Víctor
Cardona Galindo
Fueron
en total 53 funcionarios y policías contra quienes se ejerció acción penal como
responsables de la matanza de Aguas Blancas o por obstruir las investigaciones
del caso. Con su informe del 27 de febrero de 1996, el fiscal concluyó que no
hubo autores intelectuales y no solamente exoneró al gobernador Rubén Figueroa,
también a los tres funcionarios de mayor rango cercanos a él, al secretario
general de Gobierno Rubén Robles Catalán, al procurador de Justicia, Antonio
Alcocer Salazar y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea
Godoy. También al general Mario Arturo Acosta Chaparro, de quien había
evidencia sobre su participación en los planes para detener a la OCSS el 28 de
junio de 1995.
De
acuerdo a la recapitulación que hace Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero, “La fiscalía
despejó dos de las cuatro incógnitas planteadas de manera particular por la
CNDH. La primera, dijo que el tirador que aparece en el video disparando una
pistola contra los campesinos, vestido de camisa blanca y gorra, es el director
de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos. Y respecto a la segunda cuestión, dijo
que los funcionarios que llegaron en helicóptero al vado de Aguas Blancas son
el secretario general del gobierno, Rubén Robles Catalán, y el director de
Comunicación Social del gobierno de Figueroa, Carlos Carrillo Santillán. Para
la fiscalía, el señalamiento de estos dos funcionarios no tuvo ninguna
implicación en alguna responsabilidad acerca de la información que ocultó el
gobierno. Y reveló los nombres como si se tratara simplemente de satisfacer la
curiosidad de la CNDH”.
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En
el centro, de blanco, Hilario Mesino Acosta
uno de los tres dirigentes
fundadores de la
Organización Campesina del Sur (OCSS) durante
un mitin en
Tepetixtla. Foto cortesía de la familia
Mesino.
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El 10
de febrero, diez funcionarios del gobierno del estado fueron aprehendidos,
consignados por ejercicio indebido del servicio público y abandono del servicio
público, pero luego obtuvieron su libertad provisional mediante el pago de una
fianza, debido a que los delitos que se les imputaban no son considerados
graves.
Entre
los diez detenidos estaban el ex subsecretario de Seguridad Pública y
Protección Rosendo Armijo de los Santos, la directora de Averiguaciones previas
de la Procuraduría de Justicia del Estado, Blanca del Rocío Estrada Ortega, y
el determinador de la agencia central del Ministerio Público de Acapulco, Elías
Reachi Sandoval, que fue responsable de la primera averiguación iniciada con
motivo de la matanza de los 17 campesinos.
Los
otros detenidos fueron los agentes del Ministerio Público José María Alcaraz
López, Javier Reyes Grande, Jorge Rafael Reyes Serrano y José Antonio Clavel
Díaz; los peritos Gildardo López Reyes y Gonzalo Barrera Abarca y el agente de
gobernación y chofer de la policía motorizada Ramiro Orlando Soberanis Moreno.
También
fueron consignados nueve funcionarios más, que se ampararon antes de ser
arrestados. El 14 de febrero comparecieron ante el juez siete amparados que
fueron: el ex fiscal especial, Adrián Vega Cornejo, la agente del Ministerio
Público, Francisca Flores Rizo; los peritos: Carlos Gruintal Santos, Rafaela
Cruz Suástegui, Juan Olea Ventura y Alfonso Alonso Piedra y el ex delegado de
servicios periciales, Francisco Ricart Álvarez quienes llevaban consigo una
orden se suspensión de la acción penal otorgada por el gobierno federal.
No
alcanzó la acción penal al agente de gobernación Olimpo Soberanis Méndez, quien
también estuvo presente en el vado de Aguas Blancas y “al agente especial de gobernación Armando
Nieto Espitia, que se encontraba en el vado de Aguas Blancas armado de con un
AK-47, que fue el encargado de llevar a editar el video a las instalaciones de
la empresa estatal Radio y Televisión de Guerrero (RTG), y que desapareció al
día siguiente de la masacre, probablemente llevándose el original del video”,
comenta Maribel Gutiérrez.
