Víctor
Cardona Galindo
“Quiero
dejar testimonio /de una sangrienta emboscada /en el vado de Aguas Blancas /es
donde fue preparada /planeada por el gobierno y por la motorizada”, cantó José
de Molina.
El
pleno del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero acordó, el 5 de enero de
1996, denunciar penalmente a ante la Procuraduría de Justicia, al diputado
local perredista Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, por “haber obstruido la
diligencia de exhumación de los 17 cadáveres de los campesinos muertos en Aguas
Blancas y por haber tomado violentamente el juzgado penal de Acapulco”.
Los
diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) salieron en
defensa de su compañero y condenaron la actitud del tribunal y demandaron que
“la exhumación se apegue a los criterios establecidos por la ONU, además de que
puedan fungir como observadores los organismos no gubernamentales nacionales e
internacionales”. Llegó a plantearse el desafuero de Bernardo Ranferi pero no
se concretó.
Al
conocerse la identidad de los ocupantes del helicóptero que llegó al vado de
Aguas Blancas después de la masacre, revelada por el fiscal Alejandro Varela
Vidales, el director de comunicación social del gobierno del estado, Carlos
Carrillo Santillán, comentó que estuvo en el lugar dos horas después para
“recabar datos sobre los acontecimientos” por instrucciones del secretario
general del gobierno Rubén Robles Catalán quien luego de estar en Aguas Blancas
se concentró en Coyuca de Benítez.
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Rocío Mesino Mesino y Bernardo
Ranferi Hernández
Acevedo con el cantaautor José de Molina en un
evento de la
Unión de Organizaciones de la Sierra
del Sur (USOS) en Chilpancingo. Foto cortesía
de la familia Mesino.
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Por su
parte Rubén Figueroa Alcocer dijo que Carrillo acudió al lugar “porque estaba
cumpliendo con su trabajo, fue por instrucciones mías para ver qué había
pasado, y es cosa normal”. El PRD cuestionó esa revelación porque señaló que en
el helicóptero también iba de pasajero el general brigadier del Ejército
mexicano Mario Arturo Acosta Chaparro. Un día antes, el 5 de enero, los
perredistas habían pedido al juez tercero de lo penal que lo llamara a
declarar, porque la enfermera Virgilia Galeana García decía haberlo visto subir,
vestido de judicial, al helicóptero en el vado de Aguas Blancas luego que
sucedió la masacre.
El 10
de enero de 1996, fueron consignados 20 policías motorizados más, culpados de
homicidio, lesiones y abuso de autoridad, en ese paquete estaban el director
operativo de la policía motorizada Manuel Moreno González, los comandantes
Lorenzo Roque Cortés y Francisco Sandoval Medina y los policías Fidel Apolonio
Ceferino, Nicolás Ramírez Rodríguez, Genaro Ramírez Liborio, Masabi Bailón
Cortés, Claudio Padilla Delgado, Irineo Gatica Rosario, Porfirio García Cano,
Policarpo Mendoza Tenorio, Antonio Barrera Tecuapa, Pedro Alcocer Castro, Jaime
Navarrete Valentín, Martín Chámes Castro, Marcelino Castro Castro, Faustino
Zamora Memije, Heriberto Hernández Moreno, Omar Figueroa Meza, Carmelo Muñoz
Gatica y Eloy Gutiérrez Casarrubias.
De
estos, 18 que se encontraban en activo fueron arrestados en sus cuarteles, y
dos más, Fidel Apolonio Ceferino y Policarpo Mendoza Tenorio, que desertaron de
la corporación antes de esa fecha, escaparon a la acción de la justicia. Entre
los detenidos estaba el comandante Lorenzo Roque Cortés, quien supuestamente
fue herido de un machetazo al comenzar la balacera, él como sus compañeros se
declararon inocentes al ser presentados ante la segunda secretaria de acuerdos
del juez tercero del ramo penal en
Acapulco.
Alejandro
Varela Vidales también consignó, ese día, por los delitos de homicidio,
lesiones, ejercicio indebido, abandono del servicio público y por ocultar
información de la que tuvieron conocimiento: al primer subprocurador Rodolfo
Sotomayor Espino, al director de gobernación Esteban Mendoza Ramos y al
delegado regional de gobernación Gustavo Martínez Galeana.
