Víctor
Cardona Galindo
Después
de la masacre de Aguas Blancas perpetrada por policías motorizados en la que
murieron 17 campesinos, las acciones de intimidación hacia la población no se
hicieron esperar. El Ejército intensificó sus patrullajes en los caminos de
terracería que llevan a las comunidades de donde se nutrió la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), como Paso Real, Atoyaquillo,
Yerbasantita y Tepetixtla.
“El 30 de junio de 1995, dos días después de
la matanza de Aguas Blancas, cuando los campesinos no habían terminado de
enterrar a sus muertos, aviones y helicópteros militares sobrevolaron Paso Real
y Atoyaquillo, los pueblos de origen de las víctimas, así como el vado de Aguas
Blancas y la ciudad de Coyuca de Benítez, donde además el Palacio Municipal,
tomado por perredistas, era vigilado a cierta distancia por efectivos de la
Marina Armada. También hubo movimientos de tropas hacia la sierra, con
incursiones en los pueblos, patrullajes e interrogatorios”, asentó Maribel
Gutiérrez en su libro Violencia en
Guerrero.
En la
escena política, el 30 junio en Acapulco, el gobernador Rubén Figueroa se
reunió con los deudos de las víctimas donde les aseguró que se estaba realizando
una minuciosa investigación de los hechos y que en las indagatorias estaban
participando la comisión de derechos humanos y que se castigaría a los
responsables.
Según
lo publicado por Diario 17.
“Dialogaron con el Ejecutivo Estatal las esposas de 13 de las víctimas: Ranulfa
Miranda Cortés, Zeferina Tacuba Abarca, Refugio Apolinar González, Mónica
Balanzar González, Cecilia Analco Vázquez, Paula Galeana Balanzar, Virginia
Galeana Méndez, Ruperta Avelino Molina, Josefina Vázquez Reyna, Ángela
Heliodoro Alemán, Paula Mendoza Téllez, Cruz Lozano Rebolledo y Reyna Hernández
González. También una tía y tres madres de los victimados: Romana Bernal
Valente, Martina Reza Andrade, Cirenia García Marín y Reyna Gil Gutiérrez.
Ese
día el director de gobernación Esteban Mendoza Ramos declaró a los medios de
comunicación que dirigentes radicales orillaron a la Organización Campesina de
la Sierra del Sur (OCSS) “a cometer una serie de ilícitos, entre ellos el
plagio de choferes de vehículos a los que obligaban a transportar a sus
miembros a Tepetixtla; daños en propiedad ajena; destrozos a vehículos, casas
habitación, edificios públicos e incendios de grúas, además, lesiones a
personas, robos a turistas y bloqueo de carreteras”.
Enumeró
algunos hechos, dijo que en Coyuca de Benítez, “del 9 al 12 de enero pasado, 50
personas portando armas de fuego, machetes y garrotes, cortaron las líneas de
energía eléctrica y de teléfonos e intentaron agredir a elementos policiacos.
El 10 de abril en el puerto de Zihuatanejo, 300 miembros de la OCSS armados,
realizaron una marcha mitin en protesta por la política neoliberal, despojando
de cámara de video a la turista mexicana Graciela Pineda y al extranjero John
Cassidir y su esposa, además, agredieron a miembros del Ejército Mexicano”.
Mendoza
señaló que el 21 de abril, 80 integrantes de la OCSS, encabezados por Benigno
Guzmán Martínez, secuestraron camiones cargados de madera para evitar que la
empresaria Isabel Calderón Félix continuara explotando los recursos forestales.
Habló
de una relación de averiguaciones previas en contra de Benigno Guzmán. La
primera por el delito de secuestro en agravio de Valentín García Ríos, la
segunda por los delitos de daños y secuestro en agravio de Isabel Calderón
Félix, la tercera por los delitos de robo y daños en agravio del agente de
gobernación Gustavo Martínez Galeana, la cuarta por ataques a las vías de
comunicación, una quinta por lesiones en agravio de Néstor Vargas Hernández y
Arturo Salinas y la sexta por robo y privación de la libertad personal en
agravio de Asunción Solís de los Santos y Salomón Bielma Solís. Luego resultó
una séptima por privación ilegal de la libertad de la alcaldesa de Atoyac María
de la Luz Núñez Ramos.
