Víctor
Cardona Galindo
“Ya me
cansé de llorar por esto que ha sucedido /mandaron a acribillar a indefensos
campesinos /Bajaban de Atoyaquillo, con otros de paro Real /y los emboscó el
gatillo del gobierno criminal”, dice una estrofa del corrido que compuso el
padre Máximo Gómez a la masacre de Aguas Blancas.
Al
notarse un mínimo avance en las investigaciones sobre la matanza de Aguas
Blancas, organismos defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como
internacionales, ejercieron presión sobre el ejecutivo nacional para que
esclareciera de manera objetiva el caso y deslindara responsabilidades sobre
los incriminados en la masacre.
Entre
las organizaciones internacionales que se solidarizaron con Guerrero destacaron:
Amnistía Internacional (AI); Physicians for Human Rights, la organización
Minnesota Advocates for Human Rights y el Centro de Justicia y Derecho
Internacional (CJDI). El Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales
(CDHLC), cuyo presidente Peter A. Schey visitó Guerrero a principios de
noviembre, también lo hizo el perito forense de Amnistía Internacional Morris
Tidball Binz quien recomendó una exhumación de los cuerpos para abril de 1996
con la presencia de más peritos extranjeros.
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Hilario
Mesino Acosta, uno de los fundadores
de la Organización Campesina de la Sierra
del Sur, al fondo el monumento a Lucio Cabañas
Barrientos. Foto: Francisco
Magaña.
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A
finales de noviembre, unos 30 judiciales vigilaban en sus domicilios a 15 ex
funcionarios a los que se les decretó un segundo arraigo domiciliario, del 24
de noviembre hasta el 24 de diciembre, entre ellos estaban el ex procurador
Antonio Alcocer Salazar, el subsecretario de Protección y Vialidad Rosendo
Armijo de los Santos, el director operativo de Seguridad Pública Manuel Moreno
González, el ex fiscal especial Adrián Vega Cornejo, el ex director de
gobernación Esteban Mendoza Ramos y el ex director de la Policía Judicial,
Gustavo Olea Godoy.
Estos
fueron señalados por la CNDH de haber obstruido y destruido pruebas para las
investigaciones del caso Aguas Blancas. Los agentes los acompañaban cuando
salían de sus casas. Por eso la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez
Ramos denunció que eran sus propios “guaruras”, los que cuidaban a los ex
funcionarios implicados en la masacre de Aguas Blancas, mismos que a pesar de
no estar en funciones seguían mandando en Guerrero.
Como
parte de la lucha por la desaparición de poderes en la entidad, el 26 de
noviembre, salió de Atoyac en caravana de carros un contingente que buscaba
llegar a la ciudad de México, pero a las tres de la madrugada del 28 se regresó
de Chilpancingo después de establecer acuerdos políticos con el gobernador
Rubén Figueroa Alcocer.
La
primer edil de Atoyac, Núñez Ramos declaró a la prensa que Atoyac no había
recibido apoyos financieros para implementar un plan de desarrollo que
contemplara la apertura de caminos, agua potable, drenaje y seguridad pública.
Por eso al reunirse con Figueroa y con funcionarios del ejecutivo estatal se
lograron importantes acuerdos entre los que destacaban: entregar al
Ayuntamiento de Atoyac cinco mil toneladas de cemento, 300 mil nuevos pesos para
terminar los puentes de La Pintada y Mexcaltepec, 328 mil nuevos pesos para la
reubicación del rastro municipal. También el acuerdo de construir viviendas a
cada una de las viudas de Aguas Blancas. Después de esto el Ayuntamiento de
Atoyac se retiró temporalmente de la lucha por la desaparición de poderes que
retomaría meses después.
A
partir de la masacre de Aguas Blancas, los principales dirigentes de la OCSS,
perseguidos por el gobierno, vivían a salto de mata, entonces emergió fuerte la
figura de Rocío Mesino Mesino, hija del fundador Hilario Mesino, quien tomó la
estafeta para dirigir la agrupación, exigiendo justicia y cárcel para los
responsables de la matanza.
