Víctor
Cardona Galindo
El 5
de julio de 1995, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó ante
la comisión permanente del Congreso de la Unión, que se integrara una comisión
especial para dar seguimiento a los acontecimientos de Coyuca de Benítez y se convocara
a un período extraordinario de sesiones para tratar el tema de la desaparición
de poderes en Guerrero. Pero todas las propuestas fueron rechazadas por la
mayoría priista.
Ese
mismo día, miércoles 5, se suscitó otra masacre en el estado. Una banda de
cuando menos 10 hombres, con rifles de asalto, asesinaron a balazos a otras 12
personas, entre hombres, mujeres y cuatro niños, cerca de San Rafael municipio
de San Miguel Totolapan. Dos días después, en Cualac murieron emboscados cinco
policías.
También
el PRD presentó, el 7 de julio, una demanda formal y legal, ante la
Procuraduría General de la República (PGR), a través del secretario de Asuntos
Jurídicos y Reforma del Estado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Samuel
del Villar contra del gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer
y las autoridades policiacas estatales responsables del homicidio colectivo en
Aguas Blancas.
Fue en
estas fechas cuando el gobernador Rubén Figueroa Alcocer expresó: “al parecer,
los miembros de la organización forman parte de grupos clandestinos como el
Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido
de los Pobres (Pdlp) que participaron en la guerrilla guerrerense”.
Los
dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en la Costa
Grande encabezados por Hilario Mesino Acosta negaron tener vínculos con el
PROCUP-PdlP, dijeron que el gobernador del estado comentó eso “sólo con el fin
de justificar los crímenes cometidos por el gobierno y justificar las próximas
detenciones, desapariciones y asesinatos”. Luego el 11 de julio el PROCUP-PdlP
negó tener nexos con la OCSS.
En esos días el padre Máximo Gómez Muñoz, el líder de
la Coalición de Ejidos de la Costa Grande Zohelio Jaimes Chávez y la alcaldesa
de Atoyac María de la Luz Núñez Ramos dijeron al reportero de Proceso Álvaro Delgado “que las
condiciones de violencia que prevalecen ‘son las mismas que abonaron el
surgimiento’ de la guerrilla, que dejó centenares de desaparecidos, quienes
siguen siendo reclamados por sus familiares”.
Antes
de los hechos de violencia ocurridos en Coyuca de Benítez, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) hizo, al gobierno de Rubén Figueroa, diversas recomendaciones
de suspensión de funcionarios públicos por excesos, abuso de poder y
violaciones a los derechos humanos, mismas que no fueron atendidas por el
ejecutivo estatal. Como la que pedía la destitución del director de Seguridad
Pública mayor Manuel Moreno González por el desalojo violento a los miembros del
Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Negra, ocurrido el 14 de
septiembre de 1994, donde al menos 30 personas resultaron golpeadas por la
policía estatal, por lo que la CNDH emitió la recomendación 32/95.
Al
crecer las movilizaciones de descontento social, el gobierno del estado
respondió con una ofensiva hacia el movimiento, primero fue la campaña de
desprestigio contra la OCSS y el PRD, luego ofreció dinero a los representantes
de la OCSS y les propuso atender todas sus demandas a cambio de entablar un
diálogo con el gobierno, frenar las marchas y plantones en exigencia de la desaparición
de poderes.
La
ofensiva gubernamental también incluyó la militarización en la mayor parte del
estado, bajo el argumento que era un operativo por el combate a las drogas y no
para intimidar a las comunidades donde tenía presencia la OCSS y otras
organizaciones independientes. “Hemos encontrado un gran número de efectivos y
con armamento sofisticado”, declaró a los medios de comunicación Rubén Aguirre
Ponce líder perredista en Petatlán. Mientras en Atoyac la alcaldesa María de la
Luz Núñez Ramos fue amenazada de muerte mediante anónimos y ella públicamente
responsabilizó al secretario general de gobierno Rubén Robles Catalán.
