Víctor
Cardona Galindo
Durante
la segunda mitad de 1995 desarrolló, en algunos pueblos de Guerrero, una Guerra
de Baja Intensidad (GBI). A sólo tres meses de ocurrida la masacre de Aguas
Blancas, más de 50 personas habían muerto entre policías, campesinos,
perredistas, ciudadanos sin partido y priistas. La mayoría de las víctimas eran
campesinos que luchaban por sus derechos y demandas, que estaban cayendo a
manos de “misteriosos” escuadrones de la muerte.
También
algunos miembros de los cuerpos de seguridad pública estatal cayeron a manos de
alguna especie de resistencia, ya fuera de bandas de delincuentes comunes,
grupos de autodefensa o miembros de alguna célula guerrillera que ya operaban
Guerrero desde 1984. Tampoco se podía negar la existencia de bandas de
narcotraficantes, sobre todo en la parte alta de la sierra, donde ha persistido
el cultivo de amapola debido a su atraso en el desarrollo social y su orografía.
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La
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)
desde hace 21 años ha estado
siempre presente en la
lucha por la presentación de los desaparecidos políticos
de la década de los setentas. A la izquierda en la esquina
va Norma Mesino
Mesino, atrás camina Julio Mata
Montiel secretario ejecutivo del Afadem. Foto: Francisco
Magaña.
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“Esta
‘empresa’ ha operado de manera eficiente debido a sus fuertes vínculos tanto en
el interior como en el exterior del estado; sólo como ejemplo, mencionaremos
que debido a la incapacidad del gobierno para estructurar un programa de
desarrollo económico eficiente e incluyente, muchas comunidades indígenas y
campesinas se han dedicado a la siembra de estupefacientes como fuente de
trabajo y, por lo tanto, como fuente de ingresos para la satisfacción de sus
necesidades básicas; ‘el narcotráfico es fuente de poder económico, y de deterioro
y de cambio social maligno’”, dice Gabriel Alfonso Castillo Leyva y coautores,
en su tesis Inestabilidad Política en el
estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto.
Y
agregan: “Los grupos o células guerrilleras siempre han operado dentro del
estado y no sólo por sus manifestaciones históricas, sino también, por la misma
situación continua de autoritarismo y represión social institucionalizada que
durante años ha reinado en el estado… existen las estructuras del Partido
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y del Partido de los Pobres
(PROCUP-Pdlp), en Guerrero. Estas dos organizaciones nunca dejaron de existir,
desde mediados de la década de los sesenta han desarrollado una labor
revolucionaria protegidos por el pueblo”.
“De acuerdo con reportes de inteligencia militar
y de seguridad nacional son siete focos de conflicto que existen en el estado, Filo
Mayor, Alta Montaña, Baja Montaña, Costa Grande, Costa Chica, Teloloapan-Iguala
y Coahuayutla- Zirándaro donde operan el Partido Revolucionario Obrero Clandestino
Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp), el Ejército de Liberación
de la Sierra del Sur (ELSS), el Movimiento Popular Revolucionario (MPR), el
Ejército Insurgente de Chilpancingo (EICH), las Fuerzas Armadas Clandestinas
(FAC) o Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional (FACLN) y el
Ejército de Liberación del Sur (ELS)”, recoge Gabriel Alfonso Castillo Leyva y
compañeros.
Esta información
parece confirmarse con el ataque del 7 de julio de 1995, donde cinco policías estatales
murieron en una emboscada realizada por 40 hombres armados con AK-47 y R-15 en
el paraje Ojo de Agua, del municipio de Cualac, “un grupo llamado Brigada
Campesina de Ajusticiamiento reivindicó el ataque y dijo que era en respuesta a
la matanza de Aguas Blancas. En un comunicado enviado al diario El Financiero expresó: ‘Ya no queremos
quedarnos sentados a ver cómo mueren nuestros hermanos; la indignación que
hemos venido guardando desde hace tiempo nos ha llevado a la decisión de
responder a este crimen con la justicia del pueblo para enfrentar la
represión’”, asentó Maribel Gutiérrez en Violencia
en Guerrero.
