Víctor
Cardona Galindo
El
Quemado fue fundado por excombatientes vidalistas que formaron parte de la
Colonia Agrícola Juan R. Escudero. Antes vivieron en La Tamalera, comunidad que
estaba en los terrenos de la hacienda de Los Cortés, pero el 11 de abril de
1934 los federales y “voluntarios” al servicio de los terratenientes de Atoyac
arrasaron y quemaron La Tamalera, para después colgar a los líderes. La
población se dispersó, algunos se asentaron en Cacalutla, pero la mayoría subió
más arriba de las montañas donde, entre milpas, piedras y palmeras de cayaco,
construyeron toritos con techos de palapa y fundaron una nueva cuadrilla que se
llamó Villa Guerrero.
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Calle principal de la desparecida
colonia Agrícola
Juan R. Escudero, 20 de julio de 1930. Foto tomada
por el ingeniero Armando González Guerra. Archivo
General
Agrario.
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Pero
sus enemigos nos los dejaban en paz, Villa Guerrero fue atacada en tres
ocasiones por un grupo de civiles al servicio de los terratenientes que se
oponían al reparto agrario. Los “voluntarios”, que era un grupo de guardias
blancas al servicio de los hacendados, encabezados por Dionisio Fierro de El
Cucuyachi, las tres veces redujeron a cenizas al endeble caserío, por eso el
pueblo fue rebautizado como El Quemado y reconstruido con casas de adobe, cuyos
muros servían de parapeto para resistir los embates de sus enemigos. Pero luego
los habitantes del El Quemado se organizaron, y al mando de Toribio Gómez Pino,
formaron parte de las reservas rurales y atacaron el 7 de enero de 1938 a la
familia Cortés en Cacalutla arrasando con la hacienda. “A las 6 de la mañana /Cacalutla
fue sitiado /a los Cortés y Ventura /los primeros que agarraron… Ellos se
hallaban sitiados /y lo estaban matando /las casas de los corteces /se las
estaban quemando”, quedó el recuerdo en los versos del corrido.
E 1939
después de muchos enfrentamientos, persecuciones y sacrificios recibieron las
tierras del ejido. Por eso dicen que los guachos los atacaron con saña aquella
vez: “porque los viejos fundadores de El Quemado eran hombres de ‘güevos’,
hombres que no se doblan a la primera”. Un viejo agrarista de Los Valles le
dijo un día a un coronel: “Somos más civiles que soldados, si ustedes y
nosotros nos medimos en el llano, no nos aguantan ni un día”, quizá por eso los
militares querían “quebrar” pueblos completos, porque conocían su historia.
Muchos
de los detenidos aquél fatídico septiembre de 1972, en El Quemado, eran viejos
campesinos, que en su juventud agarraron las armas para exigir la tierra. Eran
herederos de la tradición de Francisco Pino, El Tejón de la Cinta Baya; eran hombres que después de guardar su
fusil tomaron el machete para tumbar los tlacololes para hacer milpa y callejonear
la selva para sembrar café. Eran hombres apegados a la tierra que ganaron con
sudor y sangre. Antonio Onofre Barrientos detenido en esa redada combatió al
lado de Silvestre Castro, El Cirgüelo;
y a lado de Amadeo Vidales Mederos defendiendo el Plan del Veladero.
Claudia
Rangel Lozano en el libro: México en los
setenta. ¿Guerra sucia o terrorismo de Estado? Hacia una política de la memoria,
también escribe de la amarga experiencia que vivieron los habitantes de El
Quemado, ella habla que se llevaron 95 hombres y que primeramente los
encerraron en una casa grande de tejas abandonada, hacía tiempo, por la familia
Mercado.
Una de
las mujeres que presenció la detención de los hombres, explicó a Claudia
Rangel, cómo, además de no contar con órdenes de aprehensión, se robaban los
documentos con la finalidad de desaparecer su identidad y que no pudieran
reclamar después su paradero; esto significa –dice Claudia- que tenían bien
planificado el proceso. “El Ejército se llevó todos los documentos de los
hombres para que no se pudiera reclamar. Los militares entraban en las casas,
hacían cateos, sacaban las fotos, se llevaban los documentos”.
Para
el 13 de septiembre, 19 lugareños de El Quemado, ya estaban consignados ante el
Ministerio Público Federal por haber atacado al Ejército: “Las 17 personas
consignadas auténticas piltrafas humanas que aún presentan en sus carnes
abiertas las huellas de la tortura a que han sido sometidas, declararon asesoradas
por su defensor de oficio (...) que ellos no tienen ninguna conexión con Lucio
Cabañas y no haber participado en ninguna forma en la masacre”, decía la nota
que el Novedades de Acapulco cabeceó
como: “Deprimentes diligencias con los guerrilleros”, aquel el 13 de septiembre
de 1972, que Eneida Martínez desempolvó de la hemeroteca.
