Víctor Cardona Galindo
El 10 de abril
de 1994, cuando se conmemoraba el 75 aniversario del asesinato de Emiliano
Zapata la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) hizo su aparición pública
en Acapulco, dio a conocer sus demandas, con una marcha en la que participaron
más de 500 campesinos y al día siguiente tomó el Ayuntamiento de Coyuca de
Benítez, en exigencia de fertilizante, láminas de cartón y despensas.
Mientras en
Atoyac, hombres encapuchados, asaltaban, secuestraban y violaban por todos
lados. Muchos asaltos se le atribuían a la Motorizada, y a la misma Policía Judicial,
como el ocurrido, el 4 de mayo, en el camino a Las Trincheras donde no quedó
duda que fueron policías estatales los perpetradores de ese asalto donde
resultó violada una jovencita.
El 18 de mayo
de 1994, cuando se cumplieron 27 años de la masacre de 1967, marcharon unos 600
campesinos de la OCSS de Atoyac y contingentes que llegaron de Coyuca, la Unión
y Petatlán. También participaron miembros del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos de la Costa Grande (CFDDCG) encabezados aquí por Tita Radilla
Martínez.
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La
defensora de los derechos humanos Tita Radilla
Martínez cuando fue regidora en
el trienio 1993-1996,
en el cabildo que encabezó María de la Luz Núñez Ramos.
Foto Archivo Histórico Municipal de Atoyac.
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Desde muy
temprana hora llegaron los campesinos a la entrada de la ciudad y marcharon por
la calle principal, para después plantarse por cuatro horas frente al
Ayuntamiento de Atoyac, exigieron la presentación de los alrededor de 600
desaparecidos, entrega de fertilizante, herbicidas y despensas. Pidieron a la
alcaldesa María de la Luz Núñez Ramos su intervención para conseguir una
entrevista con el presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. La
presencia de esta nueva agrupación sorprendió. Se hablaba que tenía una dirección
colectiva, para evitar que los líderes se vendieran al mejor postor. Cuando se
les preguntaba por su dirigente, la gente contestaba: “Aquí no hay líderes”.
En un documento
dirigido a María de la Luz la OCSS pidió
su intervención para frenar los altos costos de la energía eléctrica y del agua
potable, la escrituración a los colonos de la colonia 18 de mayo que ocupaban
las áreas verdes. La alcaldesa los atendió en el acto fuera de su despacho
acompañada del síndico Wilibaldo Rojas Arellano y de los regidores perredistas.
Después de esa
marcha el sacerdote Máximo Gómez comentó en una entrevista a Igor Pettit: “Si el gobierno teme o
piensa que está por brotar una guerrilla o una revolución, es porque han creado
las condiciones para ello. Hay razones sustanciales para una nueva revolución…
Aquí en Atoyac solamente se dice que hay 600 razones, que son los 600
desaparecidos”.
Aunque agregó:
“Pienso que no va haber; aunque haya razones suficientes… Digo que hay razones
para que se dé un brote de inconformidad representado en la guerrilla, pero no
hay líderes que quieran morir. Hay líderes dispuestos a colocarse en el poder
dentro de los partidos de oposición; pero para morirse junto a los pobres, en
la búsqueda del cambio, no los hay”.
Desde
principios de junio se intensificó la militarización en la parte media de la
sierra con personal del 19 y 49 Batallón de Infantería, el primero con sede en
Petatlán y el otro en Atoyac. Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero habla de mil 300
efectivos que peinaban la ruta Atoyac a Pie de la Cuesta, en la parte media de
la sierra, muy lejos de los plantíos de enervantes que decían combatir los
mandos castrenses. El 4, pasaron 18 vehículos militares por San Juan de las Flores
con armamento sofisticado, tal despliegue de fuerza militar causó temor en la
población sierreña.
La revista Impacto publicó una nota sobre una
supuesta reunión el 18 de mayo en una iglesia de La Villita bajo el auspicio de
Máximo Gómez Muñoz, la nota decía: “El PRD está listo para desestabilizar el
país” y vinculaba a dirigentes del PRD con el Procup. La lista la encabezaba el
síndico de Atoyac Wilibaldo Rojas Arellano y el regidor Secundino Catarino Crispín,
quienes desmintieron esos señalamientos el 5 junio. Mientras agentes de
gobernación y de inteligencia militar merodeaban la iglesia del padre Máximo.