Algunos
medios publicaban que grupos especiales del Ejército, de la PGR y cuerpos
policiacos del estado peinaban en septiembre la sierra madre del Sur con el
objeto de detectar supuestos grupos subversivos. En este contexto de
intimidación, la militarización de la entidad, la represión a los indígenas y
campesinos, el descontento social, la aparente tradicional presencia de la guerrilla,
la impunidad con la que se movían los grupos paramilitares y de los cuerpos de
seguridad pública y el autoritarismo gubernamental, provocaron un clima de
inestabilidad social en todo el estado, que se tradujo en lo que los estudiosos
llaman un “déficit de gobernabilidad”.
Un
hecho que conmocionó a la región de la Costa Grande fue que, el 4 de septiembre
de 1995, en un lugar conocido como El Venado, de la carretera que conduce a El
Paraíso, acribillaron a tiros al comandante de la policía comunal de esa
localidad, Adalid Araujo Ávila y al policía Armando Simbras Torres y ambos
resultaron muertos. La instalación de la policía comunal era un proyecto de
María de la Luz Núñez, como un ejercicio de seguridad ciudadana, para reducir
la ola de delincuencia que imperaba en las comunidades de Atoyac.
El 22 de
septiembre, un operativo inusual inició en la sierra de Petatlán. En ese
recorrido participaron miembros de un grupo antiterrorista y del Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano. El hecho se dio
porque los comisarios denunciaron que unas 20 personas encapuchadas recorrían
pueblos de esa demarcación afiliando gente para el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).
En el
proceso de investigación de la masacre de Aguas Blancas, el 22 de septiembre se
presentó ante el juez, el agente de gobernación Gustavo Martínez Galeana quien
dijo que el casete, que contenía la filmación de la operación que terminó con
la muerte de los 17 campesinos, se lo entregó a su jefe Esteban Mendoza Ramos.
– ¿Por qué te pusiste nervioso? –Le preguntó la prensa, después de perseguirlo
por los juzgados, –“Cualquiera se pone
nervioso, si no estaba en misa”, –contestó sobre su declaración ante el juez tercero
de lo penal Adolfo Van Meeter Roque.
Gustavo,
quien fue el encargado de videograbar el operativo del 28 de junio, comentó
“después del enfrentamiento de balas cruzadas no hubo ningún disparo… Permanecí
aturdido dentro de mi camioneta, porque estaba lloviendo… Ya no vi… no sentía,
no sabía qué hacer, como autómata encendí mi camioneta y me vine a Coyuca”. Y sostuvo
la versión de los policías de que los campesinos también dispararon.
Al día
siguiente, el sábado 23 de septiembre, cuatro policías de la motorizada y tres
municipales murieron en una emboscada en Ajuchitlán del Progreso, en la región
de la Tierra Caliente. Para entonces 740 policías motorizados habían sido
descentralizados a 51 municipios, con motivo de la recomendación 104/95 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En
esta tercera emboscada, después de la de Aguas Blancas, los fallecidos fueron:
el segundo comandante de la motorizada, recién desincorporado, Cayetano Hidalgo
Chino, de 28 años y los policías estatales Feliciano Ramírez Lorenza, de 28
años; Alfredo Adame Emigdio, de 28 años y Armando Vargas Olea, de 31 años. De
los policías municipales fallecieron: Juan Araujo Díaz, de 28 años; Erasto
Salazar Mondragón, de 23 años y Félix González Mondragón. El ataque fue en el
paraje denominado Corre Pescado, aun kilómetro de la cabecera municipal.
La
alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, no aceptó a los 10 policías
estatales que venían para el municipio de Atoyac. Por considerar que la mayoría
de los elementos estaban ligados a integrantes de bandas de delincuentes, pero
además eran autores de los asaltos que se daban en la región, a menudo los
policías del estado extorsionaban y en los retenes que instalaban les quitaban
el dinero a los campesinos.
En
La Cebada municipio de Atoyac, cuatro campesinos fueron acribillados por
hombres uniformados como militares. Fue el 26 de septiembre de 1995, por la
noche, cuando llegaron cinco hombres, que nadie conoció, con armas de alto
calibre, con uniforme verde olivo y entraron a las casas de las víctimas. Los
sacaron con violencia, les ataron las manos a la espalda, y los llevaron rumbo
a El Camarón donde les dispararon. Los muertos fueron Macario Rodríguez
Galeana, de 36 años; su hijo de 16 años, Santana Rodríguez de la Cruz; Ausencio
Isabel Mundo, de 45 años y Eliseo Galeana Guerrero, de 25 años. Cuando algunos
reporteros llegaron al lugar de los hechos, unos niños jugaban con los cascajos
de las balas que mataron a su padre.