Con la
presencia de este clima de incertidumbre, el sábado 15 de julio de 1995,
asesinaron en Tepetixtla a Ismael Mena Álvarez y Eugenio Aguirre Bahena, cuando
salían de las oficinas de la OCSS, con los que sumaron 19 militantes de esta
organización ultimados en menos de un mes.
Para
el 24 de julio se hablaba de gente encapuchada en Tepetixtla, mientras
efectivos del Ejército y algunos agentes de la Policía Judicial Federal se
mantenían en las cercanías del pueblo. Habían visto subir a la tropa en grandes
números pero nadie estaba seguro ni los priistas ni los miembros de la OCSS.
Había
muchas movilizaciones que pedían la desaparición de poderes en Guerrero. Como
la que se realizó el 28 de julio en Acapulco convocada por la Coordinadora
Suriana por la Paz y la Democracia. Ese día, un grupo de militantes de la OCSS,
muy radicalizados, con el rostro cubierto y portando cuchillos y machetes, se
dedicaron a realizar pintas y en diversos edificios por donde pasó la
movilización, a la altura de la Gran Plaza estuvo a punto de darse un
enfrentamiento entre los campesinos enmachetados y perredistas de Atoyac,
cuando éstos últimos no quisieron participar en la golpiza que le propinaron,
los otros, a un policía desarmado afuera de ese centro comercial.
Buscando
justicia, el PRD llevó el caso a las instancias internacionales, presentó una
denuncia ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) para que
ésta instancia solicitara al gobierno mexicano permiso para investigar el caso Guerrero.
De igual forma, dirigentes y legisladores de ese partido presentaron ante la
sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, una denuncia
contra el gobernador Rubén Figueroa como responsable de la masacre de Aguas
Blancas.
Por
otro lado, el secretario de Asuntos Políticos de los Estados Unidos Joseph
Manso, visitó la entidad con motivo de la muerte de los 17 campesinos, pero según
la embajada de ese país fue para entender y tratar de manera apropiada los
asuntos de la relación entre México y Estados Unidos y no con la finalidad de
investigar los hechos.
El
primero de agosto apareció una nota en El
Sol de Acapulco donde priistas denunciaban un complot de Cuauhtémoc
Cárdenas y Arturo Martínez Nateras para desestabilizar el estado, “este último
desde la cooperativa La Pintada… politiza delincuentes y pretenden crear un
corredor violento desde Chiapas, Michoacán y Guerrero”.
Luego
se denunció una vez más que en Tepetixtla se vieron 12 hombres vestidos de
negro, con botas militares y encapuchados. Se decía que eran pistoleros que
subieron a matar a los de la OCSS. Y otros especulaban que eran los de la OCSS
que ya andaban alzados. A este grupo se le atribuyeron asaltos y asesinatos.
El 4
de agosto de 1995, un grupo de perredistas, encabezado por Martha Morales
Vázquez y Reynaldo Soria Juárez, protestaron por los hechos de Aguas Blancas y
destruyeron el templete que sería utilizado para recibir al gobernador Rubén
Figueroa en Tecpan de Galeana. Luego, cuando unos 800 priistas realizaban una
marcha en apoyo al mandatario estatal, los perredistas les salieron al paso y
le lanzaron proyectiles entre los que iban piedras, huevos y jitomates. Hubo
varios priistas descalabrados que fueron al hospital.
A las
7:30 de la mañana se suscitó el primer connato de violencia cuando los priistas
instalaban el templete en la plaza cívica para recibir al gobernador Rubén
Figueroa, los perredistas que tenían 20 días en un plantón para exigir la
desaparición de poderes en estado destruyeron lonas y templete. Más tarde cuando
los priistas marchaban y los perredista les hicieron frente.
Félix
Rea escribió en El Novedades que hubo
“dos heridos por el partido oficial, mientras los solaztequistas, quienes
iniciaron la agresión a huevazos, solo una señora recibió un golpe en pómulo
que le rompió la piel hasta el hueso”. Después de esto Rubén Figueroa no llegó
al acto que tenía programado para entregar recursos a la región.