Se avecinaban
las elecciones, el gobierno de Rubén Figueroa entregaba cientos de toneladas de
fertilizante y pacas de cartón a la delegación de gobierno encabezada por Juan
Méndez Mejía. También el comisario priista de El Paraíso Quintín Hernández
Bernal repartía fertilizante, en franco desafío al Ayuntamiento perredista y
violentando la autonomía municipal. Mientras María de la Luz Núñez Ramos,
realizó un Cabildo abierto el 5 de junio, donde se llamó a la paz.
“En la guerra,
en la guerrilla pierde el pueblo, mueren los pobres, sufren los de abajo”,
externó la alcaldesa en ese Cabildo abierto y dijo que le parecían desacertadas
las versiones de la guerrilla, que cada vez eran más frecuentes en los medios
de comunicación y entre la gente.
El 8 de junio
se vieron tropas en las cercanías de San Vicente de Benítez y Río Santiago. “Se
establecieron en campamentos abandonados de cafeticultores y el 11 se
desplazaron a El Ranchito, por el camino hacia San Francisco del Tibor y
después acamparon en Arroyo Grande cerca de La Remonta”.
Desde el gobierno
de José Francisco Ruíz Massieu la policía Motorizada era el cuerpo policiaco
que más arbitrariedades cometía en las comunidades contra la población
indefensa y la OCSS inmediatamente chocó con ellos el 7 de junio de 1994. Ese
cuerpo policiaco, al mando de Abraham Noriega Cantú, entró a varias
comunidades, entre ellas a Tepetixtla y desarmó a unos campesinos, por ello el
9 de junio la gente reaccionó, rodearon el cuartel en Tepetixtla y los
expulsaron de la comunidad.
Ese día 9 de
junio, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez y el
gobernador Rubén Figueroa estuvieron en Atoyac para entregar apoyos de fondos
de solidaridad. Ya se notaba la preocupación del gobierno federal por esta zona
que ha sido escenario de muchos levantamientos armados a lo largo de la
historia.
La
desesperación del gobierno por encontrar la amenaza invisible llevó a Mario
Arturo Acosta Chaparro y al agente de Ministerio Público de Acapulco Elías Reachi
Sandoval a catear, el 11 de junio de 1994, la parroquia del Dios Único del padre Máximo
Gómez Muños buscaban armas, no encontraron nada, a pesar de que escudriñaron
hasta debajo de las piedras.
Ese día el
padre Máximo Gómez se reunió con Rubén Figueroa Alcocer en la estación de radio
Stereosol, donde intercambiaron expresiones sobre el secuestro del banquero
Alfredo Harp Helú, acontecido el 14 de marzo, atribuido al Partido Obrero
Clandestino Unión del Pueblo (Procup) y al Partido de los Pobres (Pdlp) y en el
que Máximo participó como intermediario en la entrega del dinero para el
rescate en la ciudad de México, acompañado de otro sacerdote. En esa reunión
estuvo el general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, quien escuchó parte
de la conversación.
Por la tarde,
agentes de la Policía Judicial del Estado, integrantes del famoso grupo Tigre que
encabezaba el capitán Alfredo Mendiola, catearon las instalaciones de la
parroquia. Acosta Chaparro, revisó personalmente todos los cubículos del
edificio, donde además de las
instalaciones religiosas, estaban las oficinas el Comité Nacional Independiente
(CNI) de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos, que dirigía Aurelia
Pérez Cano, esposa de Antonio Campos Cabañas, sobrino de Lucio Cabañas. También
por esas fechas la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaba
sus reuniones uno de los salones parroquiales. Acosta Chaparro, Elías Reachi y el capitán
Mendiola salieron corriendo por atrás de la iglesia para no toparse con los
reporteros que llegaron a preguntar qué pasaba.
En esos días gente
enviada por el mismo gobierno hizo correr la versión entre los habitantes de
los alrededores que en la parroquia del Dios Único se estaba almacenando
armamento y explosivos. Incluso hubo gente no identificada que interceptaba a
la gente que iba a la parroquia y le comentaba sobre los supuestos explosivos.
Sembrando el temor entre los feligreses.
En San
Francisco del Tibor, Carmelo Téllez Blanco informó que el domingo 12 de junio
cientos de soldados entraron a un terreno de su propiedad e instalaron un campamento.
Los efectivos militares escavaron por todo el terreno para construir trincheras
y lo dejaron llenos de hoyancos. El solar quedó inservible para la siembra.