El primero
de julio legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido del
Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron en la
Cámara de Diputados, el esclarecimiento a fondo y rápido de la matanza de los
17 campesinos de Coyuca de Benítez y se pronunciaron porque cayera todo el peso
de la ley para los responsables incluyendo al gobernador Rubén Figueroa
Alcocer.
Mientras
eso sucedía en la ciudad de México, en Coyuca Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
encabezó un mitin con militantes del PRD y de la OCSS en el que se demandó la
renuncia del gobernador a quien responsabilizaron de la masacre. Cárdenas
Solórzano exigió al gobierno de Ernesto Zedillo fijar una postura frente a este
crimen, y dejar a un lado la amistad con Figueroa Alcocer para restablecer el Estado
de derecho en el estado. Aquí se hablaba que el presidente y el gobernador eran
compadres.
Los
oradores de ese día, entre los que se encontraba el secretario general del PRD
Mario Saucedo, coincidieron que, lo de Aguas Blancas fue crimen de Estado y un
abuso desmesurado del poder. Por eso la dirigencia del PRD se comprometió a
llevar una campaña en todo el país, para exigir la destitución y enjuiciamiento
penal y político del gobernador Rubén Figueroa, así como la desaparición de
poderes en Guerrero y el castigo a los culpables de la masacre.
Benigno
Guzmán se presentó al evento con el rostro entrecubierto con un sombrero de
palma. Ya se había de dicho que pesaban en su contra más de cinco órdenes de
aprehensión. Ranferi Hernández Acevedo dijo en su discurso que en Guerrero el
gobierno tenía una lista negra de muerte en la que se encontraban muchos
dirigentes perredistas.
En esa
manifestación participaron alrededor de cuatro mil campesinos. Como a las
cuatro y media de la tarde, luego que se fue Cárdenas un grupo de campesinos se
introdujeron al Palacio Municipal, con palos y con machetes causaron destrozos
en el inmueble y la prendieron fuego. Afortunadamente las llamas no crecieron y
todo quedó en un connato de incendio.
“El
primero de julio de 1995, dos horas después del mitin en el que estuvo
Cuauhtémoc después que él se marchó, unos 25 campesinos jóvenes, con
movimientos coordinados, destrozaron ventanales del palacio municipal y le
prendieron fuego a muebles y a la papelería”, escribió Álvaro Delgado en la
revista Proceso del 10 de julio de
1995.
Los
militantes del PRD habían tomado el Palacio municipal de Coyuca de Benítez desde
el 29 de junio, al día siguiente de la masacre, lo hicieron para demandar la
desaparición de poderes en la entidad. El plantón en este lugar se mantuvo alrededor
de seis meses, aun después que el congreso nombró como presidente sustituto a
Ezequiel Zúñiga Galeana.
Terminando
el evento de Coyuca, Cárdenas visitó Paso Real y Atoyaquillo, en este último
lugar montó una guardia de honor ante la tumba de los 11 campesinos caídos y
dio el pésame a los familiares.
Ese
mismo día la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo y
consignó ante el juez penal a dos comandantes de la policía del estado y a ocho
agentes de esa corporación, mismos que fueron presentados a los medios de comunicación
por el procurador Antonio Alcocer Salazar en calidad de presuntos responsables
del homicidio de los 17 campesinos y por abuso de autoridad en agravio de la
sociedad. Ahí mismo, dijo que se ejecutarían las órdenes de aprehensión contra
de dirigentes de la OCSS.
Los
detenidos fueron los comandantes de la subsecretaría de protección y vialidad,
Dunstano Vargas Hernández e Ignacio Hernández Carbajal y los policías
motorizados, Alfonso Díaz Jiménez, José Manuel Rodríguez Pino, Benito Cruz
Hernández, Hermilo Tacuba Alonso, Jesús Medina Mora, Marco Antonio Villamar
Argüello, Alberto Navarrete Nava e Hilario Piedra Orozco. El discurso oficial
se contradecía con ésta acción, si los policías únicamente habían respondido a
la agresión de los campesinos ¿entonces por qué fueron detenidos? y si los de
la OCSS habían disparado primero ¿por qué no había policías muertos o heridos?
