21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur(OCSS), vigésima primera y última parte.

Para Layo Mesino, con el firme deseo que su salud mejore.

Víctor Cardona Galindo

El 17 de julio de 1995 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó la intervención, en el caso Aguas Blancas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La investigación quedó integrada en el expediente 11.520. El 26 de julio esa instancia internacional trasmitió al gobierno mexicano las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó información sobre los hechos denunciados. La CIDH recibió información complementaria de las dos partes y realizó una audiencia el 21 de febrero de 1996.

La Comisión solicitó al Estado mexicano, el 24 de enero de 1996, se tomaran las medidas cautelares que fueran necesarias para proteger la vida e integridad física de los familiares de las víctimas, y de todos los testigos de la masacre de Aguas Blancas, principalmente de Virgilia Galeana García, quien denunció ante los medios de comunicación que vio en el vado de Aguas Blancas, después de la masacre, al general Mario Arturo Acosta Chaparro.

Una comisión de la CIDH visitó nuestro país, el 24 julio de 1996, para recabar información del caso, pudo observar el lugar donde ocurrieron los hechos; platicó con familiares, testigos y víctimas, quienes narraron sus experiencias en el transcurso y después de la masacre de Aguas Blancas.

Gilberto Romero Vázquez desapareció el 24 de junio

 de 1995, después de que asistió a cambiar un giro 

telegráfico, se le vio por última vez en el zócalo

 de Atoyac, lleva 20 años desaparecido.

Foto: cortesía de la familia Romero Mazón.

Motivada por la información que recabó de los testigos, el 24 de octubre de 1997 la CIDH emitió las siguientes recomendaciones: primero “completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos descritos en el presente Informe, ocurridos en fecha 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 23 de abril de 1996”.

Segundo “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Tercero “otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas; y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los referidos hechos de Aguas Blancas”.

Cuarto “adoptar las medidas que sean necesarias, para que se dicte a la brevedad posible la legislación reglamentaria del artículo 21 de la Constitución mexicana, a fin de hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.

El 18 de febrero de 1998 en el Informe número 49/97, la CIDH argumentó que el Estado mexicano no ha tomado las medidas adecuadas para cumplir con las recomendaciones hechas por ese organismo, y agregó: “La Comisión concluyó que las investigaciones realizadas por el Estado a los fines de juzgar y sancionar a los responsables de la llamada ‘masacre de Aguas Blancas’ no se han practicado con la seriedad necesaria en los términos exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  

Como dije antes, la CIDH pedía apegarse a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó: “Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca, estado de Guerrero, y en los posteriores relacionados con los primeros”, y que “de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-Primer Subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex-Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex-Director General de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero”.

Gilberto Romero Vázquez el día que contrajo

 matrimonio con María Mazón en la parroquia 

Santa María de la Asunción en Atoyac de Álvarez. 

Foto: cortesía de la familia Romero Mazón.

Ante la visita realizada por la CIDH a nuestro país, en julio de 2001, con motivo de las audiencias de seguimiento a las recomendaciones, los representantes de las víctimas determinaron interponer una nueva denuncia penal, ante la PGR, contra los responsables de la masacre, ateniéndose al compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de servir como interlocutores ante la PGR. Así, se presentaron ante la PGR las denuncias penales que se encuentran en las Averiguaciones Previas 423/A1/2001 y 163/A2/2002. El gobierno federal determinó finalmente que fuera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) quien se hiciera cargo de las investigaciones, misma que fue encabezada por Ignacio Carrillo Prieto y desapareció en el 2007, sin que haya arrojado resultados satisfactorios en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

Durante su campaña electoral Vicente Fox habló de justicia en el caso de Aguas Blancas, pero cuando ya era presidente nada hizo, a pesar de la insistencia de las víctimas. Fue octubre del 2001, que retomando las recomendaciones de la CIDH, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez denunciaron y ratificaron ante la PGR la demanda de justicia por la masacre de Aguas Blancas. El expediente fue turnado a la delegación de la PGR en Guerrero, pero no se hizo nada. El 25 de febrero de 2002 se solicitó a la PGR trasladar el caso al Distrito Federal, pues en Guerrero seguía sin haber condiciones de imparcialidad por estar presente aún el poder de Rubén Figueroa Alcocer. La PGR negó el traslado del caso, argumentando que era imposible llevar en la ciudad de México cualquier otro asunto del país.

Por eso aun hay tres averiguaciones previas detenidas en la PGR, una interpuesta en octubre de 2001 por Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores con el número 423/A1/2001, otra puesta por familiares de las víctimas en abril de 2002 con el número 163/A2/2002, y en julio de 2002 María de la Luz Núñez Ramos, presentó otra ante la Femospp y el número de expediente fue PGR/FEMOSOPP/016/2002. Al desaparecer la Fiscalía especial en el 2007, ese expediente para el 2008, era el número A.P./SIEDF/CGI/263/2007 y se encontraba radicado en la Dirección General de Procesos Penales de la misma PGR.

María de la Luz siempre sostuvo que la masacre fue preparada con antelación con mucha premeditación, alevosía y ventaja, uno de los ejemplos que puso fue que el 28 de junio se dio la orden de concentrar todo el personal del hospital general de Atoyac. “Los empleados y médicos del Hospital fueron advertidos y emplazados a mantenerse en guardia pues podía ocurrir una masacre”, escribió María de la Luz Núñez Ramos en su libro Palabra de mujer. La verdad sobre Aguas Blancas y otros textos.

