Víctor
Cardona Galindo
Aquel
18 de febrero de 1996, por la mañana, Agapito Rojas Hernández, Miguel Rojas
Cortés y Genaro Martínez Sánchez venían en un Volkswagen color negro, modelo
1994, bajando por el camino de La Florida cuando del monte salieron los
individuos que los atacaron. “Fueron interceptados por varios desconocidos que
vestían ropas oscuras, quienes sin mediar palabra abrieron fuego contra los
tripulantes del miniauto”, decía la nota de El
Sol de Acapulco.
En el
sitio del suceso “se encontraron cascajos de R-15, AK-47 (mejor conocidos como
cuernos de chivo) así como de 45 y 38 súper, también en el lugar se encontró un
cargador de pistola 38 súper marca Colt lleno de cartuchos útiles”, publicó
Pablo Alonso Sánchez corresponsal del Diario
17.
En
cuanto a la muerte de José Rojas Hernández, Isaías Rojas Osorio, Mauro
Altamirano Osorio, Benigno Figueroa Alquisiras y Héctor Aguilar Navarrete
acontecida por la noche, de la misma fecha, en lugar conocido como El Roble de
la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo, la versión oficial decía que los
judiciales Leopoldo Benítez López y Leonel Rosales Garduño realizaban un
recorrido de rutina para resguardar la seguridad de los autobuses de pasajeros,
cuando fueron atacados por un grupo de asaltantes.
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| Hilario Mesino Acosta ante la prensa. |
El
director de la Policía Judicial del Estado, Erit Montufar Mendosa difundió en
un boletín la versión de que los cinco muertos “presuntos delincuentes” que al
intentar asaltar en la carretera de Acapulco-Zihuatanejo, agredieron a balazos
a elementos de la policía judicial del estado que patrullaban la zona y los
judiciales dispararon para repeler la agresión y los fallidos asaltantes
resultaron muertos y se les recogieron cuatro pistolas de grueso calibre dos 38
súper, una 9 milímetros y la otra calibre 380, mismas que fueron decomisadas en
el lugar de los hechos. Más tarde se sabría que los occisos no iban armados.
Los
medios de comunicación informaron que los caídos, en la carretera federal, viajaban
en una camioneta, Nissan blanca, doble cabina, modelo 1995 con placas de
circulación HA17715 del estado de Guerrero. Los dictámenes periciales
confirmaron que los cuerpos presentaban lesiones de bala disparadas a corta
distancia, algunas a quemarropa.
A raíz
del asesinato de nueve ciudadanos de atoyaquenses, ocho de ellos de la
comunidad sierreña de El Paraíso. “La población y las autoridades municipales
se movilizaron para exigir justicia y para combatir la versión del gobierno
que, una vez más, pretendía culpar a las víctimas”, nos recuerda Maribel
Gutiérrez.
Dos de
los masacrados por la judicial en la noche, José Rojas Hernández e Isaías Rojas
Osorio eran hermanos de Agapito Rojas Hernández asesinado por la mañana junto a
su primo Miguel Rojas Cortés y Genaro Martínez Sánchez en el camino a La Florida.
La
muerte de los ocho paraiseños con profundas raíces en la sierra, conmovió a la
región y a la exigencia de castigo a los culpables se sumaron miembros de la
Unión de Ejidos Agropecuarios General Hermenegildo Galeana y del Consejo
Supremo de los Pueblos del Filo Mayor quienes demandaron a las autoridades el
esclarecimiento inmediato del caso. El crimen también unió a los dos comisarios
de El Paraíso, Alberto Sotelo Lucena que resultó del PRD y una alianza
ciudadana, reconocido por el Ayuntamiento que encabezaba María de la Luz, y a
Tobías Marcelo González quien era el comisario del PRI y era reconocido por la
Dirección de Gobernación estatal.
El
martes 20, llegó a El Paraíso para llevar, a los deudos, un mensaje del
gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario de Gobierno Zotico García
Pastrana, quien al hablar de los muertos ante la prensa nacional dijo: “Esto,
en Guerrero, yo diría que es normal”.
Unos
mil 500 habitantes de El Paraíso acompañaron a sus muertos al panteón de esa
localidad, el miércoles 21 al medio día, por la tarde, a las 18 horas, unos 500
se reunieron con sus autoridades municipales para llevar a cabo un cabildo
abierto, para tomar acuerdos.