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Lienzo
que preparó el pintor Clévert Rea Salgado
alusivo a la masacre de Aguas
Blancas. Foto cortesía
de Clevert Rea.
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Las
órdenes de aprehensión fueron emitidas y se ejecutaron con prontitud. Ese mismo
día fueron detenidos el ex subprocurador de justicia, Rodolfo Sotomayor Espino,
el director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, el ex director
operativo de Seguridad Pública, Manuel Moreno González y el ex delegado de
Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana, quienes estuvieron
presentes en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio, antes, durante y después
de los hechos sangrientos.
La
defensa denunció que hubo excesos cometidos por los agentes federales que
ejecutaron las órdenes de aprehensión, publicó El Sol de Acapulco que un abuso sucedió el 10 de enero a las 9:25
de la mañana, “los de la judicial federal, llegaron al hotel Parador del
Marques, desarmaron y sometieron a los agentes de la judicial del estado (que
custodiaban a los ex funcionarios arraigados) para en seguida despojarlos de
sus armas”, cuando estaban tirados en el piso les pusieron el pie en la espalda
y les apuntaron en la cabeza con sus armas de alto poder.
Según
el fiscal, los cuatro funcionarios fueron los responsables de los delitos señalados
“porque pudieron evitar la masacre de Aguas Blancas” contra los campesinos, y
además ocultaron información en el transcurso de la averiguación previa. En el
documento de la consignación, el fiscal Varela Vidales plasmó que el operativo
del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas fue “ilegal, y contrario a la
función que deben cumplir los cuerpos de seguridad pública”. De acuerdo con el
resultado de su investigación no hubo motivo para que se provocara la balacera
en contra los campesinos.
Rocío
Mesino Mesino dijo que el fiscal estaba llevando a cabo una investigación
“dudosa”, durante un discurso pronunciado en Tepetixtla el 13 de enero para
conmemorar el segundo aniversario de la Organización Campesina de la Sierra del
Sur (OCSS) y en el marco de la Primera Jornada Nacional Contra las Violaciones
de los Derechos Humanos en México.
En un
comunicado el Ayuntamiento de Atoyac, encabezado por María de la Luz Núñez
Ramos y Wilibaldo Rojas Arellano, calificó como una señal alentadora la
detención de los cuatro funcionarios y 18 policías “en el sentido de que la
fiscalía especial avanza en sus investigaciones con paso firme y acorde con el
clamor de justicia de nuestro agraviado pueblo… Los autores materiales de la
masacre están siendo castigados, esperamos que también lo sean sus autores
intelectuales”.
Varela
reveló el 14 de enero, que los primeros estudios de balística realizado por
personal de la fiscalía, indicaron que la lona de la camioneta azul donde
viajaban los campesinos “presenta 283 perforaciones de bala”, la camioneta más
de 30 impactos y el parabrisas ocho en distintas partes.
El
fiscal Varela Vidales y el propio gobernador, Rubén Figueroa trataron de dar
por terminada la investigación con las detenciones del miércoles 10 de enero de
1996, porque según las declaraciones los
funcionarios ya detenidos y sujetos a proceso “pudieron haber evitado la
matanza, pues estuvieron presentes en el lugar de los hechos”.
Las
intenciones de dar por concluidas las investigaciones del caso, fueron
frustradas por la cantidad de las opiniones reprobatorias que vinieron de los
organismos nacionales e internacionales, que observaron en el fallo del fiscal
“una clara falta de voluntad para resolver el caso Aguas Blancas”. Al mismo
tiempo se confirmaba que el gobierno de Guerrero era “incapaz de actuar imparcial
y eficazmente debido al círculo vicioso del abuso e impunidad que se vive en el
estado”. Por esos días también la CNDH revelaba que no encontró evidencia
directa para probar que Rubén Figueroa fue el autor intelectual de los
homicidios cometidos en el vado.
A
finales de enero compareció ante la fiscalía especial el general Mario Arturo
Acosta Chaparro quien negó su presencia en el lugar de los hechos y el
gobernador Rubén Figueroa Alcocer envió su declaración por escrito. María de la
Luz Núñez Ramos exigió a la fiscalía que se hicieran públicas las declaraciones
de Acosta y las del gobernador. Varela Vidales dijo a los medios de
comunicación que la enfermera Virgilia Galeana “se retractó ante nosotros. No
reconoce haber visto al general Mario Arturo Acosta Chaparro en el lugar de los
hechos”.