Este año 2015 sobrevivientes y familiares de Aguas Blancas pidieron al gobierno federal dé atención a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se indemnice a quienes fueron afectados hace “más de 20 años y no se ha cumplido”.
Acudieron a la redacción de El Sur. Mauro Hernández Lozano el chofer que conducía la camioneta azul que fue atacada a balazos por policías del estado aquel 28 de junio de 1995, dijo: “nos han dado poco, pero el gobierno federal no nos ha dado nada, lo que nos ha dado es el gobierno del estado” y no han castigado a los culpables.

“Queremos que el gobierno federal acate la recomendación de la CIDH, ya que estamos esperando que atienda a los sobrevivientes, viudas y madres de las personas que fueron asesinadas, porque no es posible que a 20 años no cumplan”.

“Ahorita estamos juntos porque si lo hacemos separados no vamos agarrar nada, por eso estamos los sobrevivientes, viudas y la madre de los caídos, porque creemos que el gobierno federal no ha tenido voluntad para que el caso se resuelva”.

Hernández Lozano detalló que el caso de Aguas Blancas sigue vigente porque no han cumplido nada de la recomendación, y lo “que nos han dado ha sido puras limosnas, aquí los que se han beneficiado son los líderes que han estado desde que ocurrieron los hechos (…)
 para los sobrevivientes ha sido pura limosna, queremos que se acabe de esto y que los culpables, el gobierno tiene la obligación de enjuiciarlos, y se pague conforme a derecho”.
“Nosotros los sobrevivientes no tenemos la vida comprada ya han muerto varios, por eso es que estamos esperando la indemnización para los 29 personas que seguimos vivas, porque han muerto tres personas esperando que las autoridades hagan justicia pera nunca llegó, ellos ya se fueron y nunca vieron una solución de las autoridades”.

Explicó que, el día que fueron asesinados los campesinos él iba conduciendo la camioneta que fue atacada, que él recibió impactos de bala en la mano cuando la saco para pedir que no siguieran disparando, “yo traía toda la gente, por eso es que queremos que las autoridades tomen más cuidado en este tema y que se haga justicia”.

De lo ocurrido aquel 28 de junio y de lo que vino después ha quedado un mal sabor de boca. Nunca se investigó lo relacionado con la reunión del 26 de junio en un salón del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, la cual reconocieron públicamente algunos como el coordinador de asesores, Jorge Leipen Garay y el magistrado del Distrito Federal Edgar Elías Azar, quien dijo: “me siento con la conciencia tranquila” y en una entrevista con El Financiero también declaró “Ya me arrepentí de haber ido, yo fui a visitar a mi amigo, no al gobernador”.

El general Mario Arturo Acosta Chaparro, nunca fue investigado por este caso, murió en la impunidad, a pesar de haber sido señalado como uno de los participantes en la reunión previa del 26 de junio, en el Palacio de Gobierno, donde se planificó la masacre. Estuvo en la cárcel acusado de vínculos con el narcotráfico, pero luego de salir libre, el 23 de abril de 2008, al retirarse del Ejército fue homenajeado junto a otros militares por su patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones. Luego fue asesinado el 20 de abril del 2012, un solitario tirador le pegó tres tiros de 9 milímetros, allá en la Ciudad de México.

Luego el gobierno pagó mal a los ex agentes policiacos que estuvieron en prisión, por el caso de Aguas Blancas, ya en libertad fueron despedidos de la corporación el 2005, durante el mandato de Zeferino Torreblanca Galindo, por eso interpusieron una demanda por despido injustificado en contra de las autoridades estatales. El comandante Ignacio Benítez Carbajal y 11 policías más tuvieron que plantarse e instarse en huelga de hambre, afuera de Casa Guerrero en Chilpancingo, para exigir al gobierno estatal les entregara las liquidaciones que por ley les correspondían.

El director del hospital de Atoyac que recibió la orden, un día antes de la masacre, de tener preparado todo para recoger heridos, Francisco Mercado Ríos, fue asesinado el 31 de julio de 1996, en su clínica privada de Tecpan de Galeana con disparos de una pistola calibre 9 milímetros.

En  la historia del movimiento, la coordinadora Suriana por la Paz y la democracia fundada el 23 julio de 1995, murió de inanición. El 12 de julio de ese mismo año se constituyó la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) que se integró al Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), luego OCSS se dividió: una parte se quedó con la estructura de Atoyac encabezada por Hilario Mesino y otra con Coyuca de Benítez encabezada por Benigno Guzmán. Nadie supo decir cuáles fueron las causas de la división y las fracciones siguen marchando por rutas diferentes.

María Mazón informó, en una carta a El Sur el 17 de diciembre de 2002, que la CNDH después de darle largas a la investigación concluyó que su esposo se había ido con otra mujer, nada más inverosímil, porque Gilberto Romero Vázquez era muy responsable y dejó solos a sus siete hijos: Matha de 16, Elías de 13, Nahí de 10, Noemí de 9, Lizet de 6, Gabriela de 4, y Luis Gilberto Romero Mazón de siete meses. Mientras que por la masacre de Aguas Blancas quedaron 42 niños huérfanos. En lugar de los hechos mucho tiempo los carros le sacaron la vuelta a una cruz hecha con dos varas que estuvo colocada en medio de la carretera. Y Paula Mendoza Téllez conservó el sombrero de su esposo Francisco Rogel Gervasio, que tenía la perforación de la bala que le dio en la cabeza.