Víctor
Cardona Galindo
Algunas
agrupaciones consideraron que la recomendación, 104/95 de la CNDH, estaba incompleta
porque no incluyó la responsabilidad del general brigadier Mario Arturo Acosta
Chaparro, quien habría llegado en el helicóptero azul al vado de Aguas Blancas
después de la masacre. Tampoco alcanzaba al operador político del gobierno, el
subsecretario de finanzas Héctor Vicario Castrejón y al propio gobernador Rubén
Figueroa Alcocer.
Acosta
Chaparro se estaba moviendo en Guerrero como “asesor” del gobernador, auspició
la formación del grupo Tigre, un comando parapolicial encargado de operaciones
especiales y que estaba bajo las órdenes de Elías Reachi Sandoval titular de la
agencia central del Ministerio Público en Acapulco.
Se
supo de su presencia en Atoyac, el 21 de junio de 1994. Por la mañana, el
general contrainsurgente estuvo presente en la reunión que el padre Máximo
Gómez sostuvo con Rubén Figueroa Alcocer en las oficinas de la estación de
radio Stereosol y escuchó parte de esa conversación. Por la tarde, agentes de
la Policía Judicial del estado miembros del grupo Tigre catearon las
instalaciones de la parroquia El Dios Único del padre Máximo Gómez Muños buscando
de armas. Al frente de la operación iba el propio Mario Arturo Acosta Chaparro,
el capitán Alfredo Mendiola y Elías Reachi Sandoval.
De
acuerdo con los datos recogidos por Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero Acosta Chaparro
estuvo el 26 de junio de 1995 en la oficina de Figueroa en el palacio de
gobierno de Chilpancingo donde habló “sobre grupos que hacen asambleas y
entrenamientos armados en el área llamada ‘El Triángulo’ que se forma en el
mapa trazando líneas de Atoyac a Coyuca y a Tepetixtla (…) El propio Acosta
Chaparro divulgó después una interpretación en la que parecen en la zona de ‘El
Triángulo’, la OCSS, el PROCUP y el Partido de los Pobres (Pdlp), como
peligrosos para el gobierno federal y estatal porque pueden levantarse en armas
en cualquier momento”.
Acosta
Chaparro hacía suposiciones sobre sacerdotes a los que señalaba como
guerrilleros: Jesús y Ramón Mendoza Zaragoza, Orbelín Jaramillo y Pedro Rumbo
Alejandri quienes según su imaginación controlaban “El Triángulo”. Esas
suposiciones del general influirían en las decisiones de Figueroa en torno a la
OCSS. Después del 28 de junio Acosta Chaparro se reunió nuevamente con el
gobernador de Guerrero. Por eso se denunció que el brigadier tenía
participación en los hechos de Aguas Blancas.
A
partir de la llegada de Figueroa Alcocer, a la gubernatura, regresaron
funcionarios que participaron en la persecución a la guerrilla en la década de
los setentas, “como el procurador Antonio Alcocer que en esa época fue juez
penal en Acapulco y el determinador del Ministerio Público, Elías Reachi
Sandoval, que fue subjefe de agentes del Ministerio Público en los tiempos de
Figueroa Figueroa y en 1995 era gerente de la empresa de Transportes Figueroa,
propiedad del gobernador y su familia. Esos funcionarios trabajaron en el
gobierno de Figueroa Figueroa vinculados al entonces director de las
corporaciones policiacas estatales, Mario Arturo Acosta Chaparro”, dice
Maribel.
Héctor
Vicario Castrejón se movía, por la sierra de Atoyac y Coyuca con una escolta
armada, ofreciendo dinero a los dirigentes de la OCSS y a los heridos de la
masacre de Aguas Blancas para tratar de acallar sus denuncias y manifestaciones
de inconformidad. Una noche se presentó en la casa de Hilario Mesino Acosta
para ofrecerle dinero a cambio de volver al diálogo con el gobierno a Benigno Guzmán
le enviaba mensajes por medio de un hermano.
