21 años de la Organización Campesina del Sur (OCSS), dieciseisava parte

Víctor Cardona Galindo

Obligado por las circunstancias, el 12 de marzo de 1996, Rubén Figueroa Alcocer pidió licencia para abandonar la gubernatura de Guerrero. Había un apoyo confuso y debilitado de su partido, las presiones internacionales y nacionales eran cada vez más frecuentes y organizadas, se notaba ya el alejamiento del ejecutivo nacional. Por eso el Congreso del estado, autorizó su licencia definitiva para separarse del cargo y así facilitar la investigación del caso Aguas Blancas que ya estaba llevando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la una de la tarde se separaba definitivamente del gobierno.

Luego de entregar el documento al Congreso, el todavía gobernador, se enfiló acompañado de su familia y sus amigos más cercanos al aeropuerto de Chilpancingo, tomó un helicóptero que lo llevó al Puerto de Acapulco de donde voló a los Estados Unidos, y a las siete de la noche llegó a su casa de Houston Texas. Se fue temporalmente de Guerrero cuando faltaban 21 días para que cumpliera sus primeros tres años de gobierno.

Aniversario de la masacre de Aguas Blancas

Se separó del cargo para “no convertir a mi persona en factor de inestabilidad o pretexto para que en Guerrero no impere el Estado de derecho, la paz y la tranquilidad de la población”.

La solicitud de licencia fue leída en el Congreso por el diputado priista Santiago Salazar Bautista, se escuchó en el recinto, “mi conducta se ha apegado todo el tiempo al derecho… Todas mis acciones se encaminaron a promover el desarrollo con armonía y tranquilidad de la población”.

Rubén Figueroa dijo que su solicitud de licencia obedecía a “mi más firme voluntad por facilitar la investigación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está realizando sobre los lamentables hechos ocurridos el 28 de junio… y así contribuir a que en la entidad, no se altere el clima de paz y tranquilidad que demanda el sostenimiento del Estado de derecho”.

En el documento entregado al Congreso, Figueroa Alcocer se deslinda de su posible implicación jurídica en la matanza de los 17 campesinos el 28 de junio de 1995 y dice: “instruí una acción política que no fue entendida y carezco de participación alguna en el desarrollo de los sucesos que llevaron a los lamentables homicidios”.

Y continúa: “No es el gobierno del estado quien ha vulnerado la posibilidad de esclarecer a cabalidad los sucesos de Aguas Blancas, sino los dirigentes y militantes del Partido de la Revolución Democrática, que han buscado exacerbar los ánimos y que no se haga justicia, como lo prueban la resistencia a la diligencia de exhumación y renecropsia de quienes fallecieron con motivo de estos hechos y la presentación de testimonios falsos”.

“Este partido político, ante el débil apoyo que recibe en las urnas, busca hacerse del poder por medios ilegítimos. En el fondo ha puesto sus ambiciones en el aprovechamiento de los lamentables sucesos de Aguas Blancas”.

Entre otras cosas destaca: “No puede soslayarse por la opinión pública nacional que el origen de los hechos de Aguas Blancas se ubica en la solicitud de la Sra. Ma. de la Luz Núñez Ramos, presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, para impedir la movilización de los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur hacia el Palacio Municipal de esa localidad”.

Y sobre María de la Luz agrega: “En las expresiones de su actitud oportunista se dio a la tarea de elogiar la gestión a mi cargo por los acuerdos a que llegó con el gobierno del estado en diciembre del años pasado; ahora vuelve a los señalamientos facciosos y fantasiosos”.

Ese 12 de marzo fue designado, por el Congreso, gobernador sustituto Ángel Heladio Aguirre Rivero. Para las 2:15 de la tarde del mismo día, el hasta entonces presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, entró al relevo como gobernador interino para el resto del sexenio. Aguirre fue elegido con el voto de 33 diputados, el PAN propuso al primer astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela que únicamente obtuvo dos votos. El PRD no propuso candidato pero si cuestionó al ometepequense diciendo que tuvo que ver con el sangriento desalojo de perredistas en 1990.

Aguirre Rivero quien consideró que se le adelantó el reloj, porque dentro de tres años buscaría la gubernatura, dijo que su postura sería de absoluto respeto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigaban el caso Aguas Blancas. “Mi gobierno les brindará todo el apoyo y las facilidades que ellos requieran, para un mejor desempeño de la responsabilidad que les ha sido encomendada”.

El mismo día que tomó protesta Ángel Aguirre Rivero recibió a cinco viudas de Aguas Blancas llevadas por el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Ezequiel Zúñiga Galeana, y que se habían “volteado” con el gobierno. En la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno el nuevo mandatario les prometió estar atento a los reclamos que haya y seguir apoyando a sus hijos con  becas para sus estudios y alimentación.

Ante la presión de la prensa, el 17 de marzo, María de la Luz Núñez Ramos pidió licencia para dejar la presidencia municipal de Atoyac. La alcaldesa de Atoyac había dicho que dejaría el cargo si Rubén Figueroa renunciaba a la gubernatura de Guerrero. Por eso a las 8:15 de la noche de ese domingo, con la ausencia de los tres regidores priistas: Crescencio Olea, José Luis Serrano y Lucio Flores, la mayoría perredista rechazó la solicitud de licencia. El síndico Wilibaldo Rojas Arellano dijo que no existía sustento legal ni motivos para aprobarla.