De los
19 consignados, el 10 de febrero, el de mayor rango fue Armijo de los Santos, a
quien Figueroa ordenó encargarse de la operación del 28 de junio de 1995, pero
el funcionario no acudió, “por problemas personales”.
Igual
que la CNDH el fiscal planteó que los campesinos iban desarmados y que
colocaron armas en sus manos. De esto responsabilizó a los agentes del
Ministerio Público que hicieron las primeras pesquisas comenzando por Elías
Reachi Sandoval.
Luego el
juez Van Meeter decretó auto de libertad a cuatro, de los funcionarios consignados,
que fueron la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, Blanca María del Rosario Estrada Vega, el delegado de la
Procuraduría en Acapulco, José María Alcaraz, el delegado de Servicios
Periciales de la Procuraduría, Francisco Ricart Álvarez y el Agente del
Ministerio Público revisor, Gildardo López Reyes, porque la fiscalía no aportó
los elementos suficientes para declararlos presuntamente culpables de delitos
de ejercicio indebido y abandono del
servicio público. Más tarde la mayoría poco a poco fue saliendo en libertad.
Al
siguiente día, de cerrado el caso, el gobernador dijo a los medios de
comunicación en Huitzuco, “no tengo porque renunciar”. Pero en ese momento el
movimiento social se encontraba en un proceso de agitación y de reorganización,
porque el video exhibido por televisa provocó mayor indignación y le inyectó
nuevos bríos a las protestas.
“El
fiscal especial para el caso Aguas Blancas, Alejandro Varela Vidales, solo ganó
tiempo para dar una solución prefabricada en torno a la masacre de 17
campesinos el pasado 28 de junio. La actuación agrega nuevos delitos que deben
seguirse contra la fiscalía y el caso debe retomarse de manera obligada”, dijo
a la alcaldesa de Atoyac María de la Luz Núñez Ramos a El Sol de Acapulco y también señaló que “ningún funcionario sobre
todo en nuestro estado, hace nada sin el consentimiento del gobernador”.
El 2
de marzo durante un cabildo abierto María de la Luz Núñez Ramos lanzó la
campaña SOS/Atoyac, que tenía como objetivo denunciar los hechos de violencia
que se daban en el municipio y llamó a realizar un ayuno en el zócalo de la
ciudad de México. En ese cabildo abierto se nombró la defensora de los derechos
humanos, Teresa Jardi, “fiscal del pueblo” que ayudaría en la investigación
particularmente de los asesinados de El Paraíso.
Ante
la presión internacional, de la sociedad civil nacional y de la mayoría de las
fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, que reclamaban que se
violaron las garantías individuales y que se rompió el Estado de Derecho, el
presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, fundado en el artículo 97 Constitucional
por medio del secretario de Gobernación, Emilio Chauffet, el 4 de marzo, solicitó
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigara las
violaciones a las garantías individuales en Guerrero.
Presionada
la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ejecutivo federal, aceptó
asumir la investigación “pese a que el 18 de septiembre de 1995, había votado
en contra de la misma propuesta realizada por los ministros Gerardo David
Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño”, recuerda Gabriel Alfonso Castillo
Leyva en su tesis Inestabilidad Política
en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto.
Un día
antes de que el presidente de la República pidiera la intervención de la
Suprema Corte en el caso, el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, a
través de su representante, Luis del Toro Calero, dirigió un documento de 26
cuartillas al presidente de la Corte, José Vicente Aguinoco Alemán, en el cual
le solicitó que no atendiera la petición de intervenir presentada por las
organizaciones no gubernamentales. Al día siguiente cuando se conoció la
solicitud presidencial y la resolución en favor de la Suprema Corte, Figueroa
Alcocer se puso a disposición de los ministros de la comisión investigadora
sosteniendo que no tenía nada que ocultar.
La
Suprema Corte nombró para investigar el caso a los ministros Juventino Castro y
Castro y Humberto Román Palacios. También durante el proceso de investigación
de la Corte, el Partido Revolucionario institucional (PRI) dio un giro
importante a su postura, su líder nacional, Santiago Oñate Laborde, declaró el
5 de marzo de 1996 que la investigación de la matanza en el vado de Aguas
Blancas, Guerrero, no ha convencido y “nosotros queremos que se esclarezca. Esa
sería nuestra posición”.
