Víctor
Cardona Galindo
De los
53 servidores públicos, entre policías, agentes del Ministerio Público, peritos
y funcionarios de nivel medio del gobierno del estado que fueron consignados
por su responsabilidad en la masacre de 17 campesinos o en el desvío de las
investigaciones, sólo estuvieron en prisión cuatro funcionarios y 28 policías
motorizados. Según diversos testimonios los policías que aparecen disparando en
el video no pisaron la cárcel.
Fueron
procesados por abuso de autoridad, homicidio y lesiones, el director operativo
de la Policía del Estado, Manuel Moreno González y 28 policías, entre ellos los
comandantes Lorenzo Roque Cortés y Francisco Sandoval Medina. Dos motorizados más
Fidel Apolonio Ceferino y Policarpo Mendoza Tenorio no fueron aprehendidos.
Mientras
tanto, por homicidio, lesiones, ejercicio indebido y abandono del servicio
público e hipótesis de ocultar información de la que tenga conocimiento, fueron
procesados el primer subprocurador, Rodolfo Sotomayor Espino; el director
general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos; el delegado de Gobernación en la
Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana y, de nuevo Manuel Moreno González.
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Carlos
Mesino Mesino al micrófono, Hilario Mesino
Acosta y Rocío Mesino Mesino,
durante el mitin del
44 aniversario de la masacre del 18 de mayo de 1967,
en
esta fecha pero del 2011. Foto: Víctor
Cardona Galindo.
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Asimismo,
sólo por ejercicio indebido y abandono del servicio público fueron procesados
el subsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos; el
agente del Ministerio Público, Adrián Vega Cornejo; la agente determinadora del
Ministerio Público, Francisca Flores Rizo; el agente del Ministerio Público,
Elías Reachi Sandoval; el delegado regional de la Procuraduría, Javier Reyes
Grande; el agente del Ministerio Público comisionado, José María Alcaraz López;
los agentes auxiliares del Ministerio Público, Gildardo López Reyes, Jorge
Rafael López Serrano y José Antonio Clavel Díaz, y el jefe del departamento de
servicios periciales, Francisco de Paula Ricart Álvarez, así como cinco peritos
más, dos agentes de gobernación y la directora de averiguaciones previas Blanca
María del Rocío Estrada.
También
hubo orden de aprehensión en contra del agente de Gobernación, Armando Nieto
Espita, por homicidio, lesiones y abuso de autoridad, pero no hay información
de que lo hayan aprehendido. Todos relacionados con la causa penal 3-2/996 que
se abrió en el Tercer Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Acapulco.
Pronto
el 12 de julio de 1996 quedó en libertad Gustavo Martínez Galeana, el delegado
de gobernación que grabó el video de la matanza. Luego que fue amparado contra
el auto de formal prisión, el juez Adolfo Van Meeter Roque, lo absolvió por los
delitos de homicidio y lesiones, y sólo fue procesado por ejercicio indebido
del servicio público, por eso pudo salir de la cárcel bajo fianza. Cinco meses
después el 16 de diciembre de 1996 el juez dictó auto de libertad a la agente del Ministerio Público de Coyuca
de Benítez, Francisca Flores Rizo, al agente de gobernación Olimpo Soberanis
Méndez y al perito Alfonso Alonso Piedra, por falta de elementos para procesar.
El
viernes 11 de julio de 1997 el juez dictó la mayoría de las sentencias. “El ex
director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos y el ex director operativo de la
Policía Motorizada, Manuel Moreno González, fueron condenados a 26 años y 6
meses de prisión y 28 ex policías a 24 años, como responsables de homicidio de
17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, de lesiones a 20, así como de los
delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”, nos
recuerda Maribel Gutiérrez.
El ex
subsecretario de Protección y Transito, Rosendo Armijo de los Santos, fue
sentenciado a cinco años de prisión por el ejercicio indebido y abandono del
servicio público. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado: Gonzalo Barrera Abarca, Rafaela Cruz Suástegui, Juan Olea Ventura,
Carlos Gruintal Santos y el agente de Gobernación que grabó el video Gustavo
Martínez Galeana fueron considerados culpables de ejercicio indebido del
servicio público en la hipótesis de ocultar información y condenados a tres
años y tres meses de prisión. El ex agente de Gobernación estatal, Ramiro
Orlando Soberanis Moreno, fue sentenciado a 8 meses de cárcel, por falsedad de
declaraciones ante la autoridad.
