. Agarraba un burro de su propiedad con un pedazo de reata, le ponía bozal y se montaba a puro ‘pelo’ o sea sin silla, su mochila, su resortera al cuello, un morral con piedras de río. En ese tiempo usaba falda y gorra. Pelo lacio, la chaparrita, cuando no llevaba al burrico, se iba corriendo por las veredas que unen los pueblos de la sierra. Siempre sobresalía a pesar de su estatura”.

“Éramos en ese tiempo profesores jóvenes 20 a 26 años los más adultos. Bromista como siempre Rocío, argumentaba que no le gustaban las matemáticas… ‘Rocío, estás reprobada conmigo’, le dije en una ocasión, sin inmutarse contestó ‘mañana nos arreglamos profe, le voy a saludar a mi prima’. No sé si me saludó a su prima, pero al día siguiente, me llamó dónde no la vieran, llevaba un garrobo, ‘se lo traje para que se lo coma’, ‘Oye Rocío con esto te voy a poner cinco’, ‘Pues mañana le traigo otro para que me ponga diez’, dijo sonriendo y se fue corriendo a su salón”.

“Rocío, ya tenía la chispa de líder, siempre fue sensible desde niña, carismática, logró con su liderazgo lo que otros no lo han hecho… Rocío era una diminuta mujer indefensa, incluso físicamente, pero con un discurso claro ante quién la enfrentara. La acusaron de violenta, de rebelde, pero no le dejaron otro camino, ante la cerrazón de las autoridades, la culparon de actos delictivos y no se los comprobaron”, comenta Felipe Fierro.

“Cariñosamente la familia de Rocío, le llamaba Chío, delgadita y chaparrita de niña, le encantaba según sus padres andar con pantalones, cazar palomas e iguanas para el sustento familiar, con su resortera al cuello y morral de piedras de río, nunca estaba quieta en la vivienda de adobe y teja, con patio amplio y un corral de alambre de púas al frente de donde por la mañana y las tardes los olores de café se escapaban y se siguen escapando en las viviendas que todavía subsisten ante el miedo de un estado de sitio por militares que han incursionado a investigar a la familia de los Mesino”. 

“Esas tardes y mañanas impregnadas por la voz y el canto de la otrora dirigente de la OCSS cruzando veredas, ya que a Rocío, le gustaba cantar en la soledad del campo acompañada por las parvadas de pericos y cotorras que invadían los maizales y los árboles de cacahuananche muy comunes en la parte media de la sierra atoyaquense”.

Ligada hasta su muerte a las labores del campo, desde pequeña se le veía subirse con facilidad a los árboles de ilama, árboles que en la comunidad de El Escorpión se dan en abundancia, lo mismo que los mangos diseminados en las tierras familiares conocidas como Los Planes.

Rocío Mesino, fue una activista social que en todas sus movilizaciones y pronunciamientos le exigía al gobierno la libertad de los presos políticos y de conciencia, siempre fue critica de cómo el gobierno a través de la Procuraduría del Estado primero criminalizaba las luchadores sociales acusándolos de secuestro y asesinatos sin fundamentos para crearles odio en la sociedad y después que salen libres los asesinan y los que siguen presos los mandan como peligrosos delincuentes a cárceles de alta seguridad.