Después
de esa reunión, Ayuntamiento de Atoyac exigió la salida de la Policía Judicial
Estatal y del Colegio del Policía del municipio porque “son generadores de
violencia e inseguridad y asesinos de ciudadanos del municipio y que su
actuación se limite exclusivamente a la ejecución de las órdenes de aprehensión
que el juzgado correspondiente dicte”. En un comunicado que se publicó en los
medios de comunicación el cabildo de ésta ciudad cafetalera también pidió el
regreso del Ejército “ya que desde su partida se ha incrementado la ola de violencia”.
Que se formalicen las policías comunales, bien equipadas y elegidas en asamblea
popular.
Además
los ediles pidieron depurar los cuerpos policiacos “sabemos que policías en
activo y ex policías están involucrados en gran parte de los secuestros y asaltos
que ocurren a diario en nuestra región”.
El
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Araujo Hernández no
descartó una conexión del caso Aguas Blancas con los nuevos asesinatos en la
Costa Grande “se debe investigar de manera profunda a los dos casos y a gente
interesada en desestabilizar el estado”. Porque “es muy sospechoso que a unos
cuantos días que el fiscal especial del caso Aguas Blancas dé a conocer la
autoría intelectual de la masacre de 17 campesinos, ahora se susciten hechos de
sangre en el municipio de Atoyac.
Por el
primer caso de los tres primeros asesinados fueron consignados campesinos que
nada tenían que ver con el crimen. A raíz del de segundo caso fueron
destituidos de la policía judicial Leopoldo Benítez Pérez como comandante y
Leonel González Garduño como agente. En su declaración Leopoldo Benítez dijo
que los asesinados no eran unas blancas palomitas. Resultó inverisímil que en
la ejecución únicamente participaran dos agentes. Llegó a circular la versión
que en esa masacre cuando menos participaron dos grupos de judiciales.
Luego
el secuestro y asesinato del presidente del comité de base del PRD en El Ticuí,
Eliseo Díaz Pino, provocó que los priistas de esa localidad de organizaran y
realizaran una marcha el viernes 23, en la que participaron más de mil
personas. A Eliseo se lo llevaron el 19
de febrero de su rancho cerca de la presa derivadora Juan Álvarez, sus
secuestradores pidieron por su rescate 100 mil pesos. Pero luego fue encontrado
muerto en el lugar conocido como El Potrerito.
Ese
jueves 22 de febrero agentes federales entraron a El Paraíso para detener a
Reyna Bautista Reyna, la subieron a un automóvil gris, como los policías no
traían uniforme, unos 40 ciudadanos armados realizaron una operación y
alcanzaron a los agentes ya casi al llegar a Río Santiago, y les quitaron a la
detenida. Los federales estuvieron a punto de ser linchados por la población,
aunque llevaban una orden de aprehensión en contra de la detenida, girada por
el juez quinto del distrito de Baja California, con sede en Tijuana, por
delitos contra la salud.
Rubén
Figueroa visitó el lunes 26 El Paraíso, fue recibido con mantas “alto a la
violencia”, “alto a la impunidad”, “no
más Aguas Blancas”, en un acto público los dolientes pidieron “que se limpie su
nombres y su imagen”. Don Miguel Rojas Gonzales papá de Agapito, José e Isaías
dijo “no somos mañosos como dice el gobierno”. El dirigente campesino Pablo
Cortés Varona primo de dos de las víctimas denunció que ahora en El Paraíso
había 21 nuevos huérfanos, ocho viudas, y en el desamparo la mamá del joven
Miguel Rojas Cortés que dependía de él.
Figueroa
se comprometió a iniciar la gestión, ante la secretaría de la Defensa Nacional,
para que regrese el Ejército a Atoyac y para que una partida se instalara en
esa comunidad. También a retirar la policía judicial del municipio y a impulsar
la formación de una policía comunal.