Tampoco se presentó al policía herido, que según la versión oficial, recibió un
machetazo.
Por la
declaración de los policías detenidos podemos saber: que la operación se
preparó dos horas antes de la balacera
supervisada por el mayor Manuel Moreno González. Los dos comandantes, Dunstano Vargas Hernández e
Ignacio Benítez Carbajal sostuvieron la versión del gobierno de que dispararon
sus armas para repeler la agresión de los campesinos. Siete de los policías
dijeron que no dispararon, únicamente Alberto Navarrete Nava reconoció haber
accionado su arma.
Pronto
los senadores y diputados priistas demandaron al presidente de la República
Ernesto Zedillo que mantuviera su apoyo al gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
La carta se publicó el lunes 3 de julio en los medios locales y nacionales,
donde culpaba a Cárdenas de haber incitado a la violencia y al rompimiento del
Estado de derecho en Coyuca. En el comunicado cuya firma encabezaba la senadora
Guadalupe Gómez Maganda, los priistas prácticamente acusaban a Cárdenas, Andrés
Manuel López Obrador y al subcomandante
Marcos de causar los hechos de Guerrero “escogieron nuestra entidad
Guerrero, como si fuera de su propiedad para tratar de iniciar otro proceso
desestabilizador en la República Mexicana”. Los legisladores priistas
aseguraban que Guerrero no sería un segundo Chiapas.
Ante la fuerte presión política el gobernador
nombró un fiscal especial para investigar los hechos ocurridos en Coyuca de
Benítez, la responsabilidad recayó Adrián Vega Cornejo quien ya coadyuvaba con
la procuraduría del estado en las averiguaciones de otros ocho casos de
violencia, como la emboscada del 9 de febrero de 1993, en Huautla Tlacotepec,
en la que fueron asesinados 24 campesinos; el asesinato de Ángel Urióstegui
Salgado, hermano del entonces presidente del consejo municipal perredista en
Teloloapan; el del atentado contra el dirigente del PRD en Cutzamala de Pinzón,
Andrés Rosales Aguirre, baleado en su domicilio, el 21 de marzo de 1995 y el asesinato
del abogado Norberto Flores Baños ocurrido el 26 de mayo de 1995, en su
despacho en el centro de Chilpancingo.
El
gobernador insinuó inicialmente que el fiscal especial sería Juan Alarcón
Hernández presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos
(CEDDH) que “investigará lo concerniente a estos hechos para esclarecer la
responsabilidad de quienes la tengan, y aplicar el rigor de la ley”. Luego el
procurador Antonio Alcocer Salazar diría que ningún campesino recibió tiro de
gracia, cuando anunció que el fiscal especial sería Adrián Vega Cornejo y
coadyuvaría un representante de la comisión estatal de derechos humanos.
A
pesar de que la CEDDH ya intervenía haciendo algunas pesquisas, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideró el caso de especial importancia y
decidió darle seguimiento de manera directa a los hechos ocurridos en Coyuca de
Benítez.
Desde
el martes 4 de julio de 1995, tanquetas de la 27 zona militar recorrieron
poblaciones de la sierra de Atoyac. “En Atoyaquillo, comunidad de donde eran
originarios 11 de los campesinos acribillados el miércoles 28, cuatro unidades
del Ejército, también con ocho elementos que portaban metralletas, pasaron por
el camino que conduce a Tepetixtla, donde está la sede de la OCSS… El
reforzamiento de la vigilancia militar en la región coincidió con lo dicho por
el gobernador Rubén Figueroa, en el sentido de que la OCSS está vinculada al
Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de
los Pobres (PDLP)”, publico Álvaro Delgado en la revista Proceso del 10 de julio.
Por su
parte Maribel Gutiérrez dice: “Los movimientos militares fueron más visibles el
5 de julio, cuando 200 efectivos subieron a la sierra de Coyuca. Antes de
llegar a Aguas Blancas hicieron una parada en la colonia Tierra y Libertad”
donde habitan familias de la OCSS y del PRD. “Ahí los soldados interrogaron a
varios vecinos, hombres y mujeres, con preguntas sobre los dirigentes de la
OCSS y del PRD”. Después subieron para hacer estación en Yerbasantita y
caminaron por toda la zona donde surgió la OCSS.
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