Las
investigaciones continuaron. El 7 de febrero de 1996, la fiscalía ejerció
acción penal, por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio
público, en contra del subsecretario de protección y tránsito, Rosendo Armijo
de los Santos, del primer fiscal especial, Adrián Vega Cornejo, del agente
determinador central de Acapulco, Elías Reachi Sandoval, de la agente del
Ministerio Público de Coyuca, Francisca Flores Rizo, del agente auxiliar,
Javier Reyes Grande, del delegado regional de la procuraduría, José María
Alcaraz López, del agente del Ministerio Público comisionado, Gildardo López
Reyes, de los auxiliares, Jorge Rafael Reyes Serrano y José Antonio Clavel Díaz.
Ese
día también fueron consignados por idénticos delitos el jefe del departamento
de Servicios Periciales Francisco de Paula Ricart Álvarez y los peritos Alfonso
Alonso Piedra, Juan Olea Ventura, Gonzalo Barrera Abarca, Rafaela Cruz
Suástegui y Carlos Gruintal Santos. Y la directora de averiguaciones previas,
Blanca María del Rocío Estrada Ortega.
Varela
Vidales afirmó que el 28 de junio, “hubo manipulación en las actuaciones de
parte del determinador, Elías Reachi Sandoval, quien iba al frente del Ministerio
Público encargado de las diligencias con posterioridad a los hechos”.
Mientras
las investigaciones seguían sus curso, 11 casas fueron entregadas a igual
número de viudas de Aguas Blancas en la colonia La Loma de Coyuca de Benítez,
el 13 de febrero, en un acto encabezado por el secretario de gobierno estatal
Zotico García Pastrana. Las viviendas tenían un valor de 58 mil pesos. Dos más
fueron construidas en Atoyaquillo, una en Paso Real, otra en la Barra y una más
en Cuernavaca Morelos.
Mientras
la situación política se calentaba cada día más, los asesinatos colectivos a
manos de cuerpos policiacos continuaban. Aquel 19 de febrero de 1996, la
Policía Judicial del Estado emboscó, a las 11 horas, cerca de La Florida, a los
ganaderos Agapito Rojas Hernández, de 25 años, Genaro Martínez Sánchez, de 25 y
Miguel Rojas Cortés de 18 años de edad. Se supo que los judiciales intentaban
secuestrarlos, pero como los campesinos se defendieron el secuestro se frustró.
“Al
trasladarse cinco familiares de las víctimas del poblado El Paraíso a La
Florida, se encontraron con un grupo de agentes de la PJE, percatándose por las
huellas de sangre que uno de los agentes había sido herido”, dice un oficio de
la CNDH firmado el 2 de junio de 1997.
Por la
noche al estar velando a los difuntos, se enteraron que el judicial herido estaba
siendo llevado al puerto de Acapulco y por eso José Rojas Hernández, de 32
años, Isaías Rojas Osorio, de 26, Mauro Altamirano Osorio, de 22, Benigno
Figueroa Alquisiras, de 43 y Héctor Aguilar Navarrete, de 31 años, decidieron
trasladarse esa ciudad para conocer la identidad del agente y denunciar los
hechos, pero al ir tras el policía en el punto denominado El Roble, entre El
Papayo y El Zapote, fueron acribillados por policías judiciales dentro del
vehículo en que viajaban y arrastrados fuera de él. Todos tenían múltiples
heridas y tiro de gracia.
Esa noche también asesinaron a Marco Antonio
Fierro Camacho, de 27 años, quien se encontraba en el velorio y cuando iba
rumbo a su casa, fue acribillado frente al panteón de la cabecera municipal con
seis balazos calibre 380 en la espalda.
La
versión oficial decía que los agentes judiciales al ser agredidos dieron muerte
a los cinco campesinos y como responsables quedaron el comandante de la plaza
de Tecpan de Galeana, Leopoldo Benítez Pérez y el agente Leonel Rosales
Garduño. Los habitantes de El Paraíso, priistas, perredistas y ciudadanos sin
partido, tradicionalmente divididos y confrontados por motivos políticos, se
movilizaron para exigir justicia, con el apoyo del ayuntamiento perredista de
Atoyac.
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