21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), diecinueveava parte.

Víctor Cardona Galindo

Retomando el hilo de nuestra cronología sobre el caso Aguas Blancas, las indagaciones de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) concluyeron el primero de abril de 1996, veinticinco días de investigación que comenzaron el 6 de marzo, en ese tiempo, los ministros hicieron la reconstrucción de los hechos en el vado de Aguas Blancas, entrevistaron a testigos y al mismo Rubén Figueroa Alcocer, recibieron las pruebas aportadas por el PRD e incorporaron el testimonio de la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, que fue fundamental en la investigación.

Los magistrados recopilaron toda la información que se ventiló en los medios de comunicación, incluyendo las fotos de El Sol de Acapulco, donde se muestra que se plantaron las armas en las manos de los campesinos masacrados. El resultado de su investigación fue el expediente 3/96 integrado por 156 fojas.

Manta que los jóvenes militantes de la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) colocaron en 

el kiosco de Atoyac para recordar los dos años de la 

muerte de Rocío Mesino Mesino. Foto Víctor Cardona 

Galindo.

Mientras el proceso a los 43 servidores públicos implicados por el caso Aguas Blancas continuaba. El 12 de abril, cuando se presentaron para ampliar sus declaración al Jugado penal de Acapulco, Rosendo Armijo de los Santos, culpó al mayor Manuel Moreno González quien estuvo al frente de la operación aquel 28 de junio. Elías Reachi Sandoval dijo que “‘alguien sembró las armas’, porque cuando nosotros llegamos ya estaban en manos de los campesinos”.

Días después, el 19 de abril, el perito en balística, Alfonso Alonso Piedra dijo que 12 de las armas encontradas, habían sido accionadas. Algo que se contradijo con la investigación de la fiscalía que concluyó que cuatro de las 12 armas que presuntamente se recogieron en el lugar “no funcionaban adecuadamente”. Declaró que no recogió, de esas armas, ni un casquillo de bala a pesar de que rastrearon el lugar. La también perito Rafaela Cruz Suástegui señaló “levantamos los cadáveres los cuales tenían armas”. Se notó que los declarantes estaban aleccionados para coincidir en las versiones y así evadir su responsabilidad. Todos negaron haber ocultado información y haber manipulado la escena del crimen.

El 22 de abril se supo que las versiones del video filmado en Aguas Blancas y dadas a conocer por el gobierno del estado y por Televisa omitieron escenas del multihomicidio, porque el original tiene una duración de 20 a 25 minutos, eso declaró a los medios de comunicación el agente de gobernación Gustavo Martínez Galeana quien entregó el video con todo y cámara a su jefe Esteban Mendoza Ramos.

Aunque el contenido del informe de la Suprema Corte de la Nación se filtró días antes, fue el martes 24 de abril cuando se dio a conocer públicamente. Aquí los ministros plantearon: “No hay justificación legal para la existencia de retenes que impidan el libre tránsito en caminos en donde transita lícitamente la población en transporte público. No había ordenes de aprehensión para detener a alguna o algunas personas de entre los manifestantes, aun cuando el gobernador afirmara en medio televisivo lo contrario. No hay justificación para hacer descender el pasaje de un camión y registrarlo. No es entendible el gran despliegue de elementos armados en los caminos del estado bajo el pretexto de ‘dialogar’ con algunas personas descontentas, y no contra el gobierno del estado, sino en contra de un Ayuntamiento. No se entiende la razón para escoger elementos policiales sensibilizados por anteriores ataques de apenas unos días –lo cual los descalificaba-, y que debe entenderse se encontraban llenos de rencor”, recogió Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero.

Otra irregularidad que se encontró durante este suceso fue la autoridad que el Congreso Local delegó en el fiscal especial, constituyéndolo “como un verdadero procurador, distinto del Constitucional, autónomo del Constitucional, y diversificado del Constitucional... Creando así, un órgano ambiguo y difuso que alejó la averiguación y los correspondientes procesamientos de su cauce constitucional, y de este modo imperó el capricho y la improvisación”, dice el informe.

En informe de la SCJN se sumó a la prueba irrefutable del video, donde se comprobó que los campesinos acribillados no portaban armas y de que muchos de ellos ni siquiera iban al mitin ni mantenían relación con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, “y con la manipulación de las pesquisas del caso Aguas Blancas, denunciada tanto por la sociedad civil como por los grupos internacionales, así como por los grupos políticos; fue lo que condujo decisivamente a la caída de un gobernador que volvió a reiniciar el círculo trágico que históricamente ha predominado en el escenario político guerrerense”, dice Gabriel Alfonso Castillo Leyva y coautores, en la tesis Inestabilidad Política en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto, en referencia a que en nuestro estado la mayoría de los gobernadores no terminan su mandato.