Rocío
Mesino Mesino, nació en 1974 en la comunidad del Escorpión Municipio de Atoyac,
cursó sus estudios primarios en las comunidades de Agua Fría y San Juan de las
Flores municipio de Atoyac de Álvarez. Desde que se convirtió en la figura
principal de la OCSS, se inició una persecución y hostigamiento en su contra. En
los retenes del Ejército y de la Policía Judicial, los vehículos en que viajaba
eran revisados hasta por media hora y desde entonces hombres desconocidos la
seguían a donde fuera, como lo denunció muchas veces a la prensa. Rocío le tocó
encabezar lo que podríamos llamar una segunda etapa de lucha de la OCSS.
El 13
de diciembre de 1995, el fiscal especial
que el gobierno del estado puso para el caso Aguas Blancas, Alejandro
Varela Vidales, pretendió llevar a cabo la exhumación de los cuerpos de los 17
campesinos, pero fracasó. Los familiares de los caídos, con el diputado local
Ranferi Hernández Acevedo a la cabeza, se opusieron a la diligencia pidiendo la
presencia de peritos extranjeros. Se hablaba que de acuerdo a las necropsias
iniciales nueve de los 17 campesinos presentaban tiro en la cabeza.
Alejandro
Varela Vidales “engaño a las viudas y desestimó sus derechos cuando trató de
hacer la exhumación de cadáveres sin su consentimiento y sin las condiciones
técnicas requeridas por el protocolo de la ONU para éste tipo de diligencias,
de que Varela ni siquiera tenía conocimiento (…) El 13 de diciembre de 1995 el
fiscal se enfrentó a los familiares de las víctimas. Llegó a los cementerios de
Atoyaquillo, Tepetixtla y Paso Real, con el juez de causa, Adolfo Van Meeter y
un equipo de 40 peritos y decenas de policías sin uniforme”, publicó Maribel
Gutiérrez en su libro Violencia en
Guerrero.
El
fiscal intentó exhumar los cuerpos sin avisar de la fecha a los deudos, con el
fin de que no participaran los expertos que ellos pedían. A partir de entonces,
el diputado Hernández Acevedo fue el blanco de ataques del fiscal, del juez, de
políticos priistas, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Guerrero, Jesús Araujo quien quiso desaforarlo para proceder penalmente en su
contra.
María
de la Luz compareció, el 19 de diciembre de 1995, ante el fiscal especial Oscar
Varela, donde repitió lo que ya había dicho a la prensa sobre su comunicación
con Figueroa en 27 y 28 de junio por la tarde, y presentó su declaración por
escrito. El 22 de diciembre se extendió el arraigo otros 30 días para los
funcionarios implicados en el caso.
Habían
pasado seis meses desde que ocurrió la masacre y todavía nada estaba claro, las
investigaciones a un estaban estancadas, la exhumación de los cuerpos no se
había concretado, primero porque se opusieron las autoridades judiciales del
estado, luego el dilatado proceso para designar al fiscal especial Alejandro
Varela Vidales, quien sustituyó a Miguel Ángel García Domínguez que duró en el cargo
solamente tres semanas, porque fue nombrado magistrado del Poder Judicial en
Guanajuato, y finalmente porque los familiares exigían que estuvieran presentes
representantes forenses de organismos internacionales.
Cuando
se supo que ya Varela pretendía cerrar la investigación sin citar a declarar a
25 testigos sobrevivientes de la matanza, los familiares apoyados por miembros
de la OCSS y de la UOSS tomaron las oficinas de la fiscalía en Acapulco,
ubicadas en el condominio Balboa, en la calle Vasco Núñez de Balboa y Capitán
Malespina y ahí confirmaron que el fiscal buscaba exonerar a Figueroa.
“Pronto
se supo también que además de ser un gris y ambicioso abogado, Varela Vidales
tenía relación con Figueroa antes de ocupar la fiscalía… El nexo era el
representante de Figueroa en la ciudad de México, el abogado Luis del Toro
Calero (…) lo que colocaba a Varela fuera del perfil que marcó la CNDH para la
persona que debía encargarse de investigar la matanza de 17 campesinos”,
comenta Maribel.
Terminó
1995 con más violencia en Guerrero. El 28 de diciembre siete campesinos fueron
ejecutados en el poblado de Xochiapa, municipio de Alcozauca, en la región de
la Montaña. Las víctimas y los agresores iban vestidos con ropas tipo militar.