El 13 y 14 de junio, unos 200 soldados reforzados por
aire con dos helicópteros, catearon la pequeña comunidad de 20 casas que es El
Escorpión, en busca de armas, detuvieron el primer día a José Luis Orbe Mesino
y a Juan Mesino Martínez, al siguiente día ya se llevaban a Miguel Ángel Mesino
Mesino. A los detenidos les exigieron que entregaran las armas, preguntaban por
los cuernos de chivo mientras que con
detectores de metal recorrían la comunidad.
José Luis Orbe Mesino estuvo en manos del Ejército por
más de cuatro horas, lo detuvieron a la altura de Agua Fría, cuando iba de El
Escorpión rumbo a la ciudad de Atoyac.
Esa ocasión Hilario Mesino le contó a Maribel Gutiérrez:
“De repente, el lunes en la mañana como a las 10, llegan más de 200 soldados,
sitiaron la población y andaban dos helicópteros dando vueltas (…) Agarraron a
un sobrino mío diciéndole que donde estaban los cuernos de chivo. Se llama Juan
Mesino Martínez, tiene 24 años. Aparte agarraron a otro, José Luis Orbe Mesino
de 18 años”, después de interrogarlos los dejaron libres.
Mesino agregó: “Andaban con aparatos en toda el área
del pueblo, detectando. Eran como cuatro aparatos. Registraron como a un
kilómetro a la redonda del pueblo, y también en el pueblo alrededor de las
casas”. Al siguiente día Miguel Ángel Mesino de 20 años, venía del campo de
buscar una vaca cuando lo agarraron los soldados, ya se lo llevaban pero el
pueblo se organizó y los soldados lo entregaron.
En Río
Santiago, en la ruta de Atoyac a El Paraíso, más de 100 judiciales, comandados
por Víctor Parra Catalán, instalaron un retén donde revisaron a todos los que
transitaron por esta vía, les pidieron identificaciones y buscaban los nombres
en una lista. Los judiciales se movían en 15 camionetas, un operativo así tenía
20 años que no se había visto. En El Paraíso pusieron retenes el 16 de junio,
entraron a catear domicilios sin orden judicial y detuvieron a los vecinos que
transitaban por las calles y por la carretera.
Ese mismo 16 de junio de 1994, en las afueras de
Tepetixtla la policía motorizada detuvo a tres campesinos de la OCSS entre
ellos José Guadalupe Guzmán Martínez hermano de los fundadores de la
organización, Benigno y Bartolo. José Guadalupe fue acusado de secuestro y
asalto, pese a que los presuntos afectados declararon ante las autoridades que
él no era responsable lo mantuvieron cautivo. Los otros detenidos fueron Julián
Rodríguez militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Tomás
Pérez Carrizal.
Escribe Maribel
Gutiérrez en su libro Violencia en
Guerrero: “Cuando los policías judiciales los llevaban a Acapulco a José
Guadalupe lo apartaron y dentro de un vehículo lo golpearon y lo interrogaron
sobre la guerrilla, le preguntaron si conocía a Nicomedes Fuentes Nieves
(García) un profesor universitario originario de Tepetixtla que decían que
cuando era joven había participado con la guerrilla de Lucio Cabañas y también
sobre asaltos y secuestros en la región de Tepetixtla”.
La OCSS realizó
varios bloqueos a la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Coyuca de
Benítez, el 18, 19 y 20 de junio, el protesta por la aprehensión de los tres
campesinos en Tepetixtla y contra los abusos cometidos por los cuerpos
policiacos en las comunidades de la sierra. El sacerdote Orbelín Jaramillo
Diego, presidente del Comité de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz y
párroco de Coyuca, manifestó su apoyo a los campesinos: “Respaldamos sus
caminos de lucha, sus demandas justas y sus métodos, porque no les dejan otra
salida. La arbitrariedad está del lado de la policía Motorizada y la judicial”.
Y efectivamente
el 21 de junio los judiciales cercaron y dejaron incomunicadas por lo menos
nueve comunidades serranas de la parte alta de los municipios de Atoyac y San
Miguel Totolapan. Instalaron retenes en cuatro puntos con los que tendieron un
cerco a la comunidad más importante de la sierra. En Puerto Ángel a unos seis
kilómetros de El Paraíso rumbo al Filo Mayor los agentes bloquearon el tránsito
y no dejaron pasar carros ni personas.
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