“Buscaba,
con dinero, borrar la historia que muchos conocen. Pretendía comprar
declaraciones falsas, favorables al gobierno de Figueroa, o por lo menos el
silencio. ‘Ya no sigas declarando en contra de mi gobierno’, le dijo al joven
campesino Norberto Pastrana Gallardo, sobreviviente de la matanza de Aguas
Blancas, que fue herido de bala en un brazo. Y sacó de su portafolios 40 mil
nuevos pesos en efectivo, que le dio antes de cerrar con una amenaza: ‘Ya sabes
lo que te puede pasar si sigues chingando al gobierno’”, recogió para la
historia Maribel Gutiérrez.
El
miércoles 2 de agosto, durante una reunión, Pastrana Gallardo entregó 30 mil
pesos a su pueblo Paso Real y tomó 10 mil pesos que era la cantidad que el
gobierno estaba dando a los heridos. “La asamblea acordó que ese dinero quedara
como fondo para que la comunidad siguiera participando en las movilizaciones
para exigir justicia”.
A los
heridos, además de ofrecerles dinero por su silencio, se les obligó firmar
actas sobre su declaración las cuales nunca leyeron y no supieron de su
contenido.
Enrique
Soto Oliver de la Asociación de Abogados Democráticos señaló que era ilegal que
Vicario ofreciera dinero del erario, con el fin de tratar de componer la imagen
del gobernador. Propuso que “los funcionarios responsables paguen de su peculio
las indemnizaciones y los gastos ocasionados por los actos represivos que
cometieron”.
La
Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia dijo que los cambios en el
gobierno del estado derivados de la recomendación no son una “rectificación de
fondo”, y criticó los nombramientos que hizo el gobernador que muestran que
“Rubén Figueroa pretende seguir gobernando sólo con un pequeño grupo de
incondicionales y bajo la misma línea”. Señaló que los funcionarios nombrados
son “fichas del mismo dominó” que eran empleados subordinados a los
destituidos, y destacó el caso del director de la Policía Judicial Erik
Montufar, quien era secretario del destituido Gustavo Olea Godoy.
El
Palacio Municipal de Coyuca seguía tomado, Jesús Herrera Vélez se negaba dejar
la alcaldía y despachaba en el edificio del PRI, donde el 16 de agosto
militantes del PRD y de la OCSS le hicieron un mitin, para pedir su salida y la
del síndico Jorge Serna Guerrero.
Mientras
en la sierra las cosas estaban a rojo vivo, Belén Hernández Martínez de 60 años
y Benjamín Jiménez de 55 años, ambos de militancia priista, fueron asesinados
el 22 de agosto en Tepetixtla. Primero cayó Belén a las 7:30 y Benjamín
alrededor de las nueve de la mañana. En el primer caso se encontraron huellas
de 15 personas y el segundo de siete. Sus cuerpos fueron destrozados con
disparos de AK-47, M-1 y escopetas calibre 12.
En las
afueras de Tepetixtla fueron vistos hombres armados con ropas negras y el
rostro cubierto. Algunas voces se quejaban de que tenía año y medio que habían
iniciado los secuestros en la zona. Los priistas acusaban a los de la OCSS de
ser los sospechosos de los ilícitos.
El 23
de agosto se publicó una nota en El Sol
de Acapulco donde pobladores de la sierra denunciaban que 12 personas de El
Molote, municipio de Atoyac, adquirieron un buen lote de rifles AK-47 conocidos
como Cuernos de chivo. Una Asociación
Estatal Independiente de Derechos Humanos acusaba a ese grupo armado de
asesinar el 27 de julio a los campesinos Gerardo Martínez Simbras de 21 años y
a Víctor Simbras Figueroa. Aunque llamaba la atención que este grupo subversivo
estaba ligado a los talamontes, así lo decían los denunciantes.
La
OCSS se incorporó a la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) y
encabezados por Bernardo Ranferi Hernández Acevedo realizaron una marcha a la
ciudad de México en la que participaron alrededor de 500 campesinos, salieron
el jueves 24 de agosto de Chilpancingo y el 25 estuvieron en Iguala. El 27 de
agosto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo su “Consulta
nacional por la paz y la democracia”.