El comandante de la Novena Región Militar, general Tomas Enrique Salgado
Cordero, comentó que se trató de un enfrentamiento entre narcotraficantes.
La
masacre se registró en el camino de terracería que conduce a la comunidad de
Igualita, cerca de Alcozauca, en el paraje conocido como Barranca del Ídolo. Se
dijo que los hermanos Juan, Abel, Antolín y Raúl Olivera Rojas vecinos de la
comunidad de San Francisco Xochiapa que vestían ropas tipo militar, sacaron con
lujo de violencia de sus domicilios a los campesinos Aarón González Martínez, Nahúm
González García y Alberto Quiroz Mateos para matarlos. Cada uno presentaba tiro
de gracia. Luego los familiares y miembros de la comunidad les dieron alcance a
los asesinos que también murieron acribillados con balas de grueso calibre.
Luego,
Aarón Benítez Carbajal, hermano de uno de los comandantes implicados en caso
Aguas Blancas, fue asesinado por al menos dos sicarios el 31 de diciembre de
1995 en El Ciruelar municipio de Atoyac. De acuerdo con la nota de Pablo Alonso
Sánchez publicada en el Diario 17,
los hechos fueron a las ocho de la noche, el líder campesino recibió ocho
impactos de bala, al parecer de 10 milímetros. Fue levantado por sus familiares
y herido llevado a una clínica de San Jerónimo de Juárez donde murió al día
siguiente primero de enero de 1996.
“El
sujeto que le disparó llegó comprando una cajetilla de cigarros y al momento
que le despachaba, sacó una pistola de entre sus ropas y le disparó dejándolo
gravemente herido para posteriormente darse a la fuga”, dice Pablo Alonso.
Aarón Benítez era líder priista y mucho tiempo militó en la Coalición de Ejidos
de la Costa Grande. El 3 de enero fue sepultado en su natal Tepetixtla.
Así la
violencia continuaba a pesar de que la presencia de fuerzas policiacas y
militares en la sierra y la Montaña, era ya una constante y acentuada
mayormente en la comunidad de Tepetixtla, donde se localizaba el grupo más
combativo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Varela
Vidales realizó la reconstrucción de los hechos en el vado de Aguas Blancas.
Acreditó que los campesinos iban desarmados y que ya muertos les fueron
colocadas las armas de fuego. Pero al gobernador nada de responsabilidad. “Para
cubrir las apariencias consignó a 20 policías más, y 23 funcionarios. En
prisión quedaron cuatro ex funcionarios de nivel medio del gobierno de Figueroa
y 28 ex policías motorizados”, dice Maribel. Dos policías se dieron a la fuga
antes de ser aprehendidos.
También
el juzgado segundo de primera instancia del ramo penal liberó orden de
aprensión en contra de 80 policías de seguridad pública incluido su director
Manuel Moreno González por los delitos de abuso de autoridad y lesiones contra
55 indígenas. Por los hechos del 14 de septiembre de 1994 cuando miembros del
Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Negra, sufrieron un
desalojo violento en Chilpancingo por parte de la policía estatal, por lo que
la CNDH emitió la recomendación 32/95.
Por el
asesinato de Juan Rodríguez Nieves fueron detenidos tres campesinos de la OCSS:
Anastasio y Andrés Ascencio Domínguez, así como Romualdo Carrasco Benítez. Los
acusaban también del crimen de Belén Hernández Martínez y Benjamín Rodríguez
Jiménez, ejecutados a balazos el 22 de agosto de 1995.
El
viernes 5 de enero de 1996, el fiscal Varela Vidales, dio a conocer a los medios
de comunicación los nombres de los dos funcionarios que viajaron en el helicóptero
que sobrevoló la escena del crimen el 28 de junio. Según la fiscalía los
pasajeros de la nave fueron el entonces secretario de gobierno, José Rubén
Robles Catalán y el director de Comunicación Social, Carlos Carrillo Santillán,
quienes también rindieron su testimonio ante el Ministerio Público pero no se
les fincó responsabilidad penal. Algunos testimonios dicen que hubo más
pasajeros en ese helicóptero.
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