Casi a
diario había movilizaciones, el 9 de agosto perredistas realizaron un bloqueo
parcial a la altura del puente del río Coyuca para exigir el desafuero del
presidente municipal Jesús Herrera Vélez. La protesta inició a las 9 y media de
la mañana frente al Ayuntamiento provisional y a las una de la tarde se
trasladaron al puente de la carretera federal donde instalaron un retén
informativo. Además de la salida de Jesús Herrera Vélez, pudieron justicia para
el caso Aguas Blancas y la desaparición de poderes en Guerrero.
Al día
siguiente, 10 de agosto, a las cinco de la tarde, fue asesinado el campesino
Juan Rodríguez Nieves de 45 años de edad en la calle principal de Coyuca, del
crimen acusaron al dirigente de la OCSS José Ascencio Rodríguez y a Benito
Aguirre Bahena. Según el Ministerio Público de Coyuca a Juan Rodríguez Nieves
se le seguía una averiguación previa por el crimen de Ismael Mena y Eugenio
Aguirre Bahena.
El
Congreso del Estado nombró una comisión especial plural para darse seguimiento
al caso Coyuca. Pero tuvieron que pasar varios días y muchas movilizaciones por
parte de organizaciones políticas y campesinas guerrerenses, para que Figueroa
decidiera relevar al fiscal especial para la investigación del multiasesinato,
Adrián Vega Cornejo, y nombró a la presidenta de la Barra de Abogados de
Acapulco, Virginia López Valencia. La recomendación de la CNDH dejó fuera esa
decisión porque recomendó que el fiscal especial debiera ser un jurista ajeno a
los grupos políticos de Guerrero.
En 360
páginas de la recomendación 104/95 con fecha 14 de agosto, la CNDH hizo 15
recomendaciones y señaló que en su investigación sobre el caso “encontró numerosas
irregularidades en la integración de la averiguación previa de los hechos y
calificó las conclusiones de los criminalistas de la Procuraduría de Justicia
del Estado (PJE) como infundadas, erróneas y aventuradas” y luego envió la
recomendación al gobernador donde pedía la remoción y arraigo de 22
funcionarios, entre los que destacaban el secretario de Gobierno Rubén Robles
Catalán y el procurador Antonio Alcocer Salazar.
La
CNDH recomendó fincarles responsabilidades administrativas y averiguaciones
previas contra Elías Riachi Sandoval y Javier Reyes Grande, agentes del Ministerio
Público de Acapulco; Francisca Flores Rizo agente del Ministerio Público de
Coyuca de Benítez; Gonzalo Barrera Abarca y Rafaela Cruz Suástegui, peritos
criminalistas; así como a Juan Olea Ventura y Carlos Gruintal Santos, peritos
químicos forenses de la procuraduría; “por su ilícita, irregular, deficiente y
negligente participación en la integración de la Averiguación Previa
TAB/I/3208/95, por haber ocultado, destruido o impedido la observación de
evidencias fundamentales”.
La Coordinadora
Suriana por la Paz y la Democracia, un frente compuesto por distintas
organizaciones, agrupadas después de la masacre de Aguas Blancas exigieron al
gobernador que no sólo destituyera a los principales funcionarios de su
gabinete, sino que también cumpliera las recomendaciones de la CNDH de poner en
marcha programas de apoyo al campo, de desarrollo social, de asistencia y
seguridad pública, de procuración y administración de justicia, de creación de
condiciones para la vigencia de los derechos humanos y de representación
política y democracia.
A los
pocos días de haber recibido la recomendación de la CNDH, Rubén Figueroa comenzó
a cumplir parcialmente las recomendaciones y realizó cambios en su gabinete, el
presidente del Congreso local Zotico García Pastrana sustituyó a Rubén Robles
Catalán. Para la oposición y para las organizaciones integradas en la
Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia, la remoción de funcionarios no
constituyó un cambio real en el gobierno, fueron cambios meramente formales, “cambios
por escalafón”, se diría
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