Boutros
Boutros Ghali, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), visitó
el país el 6 de marzo de 1996 y el Departamento de Estado Norteamericano dio a
conocer un informe donde especificaba que “los mayores abusos incluyen
violencia y asesinatos en Guerrero, así como torturas, arrestos ilegales y
detenciones arbitrarias”.
Ese
día Ayuntamiento de Atoyac, encabezado por su alcaldesa y los regidores
perredistas, realizó un plantón y ayuno en el Zócalo la ciudad de México que
duró dos días. María de la Luz se introdujo a una reunión en la Secretaría de
Gobernación donde estaba Figueroa, llevó un documento llamado Banco de Sangre y
Violencia que dio a conocer ante los presentes, encarando al gobernador de
Guerrero.
Una
concentración de unos 3 mil manifestantes se llevó a cabo sábado 9 de marzo, en
Acapulco, ahí el dirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano, llamó a seguir
a Figueroa a todos los lugares donde pretendiera realizar actos públicos, para
exigir su salida, y desmentir sus declaraciones de que en Guerrero “no pasa
nada”, porque la violencia seguía. Solo ese día se informó del número 12 en la
lista de campesinos mixtecos asesinados por participar en el movimiento por el
reconocimiento del municipio autónomo Rancho Nuevo Democracia. La nueva víctima
fue Jacinto Gervasio, asesinado el 4 de marzo en San Miguel Tejalpa, por el
comisario priista de esa comunidad, municipio de Xochistlahuaca.
Las
fuerzas vivas de priismo guerrerense comandadas por el economista Ángel Heladio
Aguirre Rivero manifestaron su apoyo a Figueroa con multitudinarias
manifestaciones que se llevaron a cabo en Atoyac, Chilpancingo y Acapulco el
domingo 10 de marzo de 1996. Los priistas movieron toda su fuerza para apoyar a
su gobernador, las principales consignas fueron contra de televisa por la
transmisión de la versión amplia del video de la matanza de Aguas Blancas.
Ese 10,
marcharon en Atoyac unos 500 priistas a favor de Rubén Figueroa y en contra de
María de la Luz Núñez Ramos para quien pidieron auditoria y destitución. Uno de
los oradores fue Javier Galeana Cadena, quien en su mensaje deseó “que se
gobierne Atoyac con seriedad y no con protagonismos personales ni con ridículos
ayunos altamente satisfechos con manjares hoteles y viajes pagados con dinero
del pueblo, del que solamente se han olvidado por sus sueños de gloria de los
que los atoyaquenses nos encaremos de darles un amargo despertar”.
La
marcha de Chilpancingo fue a mediodía, convocada por la cúpula empresarial de
ese lugar, pero luego apabullaron los priistas. La primera Dama Silvia Smuty y
sus empleados iban vestidos de blanco. Mucha gente iba de blanco y con globos
blancos era “la marcha por la paz y contra la violencia en Guerrero”, las
consignas fueron en contra de Televisa. Cuando estaba el mitin Rubén Figueroa
salió al balcón del palacio de gobierno.
Por la
tarde dos fuerzas antagónicas estuvieron a punto de chocar en la plaza cívica,
frente al malecón. Rubén Figueroa acudió acompañado del presidente municipal,
Rogelio de la O Almazán a esta manifestación de apoyo. De pronto el Frente
Cívico desplegó una manta en el kiosco que decía: “Alto a la violencia. Fuera
Figueroa de Guerrero”. Eran las 5:30 de la tarde, cuando un pequeño grupo
encabezado por Javier Mojica, Delia Garduño y Mirios Ramos colocaba la manta.
Pero de pronto un grupo de choque se vino sobre los frenteciviquistas quienes
después que los priistas les destrozaron la manta se refugiaron en la parroquia
Nuestra Señora de la Soledad, protegidos pos la prensa, porque una turba de
violentos priistas querían vengar la afrenta hecha a su gobernador.
El
incidente desbarató el acto, en que la plana mayor del PRI de Guerrero
encabezaba a unos 15 mil priistas, que portaban lonas y mantas entre las que
destacaban: “Televisa, basta de mentiras, en Guerrero hay gobierno y obra
social” y “Televisa quiere gobernar”.
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