El ex
fiscal especial Adrián Venga Cornejo y el agente auxiliar del Ministerio
Público, José Antonio Clavel Díaz, no fueron encontrados culpables del
ejercicio indebido del servicio público del que los acusó la fiscalía, por ello
el juez ordenó su inmediata libertad.
Los
policías motorizados se inconformaron con las sentencias y amenazaron con decir
toda la verdad si no los sacaban de inmediato, denunciaron que los abogados,
que les puso el gobierno del estado, “estaban manejados desde arriba”, y que
todo estaba manipulado, por el gobierno que no los había dejado poner sus
defensores particulares.
El ex
policía Hermilo Tacuba Alonso dijo: “No sabemos hasta dónde quiere llegar el
gobierno con nosotros. El gobierno sabe quiénes fueron los culpables, y él es
el que nos metió a nosotros en esto. No nos tomaron la prueba de Harrison, nada
más nos dijeron tú y tú te vas. Algunos no estuvieron en el lugar de los
hechos, y muchos sí estuvieron. El gobierno siempre pensó que esto era fácil, a
nosotros siempre nos trató de lavar el coco, de engañarnos”, se lee en el libro
Violencia en Guerrero.
Las
nuevas declaraciones de los policías, que no fueron tomadas en cuenta,
coincidían con los primeros testimonios de los sobrevivientes. Los motorizados
dijeron que “cuando los encarcelaron les prometieron que sólo estarían en
prisión hasta diciembre de 1995, ‘sólo cinco o seis meses’, ‘solo para taparle
el ojo al macho’, y les pidieron que lo tomaran ‘como un servicio’”.
El 13
de junio de 1997, en la cárcel de Acapulco, mediante un vocero diez de los policías
afirmaron “que en la operación policiaca del 28 de junio de 1995 para detener a
un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que se dirigía
a una manifestación a Atoyac, participaron 480 efectivos de la policía
motorizada, antimotines y judicial del estado, y no sólo 30 de la motorizada
como dice en todos los expedientes oficiales”.
“Para
ser más específicos eran 30 comandantes con 10 elementos bajo su mando cada
uno, 7 grupos de policías judiciales y 2 camiones con antimotines, incluso un
helicóptero que llegó después del accidente de donde bajaron Héctor Vicario
Castrejón, Rubén Robles Catalán y Rosendo Armijo de los Santos”. Y se reafirmó
que fueron elementos de la policía motorizada los que comenzaron a disparar.
Afirmaron
que “el entonces subsecretario de Protección y Tránsito del Estado, Rosendo
Armijo de los Santos, habló directamente con ellos para hacerles la propuesta,
‘por órdenes del gobernador Rubén Figueroa’ para que aceptaran declararse
culpables: ‘Nos metieron a un cuarto, y luego llegó Rosendo Armijo, y nos dijo
que nos iba a presentar como culpables a los diez, por órdenes de arriba,
porque era necesario proteger a los meros meros”.
“Que
nos iban a tratar bien en el Cereso, que nos iban a dar casa, apoyos
económicos, becas para nuestros familiares y que en diciembre de 1995 a más
tardar estaríamos liberados, que lo tomáramos como un servicios”. Ninguna
promesa se cumplió. Por el contrario, en enero de 1996 fueron encarcelados 18
motorizados más, a quienes el gobierno de Figueroa hizo ofrecimientos similares,
y dicen que tampoco son los que dispararon contra los campesinos”.
Los
abogados de los policías argumentaron que algunos de los que estuvieron en la
matanza de Aguas Blancas días antes habían participado en el enfrentamiento
ocurrido, el 8 de junio de 1995, con presuntos narcotraficantes en Real de
Guadalupe, en la sierra de Vallecitos, municipio de José Azueta, donde murieron
cuatro policías y tres presuntos delincuentes.
El 26
de noviembre de 1997, el Tribunal Superior de Justicia del Estado redujo la
condena fijada por el juez de 24 a 18 años de prisión para los 28 policías y de
26 años y medio a 19 años para dos ex funcionarios del gobierno del estado. Asimismo
que “no ha lugar” a condenar a ninguno de los sentenciados al pago de la
reparación del daño a los deudos de los 17 campesinos asesinados el 28 de junio
de 1995 y a 20 campesinos heridos, porque “en actuaciones del proceso que se
les siguió no hay constancia que demuestres la cuantía de ello”.