Ante cientos de atoyaquenses congregados en el zócalo de Atoyac, la alcaldesa hizo la solicitud de licencia. La gente se había congregado desde las tres de la tarde portando pancartas a favor de la administración. “Como hembra cumplidora someto a su consideración, se me conceda licencia para sepárame del cargo, dijo ante el pueblo que junto con su cuerpo edilicio rechazó de manera unánime la propuesta (…) Lo hago frente al pueblo y no frente al Congreso porque el pueblo me eligió con el 70 por ciento de sus votos”, escribieron en El Sol de Acapulco, Verónica Castrejón y Rubén Ríos Radilla.

Después de la votación los ahí presentes realizaron una marcha por las avenidas Juan Álvarez y Aquiles Serdán portando antorchas y pancartas “mediante lo cual manifestaban su solidaridad para con la alcaldesa, quien ante la actitud del pueblo guardó silencio en señal de aprobación por la decisión que la reclama en la presidencia municipal de Atoyac hasta el final del periodo legalmente establecido”, decía la nota de El Sol de Acapulco.

Al día siguiente los regidores del PRI, Crescencio Olea, José Luis Serrano y Lucio Flores, calificaron como una farsa la solicitud de licencia presentada por María de la Luz Núñez ante el pueblo, consideraron que el documento debió ser presentado al Congreso del estado. Dijeron que no asistieron a la sesión de cabildo abierto porque la alcaldesa se puso de acuerdo previamente con los regidores del PRD en el sentido que rechazaran su solicitud de licencia. Luego demandaron una auditoria a la administración perredista porque “sospechan de un cuantioso fraude que se ha estado efectuando desde que María de la Luz asumió la alcaldía”.

“En tres años que gobernó Rubén Figueroa Alcocer, 84 perredistas fueron asesinados por motivos políticos, ejecutados por policías, priistas, allegados a los presidentes municipales y caciques. Después, en los dos primeros años de gobierno del sustituto, Ángel Aguirre Rivero, se reportaron 63 caídos por la represión”, dice Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero.

A pesar del cambio en la gubernatura la violencia continuó. “La cadena de crímenes políticos parece interminable. De la OCSS, el 29 de marzo de 1996 fue asesinado Gonzalo Pastor Vinalay, de 33 años, con disparos de fusil M-1, y después le cercenaron la cabeza. Fue el primer asesinato político que ocurrió después de que Figueroa dejó la gubernatura”, dice Maribel.

Un hecho vino a cambiar el destino de muchas familias en la sierra de Atoyac, el 31 de marzo de 1996, un grupo de hombres armados con rifles  de alto poder y pistolas automáticas y encapuchados secuestraron en el paraje denominado “El Espinazo del Diablo” a Luis Atanacio Chamú, quien iba acompañado de su hermano Evaristo de los mismos apellidos y varios sobrinos. En esa ocasión a pesar de estar encapuchados lograron identificar a los judiciales José Isabel Castañeda y Ausencio Castañeda Urióstegui. Así como a Pascual y Esteban Delgado Flores.

Por otro lado la OCSS tomó la alcaldía de Coyuca, el 10 de abril de 1996, y a partir del jueves 11, los cerca de 300 campesinos impidieron el paso de alimentos al alcalde coyuquense, Ezequiel Zúñiga Galeana, así como a 10 de sus colaboradores que permanecían encerrados en el edificio de la presidencia. Ya la OCSS formaba parte del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), que se fundó los días 27 y 28 de enero de ese año en Acapulco, durante el Tercer Encuentro por la Unidad y el Diálogo Nacional.

Con esta protesta exigían el cese a la persecución contra militantes de la OCSS, castigo a los autores intelectuales de la muerte de los 17 campesinos de Aguas Blancas, la anulación de las órdenes de aprehensión libradas en contra de Benigno Guzmán, Hilario Mesino y Marino Sánchez Flores.

Las investigaciones de la Suprema Corte no estuvieron exentas de confusiones y obstáculos recurrentes que evitaron, la rapidez y objetividad de la indagación del caso. Los ministros de la suprema Corte de Justicia, Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, con un equipo de peritos y profesionales, se entrevistaron con todas las partes involucradas en el caso Aguas Blancas, hablaron con los sobrevivientes que nunca fueron llamados a declarar por la fiscalía, se trasladaron a Guerrero y en el vado de Aguas Blancas practicaron una reconstrucción de los hechos con los propios sobrevivientes.

El 12 de abril de 1996, presentaron al pleno de la Suprema Corte un informe que fue aprobado, y enviado a las autoridades que pudieron intervenir jurídicamente en consecuencia: al presidente de la República, por conducto del secretario de Gobernación, al procurador general de la República, al gobernador de Guerrero, al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Los ministros Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro, en un documento de 150 cuartillas aprobado por unanimidad por los once ministros de la Suprema Corte, determinaron que el gobernador con licencia y siete ex funcionarios más, eran responsables de la violación generalizada a las garantías individuales en la matanza de Aguas Blancas.

Para los ministros “resultó evidente que existió un desmesurado deseo de encubrir a través del engaño, y que en esta acción estuvieron directamente involucrados: Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de Justicia del Estado; Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador general de Justicia; Gustavo Olea Godoy, es director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex Fiscal Especial y Esteban Mendoza ex director general de Gobernación”.

Es importante señalar que de todos los mencionados sólo Mendoza Ramos y Rodolfo Sotomayor, estaban presos, mientras que los principales culpables, como Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Robles Catalán y Antonio Alcocer Salazar, seguían en libertad.

Pese a los intentos de diversos grupos políticos por desviar las indagaciones y sus resultados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó, sus conclusiones sobre el caso al presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y a las respectivas autoridades del gobierno guerrerense. Que nada hicieron para darle seguimiento.