Los
detenidos fueron sometidos a terribles vejaciones. El 18 de septiembre debido a
los golpes murió Ignacio Sánchez un campesino de aproximadamente 70 años de
edad, “Por causa que se desconocen, ayer en la mañana murió dentro de la cárcel
municipal el detenido Ignacio Sánchez Gutiérrez”, publicaba el Novedades de Acapulco. Sin embargo, su
deceso no tuvo mucha trascendencia en los demás medios de comunicación.
Al día
siguiente de la muerte de Ignacio Sánchez Gutiérrez, se reflejó en los medios
la aprehensión a otros siete campesinos: “Nicolás Valdez Palacios, Tito Flores
Morales, Pedro Arizmendi Moreno, Fausto Sandoval Valdez, Fortunato Benítez
Reyes, Pedro Baltasar Pino y Bruno Reyes Nava” la nota de Gaudencio Valente
Campos, en el Avance de Guerrero
aquel 20 de septiembre de 1972 se titulaba: “Cabañas obligó a campesinos a
disparar”.
Los
días subsiguientes se reflejaron en los medios un rosario de detenciones
arbitrarias contra más campesinos que nada tenían que ver con la emboscada. El
21 de septiembre quedaron detenidos en la cárcel de Acapulco las siguientes
personas; “Salustino Valdez Palacios, José Ramos Pano, Telésforo Valdez
Palacios, Celso Pino Hernández, Juan Rodríguez Díaz, Leonardo García Téllez,
Victoriano Flores de la Cruz, Agustín Ríos Ocampo, Benito Manríquez Jiménez e
Hipólito Morales Piza”
De
acuerdo a la investigación de Eneida Martínez en su tesis: Los alzados del monte. Historia
de la guerrilla de Lucio Cabañas, otros dos fueron a parar a la cárcel el 23 de septiembre, “Juan
Onofre Gómez, Cirilo Gatica Ramírez, quienes se encuentran confesos de haber
participado en la emboscada...” Dos días después atrapan a “Guillermo Sotelo
Rabiela, Domingo Linares López, Reynaldo Adame Bernal, Eusebio Bello Hernández,
Lino Quintero Cruz, Sixto González Hernández, Higinio Castañón Adame, Bernardo
Reyes Félix y Pablo Loza Patiño”.
Un día
antes de cerrar el mes de septiembre, se le decreta auto formal prisión al
campesino Francisco Ulloa Alcocer, se le acusó “por delitos de robo de armas,
incendio al convoy militar, asociación delictuosa y homicidio”, sin embargo,
negó todos las acusaciones “al tiempo que mostraba las huellas de tormentos de
que fue víctima”.
El 23
de octubre, un mes después de los hechos –dice Eneida Martínez- detuvieron a
“Martín Gatica Nava, Odilón Vargas García, Filiberto Radilla Zequeida y
Jerónimo Casarrubias Sánchez, este último de 60 años de edad”. A pesar de tener
ya una cantidad considerable de pobladores detenidos, la persecución seguía
“Elementos del Ejército siguen deteniendo y torturando a campesinos del poblado
de El Quemado, municipio de Atoyac”, decía el periódico Revolución de Guerrero.
Después que llegaron los
más de 90 campesinos de El Quemado a la cárcel de Acapulco, que se sumaron a
los que ya estaban de San Francisco del Tibor, La Remonta y San Vicente de
Benítez acusados de la primera emboscada; encabezados por los presos del
Partido de los Pobres que habían caído por el secuestro de Farril Novelo, organizaron
la primera huelga de hambre para exigir la libertad de los presos políticos.
De la
experiencia vivida, Evaristo Castañón ha dicho a la prensa: “No nos culpen si a
veces no queremos decir cosas pero estamos aterrorizados todavía. No es fácil
revivir esas crueles experiencias, sobrevivir y después andar tranquilos”. El
campesino estuvo preso cinco años en la cárcel de Acapulco, sentenciado a 30
años de prisión acusado de haber emboscado al Ejército. Salió libre por la Ley
de Amnistía que implementó el gobernador Rubén Figueroa Figueroa, “Después de
tanto tiempo de estar encarcelados nos soltaron a morir, pero muchos ya no
encontramos a nuestros padres, a nuestros hermanos, llegamos a nuestras
humildes casas a empezar de nuevo”.