Ese
clima de violencia traducido en asesinatos y masacres provocó que el 27 de
septiembre un grupo de personajes entre obispos, senadores y campesinos se pronunciaran
en contra de la inestabilidad que vivía la entidad y el 30 de septiembre
renunció el fiscal especial del caso Aguas Blancas, Miguel García Domínguez,
para irse a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de su natal
Guanajuato.
Unos
días después, el miércoles 18 de octubre fueron asesinados en El Huapinolar los
campesinos Alberto Rosendo y Miguel Vázquez García, cuatro campesinos más
fueron heridos en la plaza de Tepetixtla. Al día siguiente llegó un operativo
de 70 agentes de la Policía Judicial. De todas maneras el 20 de octubre, fueron
asesinados los hermanos Evaristo y Bernardo Nava Hernández, miembros de la
OCSS.
Luego,
por lo menos 250 miembros del Ejército Mexicano, 100 policías judiciales del
estado y 50 de la federal arribaron el sábado 21 a Tepetixtla para tratar de
contrarrestar la ola de violencia de la última semana. Unos llegaron caminando
otros a bordo de tanquetas.
Mientras
en Coyuca por cuarta ocasión, perredistas tomaron el 25 de octubre, el edificio
del Comité Municipal del PRI en Coyuca de Benítez. Para estas fechas se hablaba
que el Ayuntamiento de Jesús Herrera Vélez tenía un desvío de 900 mil nuevos
pesos. Ese mismo 25 de octubre, la
Policía Judicial del Estado detuvo en Tecpan de Galeana a Zaragoza Flores Bello
como autor intelectual del atentado contra la líder perredista Martha Morales
Vázquez.
Después
de la renuncia de García Domínguez nadie quería aceptar el “paquetito” de la
fiscalía especial. La comisión especial del Congreso local, para el caso Aguas Blancas,
se la pasó durante un tiempo buscando quien tomara el cargo y cabildeando con
la Secretaría de Gobernación los nombres. Alejandro Oscar Varela Vidales sería
el tercer fiscal, para el caso Coyuca nombrado el 9 de noviembre, cinco semanas
después que renunciara el segundo.
Ese
mismo día jueves el Congreso concedió la licencia a Jesús Herrera Vélez.
Ezequiel Zúñiga Galeana fue nombrado en su lugar y como segundo síndico se designó
al perredista Héctor Manuel Ponce Radilla, violando la constitución política de
Guerrero que estipulaba que se nombraría un segundo síndico en los municipios
que tuvieran una población mayor a los 150 mil habitantes y Coyuca de Benítez
apenas tenía 70 mil.
Después
del nombramiento de Ezequiel Zúñiga Galeana el plantón continuó, el nuevo
alcalde comenzó a trabajar en un domicilio particular. Un grupo de perredistas
se inconformó por la designación de Héctor Manuel Ponce Radilla de quien
dijeron tenía cuatro órdenes de aprehensión y en su lugar querían a Roberto
Acosta Orostieta.
El
gobierno del estado comenzó a realizar obras en la zona de Tepetixtla y a
pavimentar la carretera que conduce a esa comunidad, a mediados de noviembre ya
avanzaban los trabajos. Por el homicidio de los priistas Miguel Ángel, Adelaido
y Rosendo Vázquez García, fue detenido el militante de la OCSS Faustino Valente
Castro y había crecido la lista de órdenes de aprehensión en contra de miembros
de esa organización.
En
Coyuca, Honorio de los Santos Gil de 65 años, aliado de los perredistas en el
movimiento contra Jesús Herrera Vélez, sufrió un atentado el lunes 20 de
noviembre por la mañana y fue herido de tres balazos en las piernas. La policía
judicial lo atacó cuando salía de su domicilio a las 8:30 en la colonia El Pugido.
La versión oficial fue que se negó a entregar la pistola 9 milímetros que traía
en la cintura y le hizo frente a los agentes con quienes se dio de balazos.
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