Dos
años más tarde, en abril de 1999, fueron liberados 15 de los 28 policías
motorizados que estaban presos por el homicidio de los 17 campesinos y también
salió el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el funcionario
de mayor rango que había sido encarcelado. Y después de cinco años y ocho meses
de prisión recuperó su libertad el mayor Manuel Moreno González, quien fue sentenciado
a 19 años de prisión, salió el 24 de agosto de 2001. Había ingresado al penal
el 10 de enero de 1996.
Mientras
el ex comandante de la Policía Motorizada, Ignacio Benítez Carbajal, condenado
a 18 años de cárcel por la masacre de Aguas Blancas, pidió la intervención de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se reabriera la
investigación “para que se esclarezcan debidamente los hechos y se castigue a
los verdaderos responsables”, y para que el gobierno de Guerrero le concediera
el beneficio de la preliberación.
En un
documento que envió a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, Benítez
Carbajal reveló que para condenar a los policías como responsables de la
masacre se utilizaron pruebas de Harrison simuladas, que realmente no se
practicaron. También expuso que los policías que aparecen disparando en el
video de la masacre no fueron juzgados.
Benítez
Carbajal expuso su participación el 28 de junio de 1995: “Por instrucciones
superiores se me ordenó que me trasladara a ese lugar con mis elementos para
realizar un operativo policiaco de despistolización, más nunca se me informó
que el operativo tenía como finalidad detener a los campesinos integrantes de
la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Tepetixtla, Guerrero, para
evitar que se manifestaran en la población de Atoyac de Álvarez”.
El
documento fue entregado a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de
Guerrero (Codehum), el 18 de enero 2002, con el fin de que el ombudsman, Juan
Alarcón Hernández, lo remitiera a la CNDH. Ahí firmaba que no habían sido
castigados los verdaderos responsables, y pedía “que se practiquen las pruebas
periciales correspondientes para acreditar que las personas que aparecen
disparando en contra de los campesinos en la videofilmación que obra agregada a
la causa penal, son distintos a los policías que fueron consignados. Sin
embargo, por causas por demás injustificables se les otorgó la más completa
impunidad, ya que ni siquiera fueron citados por el agente del Ministerio
Público para que rindieran su declaración con relación a esos hechos”.
Ignacio
Benítez Carbajal, se instaló en huelga de hambre en el penal de Chilpancingo,
el lunes 21 enero 2002 a las 10 de la mañana, en demanda de su preliberación y
la reapertura de la investigación. Luego
sin que se hiciera pública su excarcelación salió libre el 9 de octubre 2003 a
las 9 de la noche, que se sumó a la liberación en las mismas condiciones, el 11
de septiembre y el 9 de octubre, de seis policías motorizados recluidos en el
penal de Acapulco. El 20 de octubre de 2003 por la noche, el Gobierno del
estado emitió un boletín para explicar el motivo de la liberación de siete
acusados de la masacre de Aguas Blancas.
El
documento indicaba que el Consejo Técnico Interdisciplinario de Readaptación
Social concedió la libertad anticipada el 11 de septiembre a: Alfonso Díaz
Jiménez, Omar Figueroa Meza e Irineo Gatica Rosario; y el 9 de octubre a
Hermilo Tacuba Alonso, José Manuel Rodríguez Pino, Dustano Vargas Hernández e
Ignacio Benítez Carbajal, quienes “reunían los requisitos para la libertad
anticipada”, al cumplir 45 por ciento de la sentencia a 18 años que les fue
impuesta.
Al
final únicamente quedaban seis policías y el director de Gobernación, Esteban
Mendoza Ramos quien, junto a los
motorizados Benito Cruz Hernández, Martín Chávez Castro, Jesús Medina Mora,
Alberto Navarrete Nava, Eladio Piedra Orozco y Marco Antonio Villamar Arguello,
realizaron en noviembre de 2003 una huelga de hambre en demanda de su
excarcelación. Dos años después obtuvo su libertad el 5 de octubre de 2005, Mendoza
Ramos pasó encarcelado nueve años. Los policías también salieron libres.
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