La
prensa nacional se ocupaba de los muertos de Atoyac, cuanto otro acontecimiento
calentó más el ambiente. El periodista Ricardo Rocha en su programa Detrás de la noticia, transmitido la
noche del sábado 24 de febrero de 1996, exhibió como nota exclusiva un video
con duración de 16 minutos. El video sirvió “como evidencia real y verdadera de
los hechos; y segundo, como testimonio irrefutable de la larga tradición
política y de la cultura de poder arcaica, fundadas ambas en el uso exclusivo
de la represión física y sistemática para resolver y disolver cualquier peligro
de inestabilidad (entiéndase organización y movilización violentas y no
violentas) que pueda surgir de la sociedad civil hacia el gobierno guerrerense.
Debemos destacar aquí que se trata de la primera matanza de nuestra historia
que ha sido filmada por sus propios autores (gobierno) y divulgada masivamente
al pueblo mexicano. Este hecho horrorizó moralmente a millones de mexicanos y
también a una parte importante de la comunidad internacional representada por
el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali”, comenta Gabriel Alfonso
Castillo Leyva y coautores, en su tesis Inestabilidad
Política en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto.
El
fiscal especial Alejandro Varela Vidales no tuvo acceso al original del video,
porque el agente de gobernación Armado Espetia Nieto desapareció llevándoselo y
no se pudo ejecutar acción penal en su contra, igual que los dos motorizados
que también escaparon. El video que llegó a manos del fiscal y que se hizo
público inicialmente tenía 17 cortes.
El 27
de febrero, inesperadamente Alejandro Varela Vidales dio por cerrada la
investigación, con un informe final en que exonera a Rubén Figueroa al ex
secretario de gobierno Rubén Robles Catalán y al ex procurador Antonio Alcocer
Salazar. El PRD anunció que llevaría el caso ante la justicia federal. Ese
informe fue objeto de múltiples reclamos de justicia de la sociedad nacional y
de la comunidad internacional.
Según
las conclusiones, “los campesinos abordaron en Tepetixtla, Atoyaquillo y Paso
Real, dos camionetas, en una de ellas iban 60 personas que asistirían a la
manifestación mitin y en la otra, azul claro, viajaban 56 campesinos, la
mayoría en dirección a Coyuca de Benítez, a realizar actividades particulares y
las excepciones al mitin”.
Para
el fiscal, “el gobernador ordenó una operación ‘apegada a la legalidad’ y que
los actos ilegales y delictuosos que se ahí se cometieron sólo son responsables
los funcionarios a quienes él dio instrucciones que no cumplieron, así como a
los agentes de la policía motorizada que se comportaron con impericia, y
dispararon sin haber recibido alguna orden”, escribió en El Sur Maribel Gutiérrez.
El
fiscal se basó en el dictamen emitido por los expertos de la Policía Judicial
Federal (PJE), José Zepeda Ramírez y Andrés López Hernández, quienes concluyeron
que “el retén de revisión no fe el adecuado, además que fue incorrecto para el
mismo fin”, que se observó desorganización en la policía motorizada, y que la
forma de efectuar el fuego fue por “simpatía”, es decir por inclinación al
hacer lo que otros hacen, lo que se pudo evitar con el adiestramiento adecuado
para los policías.
“El 27
de junio de 1995, Rosendo Armijo de los Santos, estando en funciones como
subsecretario de Protección y Tránsito del estado de Guerrero, recibe
instrucciones personalmente del gobernador a efecto de que realizara sin
escatimar esfuerzo alguno cuantas diligencias necesarias dentro del marco de la
legalidad, hasta lograr convencer a los organizadores del mitin para que
sometieran sus peticiones e inconformidades al cauce legal, a través del
diálogo en la misma negociación; (y que) de no ser posible recogieran las armas
a los campesinos para evitar actos vandálicos y de violencia”.
Y
Armijo abandonando su responsabilidad dejó todo en manos del el ex director
operativo de Seguridad Pública, Manuel Moreno González, del ex subprocurador de
justicia, Rodolfo Sotomayor Espino y del director general de Gobernación,
Esteban Mendoza Ramos, quienes estuvieron en el lugar de los hechos sin evitar
la masacre.
Mientras
en Atoyac, el 28 de febrero, una comisión de ciudadanos, de la comunidad de El
Ticuí, acompañó al comandante de la novena región militar general Tomas Salgado
Cordero a supervisar 13 hectáreas de terreno ubicadas junto a campo de
aterrizaje que eran las adecuadas para instalar el nuevo cuartel militar.