El 29
de agosto fue designado Miguel Ángel García Domínguez agente del Ministerio
Publico encargado el caso Coyuca de Benítez. Según los análisis políticos de la
época, el gobierno estatal únicamente habría cumplido cuatro puntos de la
recomendación y los 11 restantes habían sido parcialmente acatados. Si bien el
gobernador designó a Miguel Ángel García Domínguez, como nuevo Fiscal Especial
para el “caso Coyuca”, éste nombramiento no cumplía con el requisito de que no
debería tener ningún vínculo con el gobierno, ya que según la Coordinadora
Suriana por la Paz y la Democracia, la relación entre el nuevo Fiscal y los
Figueroa (padre e hijo) era añeja; lo que significaba que el gobernador Rubén
Figueroa no cedía y continuaba en su misma línea dura e inflexible ante toda
manifestación de oposición a los actos gubernamentales, además de mostrarse
insensible ante la delicada situación que vivía el estado.
El 3
de septiembre la Coordinadora Suriana por la Paz y la democracia realizó una
conferencia de prensa en Acapulco, ahí la alcaldesa de Atoyac María de la Luz
Núñez Ramos “consideró que el gobernador Figueroa no ha cumplido plenamente la
recomendaciones de la CNDH, ‘Las ha cumplido a su modo’, no de manera efectiva
ni como lo señala la misma comisión, dijo, y puso como ejemplo el punto 14, que
se refiere a impulsar programas de desarrollo para Atoyac y Coyuca, sobre lo
‘no hay nada’”, publicó El Sur. Luego
una delegación de la Coordinadora Suriana se reunió el 6 de septiembre con el
subsecretario de gobernación Arturo Núñez en la Ciudad de México.
El mismo día que se vencía el arraigo de los 19
ex servidores públicos coparticipe en la masacre de Aguas Blancas, el 30 de
septiembre renunció García Domínguez y el 2 de octubre el Congreso local aceptó
su renuncia, 17 días estuvo al frente de las investigaciones.
Durante
el mes de octubre los actos de intimidación de los agentes de gobernación
alcanzaron a dirigentes del PAN y al Frente Cívico de Acapulco. Mientras el gobierno
estatal por medio de Elías Reachi Sandoval preparó un montaje para que un
pistolero de nombre Gabino de la Cruz Mariano acusara a David Molina Francisco de
haberle pagado para que matara al también perredista Orlando Romero Romero. El
supuesto pistolero dijo que Molina quería matar a Orlando para causar caos en
el estado.
El día
que hicieron una manifestación en defensa de Molina Francisco, y para demandar
la caída de Figueroa, el 14 de octubre de 1995, fue acribillada la dirigente
perredista Martha Morales Vázquez, médica de profesión y una de las principales
activistas del PRD en la Costa Grande quien fue candidata a la presidencia
municipal de Tecpan de Galeana.
En el
mitin de Coyuca de Benítez, “los dirigentes regionales manifestaron su rechazo
a las acusaciones del gobierno del estado contra David Molina Francisco. En una
breve intervención, Martha Morales calificó de ‘absurdas’ las acusaciones
contra Molina. Y concluyó, con ironía, preguntando ¿qué tiene Figueroa en la
cabeza?: ‘Sería necesario preguntarle a Figueroa (con el puño se tocó dos veces
la cabeza) tan tan ¿hay alguien?’”, es una imagen que plasmó Maribel Gutiérrez
de aquel día.
Cuando
llegaba a su domicilio luego de participar en el foro de Coyuca de Benítez fue
agredida junto a Baldomero Galeno Lagunas. Dos pistoleros les dispararon con
armas 9 milímetros, Martha recibió un disparo en el cuello que penetró por el
lado izquierdo. El proyectil le destrozó la vértebra cervical. Baldomero
recibió 3 balazos en el abdomen.
Según
los testimonios recabados, Baldomero Galeno Lagunas acompañó a la doctora hasta
la puerta de su casa, donde los recibió su esposo Reynaldo Soria Juárez,
presidente del PRD en Tecpan de Galeana y médico propietario de la clínica San
Luis Rey. “Se estaban despidiendo en la entrada de la casa, cuando aparecieron
dos jóvenes desconocidos. Uno de ellos preguntó: ¿la doctora Martha Morales?
Ella alcanzó a decir: soy yo, mientras el desconocido levantó una pistola y le
disparó una bala expansiva calibre 9 milímetros, que le atravesó el cuello. Los
pistoleros siguieron disparando y cayó herido Baldomero Galeno”. Heridos fueron
trasladados al hospital general del IMSS en Acapulco donde el 6 de noviembre
murió Martha Morales tras 22 días de agonía. Tenía 42 años de edad.
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