En aquellos
tiempos la autoridad municipal también comenzaba a resentir y enfrentar
problemas con los militares. El 14 de septiembre de 1972, el comandante de la
Policía Urbana Municipal José María Patiño Aparicio informaba mediante un
oficio a sus superiores: “Siendo 12: 15 de la noche se registró un escándalo en
el interior del cabaret El Cha cha cha ocasionado por soldados federales que
exigían más horas extras de las acostumbradas, debido a que el dueño del
establecimiento les seguía dando servicio, cuando la policía los andaba sacando
del establecimiento llegó un subteniente profiriendo insultos en contra de la
policía, y cuando el segundo comandante le habló para que guardara compostura
los soldados, se le echaron encima lográndose zafar en el forcejeo, perdiendo
un cargador de 38 súper con cartuchos. Un soldado andaba ebrio y uniformado,
también el oficial andaba uniformado y no hizo nada por su parte por controlar
los soldados”.
Y las
obras llegaron. A las 6 de la mañana del 26 de septiembre arribaron a los
pueblos de la sierra, el gerente general de Recursos Hidráulicos en el estado
de Guerrero, ingeniero Fernando Galicia Islas; venía acompañado por los
ingenieros: Uriel Cano Vicario, director de Pequeñas Obras de la Dirección de
Agua Potable y Alcantarillado; Teodoro Villegas, residente general de Agua
Potable y Alcantarillado en el Estado. Los recibió el presidente municipal
Silvestre Hernandez Fierro y el Administrador del Sistema Federal de Agua
Potable de Atoyac Wilfrido Fierro Armenta.
El
objetivo del recorrido por las comunidades fue: dotar de agua potable a los
poblados de la sierra cafetalera que carecían de ese servicio. La comisión de
referencia regresó por la tarde después de recorrer El Rincón de las Parotas,
San Andrés de la Cruz, Santiago de la Unión, Río de Santiago, San Vicente de
Benítez y San Vicente de Jesús, no llegaron hasta El Paraíso porque se les
descompuso la camioneta en que se transportaban.
El 28
septiembre llegó a la ciudad el gobernador del estado Israel Nogueda Otero para
informar sobre el Plan de Desarrollo Integral que se implementaría en todo el
estado, pero principalmente en el municipio de Atoyac, por disposición del presidente
de la República Luis Echeverría Álvarez que consistía en la electrificación de
las comunidades rurales, a las que por primera vez también llegaría el agua
potable, sistemas de riego, créditos a los campesinos, escuelas y solución a
sus problemas agrarios.
La
reunión se efectuó en el cine Álvarez en donde cada uno de los directores, de
las diferentes dependencias tanto estatales como federales, dieron a conocer a
petición del gobernador el plan de trabajo que el presidente de la república
viene desarrollando en todo el estado y preferentemente en la Costa Grande. La
reunión de referencia empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 6 horas, a
la que asistieron representantes de los pueblos del municipio.
En la
revista Por qué? del 26 de octubre de 1972, salió a la luz un comunicado
en el cual Lucio Cabañas hizo una denuncia contra el gobierno de Luis
Echeverría por las arbitrariedades que venía cometiendo en los pueblos de la
sierra de Guerrero, también deslindó a los campesinos que estaban siendo
detenidos y torturados de haber participado en ambas emboscadas.
“Se
torturan, golpean, capan, queman, ahogan y matan a hombres, mujeres, niños y
ancianos de los barrios de: Cacalutla, el Quemado, San Andrés, El Cucuyache,
Santiago de la Unión, San Francisco, Cierro Prieto, San Juan, El Camarón, Tres
Pasos, Los Valles de Jesús, Mezcaltepec, Cayaco, El Rincón, Pie de la Cuesta,
Zacualpan, La Vainilla, Las Trincheras, San Martín, La Remonta, El Paraíso,
Santo Domingo, Tecpan, El Salto, El Arrayán, La Florida, El Porvenir, Río
Santiago, El Refugio, El Posquelite y muchos más (...) A nadie le han
encontrado armas, nadie ha robado ni matado, con las torturas les han hecho
decir que participaron en las emboscadas contra el ejército, lo cual es mentira
y demuestra que el gobierno no quiere reconocer sus derrotas y trata de engañar
al pueblo haciendo creer que ha apresado a quienes combatimos por la nueva
revolución”.
Y la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacía sus enroques, preparando sus
posteriores jugadas, el cronista Wilfrido Fierro registra que el 2 de noviembre
fue retirado de la ciudad el 50º Batallón de Infantería, que estaba al mando
del coronel Macario Castro Villarreal y fue sustituido por el 27º Batallón de
Infantería a cargo del coronel Maximino Gómez Jiménez.
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