Veinte años después de la matanza el ejecutivo federal no ha atendido la recomendación del expediente 3/93 elaborado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, quienes atribuyeron “la mayor responsabilidad” de esos hechos al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
En la resolución que emitieron el 12 de abril de 1996 y que fue entregada por la Corte al presidente Zedillo, establecen que la mayor responsabilidad recae en el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el “imprudente” manejo de una cuestión sumamente delicada, al poner en manos “inadecuadas” conflictos tan destacados, y porque, después de los hechos, actuó como “grupúsculo detentador del poder al que había que conservar, aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.
Los ministros sostienen la tesis de que hubo un provocador infiltrado que “al bajar del segundo camión disparó para excitar la reacción de los policías, y que después fue protegido por algunos de éstos para su ocultamiento y evitar ser lesionado o detenido”.
Como dije antes la investigación alterna de la SCJN se realizó cuando ya estaban sujetas a proceso penal 43 personas como probables responsables de los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, y luego de que –se argumenta en el expediente- “subsiste en la comunidad nacional un sentimiento de preocupación por el cabal esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus consecuencias conforme a la Ley”.
A los ministros llamó la atención que Rosendo Armijo de los Santos encargado de supervisar el operativo, persona de la total confianza del gobernador, simplemente no se presentó en el lugar y después argumentó que esta comisión se debió a que el día de los hechos su esposa estaba gravemente enferma de cáncer y le era absolutamente necesario atenderla.

Al hablar del momento de la masacre, dicen que: “El fuego es tan devastador que produce un número desorbitado de muertos y heridos y una cosa es bien clara y queda de manifiesto: sólo dos policías son heridos de menor gravedad por armas cortantes, mientras que todos los muertos y heridos eran pasajeros y fueron tocados por armas de fuego”.

Según los ministros, todas las personas que entrevistaron coincidieron en señalar que los policías actuaron “compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos, puesto que no consta que respondieran a un ataque con armas de fuego contra ellos”.

Los ministros ponen especial atención en tres detalles que pudieron marcar el inicio de la matanza, un disparo inaudible en la grabación, desde la parte posterior de la camioneta azul, hecho por una persona desconocida que no puede identificarse si era civil o policía, otro disparo o explosión no bien identificado que produce “abundante humo blanco”, que tampoco se aprecia quién lo hace; y de acuerdo con la versión oficial, dos machetazos que provocaron heridas leves en dos policías por los supuestos miembros de la OCSS.

Pero insisten en su tesis del “infiltrado provocador”, y el texto dice: “Los policías del llamado retén esperaban la señal de la explosión, pues prácticamente todos empezaron a disparar al unísono”. Aseguran que en las entrevistas con los distintos actores, muchos de éstos les mencionaron que en el segundo camión estaba “infiltrado un provocador” que al bajar del mismo disparó para incitar la reacción de los policías, y que después fue protegido por los mismos agentes para su ocultamiento y evitar que fuera lesionado o detenido.

En el expediente 3/96 elaborado por los ministros, señalan que después de la matanza, el gobernador mandó al secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y al director de Comunicación Social, Carlos Carrillo Santillán, “no a investigar y a exigir responsabilidades, sino aparentemente a ocultarlos y a crear confusión informativa”.

Y en ese sentido mencionan que “hubo manejo especial de los hechos por las altas autoridades del estado para disculpar a éste de los sangrientos acontecimientos, cuando hubiese sido más sencillo reconocer los excesos de sus enviados y de los policías que los acompañaron en una misión pacífica de convencimiento, mostrar íntegramente la videograbación y evitar todo ocultamiento y engaño, y no optar como lo hizo, tratar de protegerlos como si existiera un compromiso delincuencial”.

Castro y Castro y Román Palacios concluyen, también, que “hubo negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del estado, de funcionarios menores y de policías incompetentes”.

Sostienen que “en esta tesitura, la mayor responsabilidad para el gobernador del estado se finca en el imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada, dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes y la de poner en manos inadecuadas conflictos tan destacados; no atendió el conflicto por conducto del secretario general de Gobierno o el procurador, suponiendo que por sus ocupaciones él no pudiese desplazarse personalmente, sino que lo ordenó a un inferior, quien a su vez lo ordenó a un comandante de la Policía Motorizada”.
En otra de sus conclusiones establecen que “en el Vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de 17 campesinos y se causaron heridas a 25 más y aun así no hay evidencia de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad; como mandatario de los habitantes de la entidad, más bien actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.

“Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador General de Justicia, y secretario general de Gobierno. Además de los restantes funcionarios consignados, porque actuaron como cultivadores del engaño; la maquinación y la ocultación, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas”.

Refieren que es allí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana “la persistencia en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.

Han pasado 20 años después de la matanza de los campesinos de la OCSS, el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario de Gobierno Rubén Robles Catalán, ejecutado el 6 de julio de 2005 afuera del hotel Mirador en Acapulco, y el procurador Antonio Alcocer Salazar, no fueron procesados, a pesar de que los resultados de la investigación de los magistrados les implicaron responsabilidades, el informe fue entregado al presidente Ernesto Zedillo y en el Congreso de la Unión se dieron acaloradas discusiones, por la propuesta de los partidos de oposición de realizar un juicio político a Figueroa.