21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), treceava parte.

Víctor Cardona Galindo

“Quiero dejar testimonio /de una sangrienta emboscada /en el vado de Aguas Blancas /es donde fue preparada /planeada por el gobierno y por la motorizada”, cantó José de Molina.

El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero acordó, el 5 de enero de 1996, denunciar penalmente a ante la Procuraduría de Justicia, al diputado local perredista Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, por “haber obstruido la diligencia de exhumación de los 17 cadáveres de los campesinos muertos en Aguas Blancas y por haber tomado violentamente el juzgado penal de Acapulco”.

Los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) salieron en defensa de su compañero y condenaron la actitud del tribunal y demandaron que “la exhumación se apegue a los criterios establecidos por la ONU, además de que puedan fungir como observadores los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales”. Llegó a plantearse el desafuero de Bernardo Ranferi pero no se concretó.

Al conocerse la identidad de los ocupantes del helicóptero que llegó al vado de Aguas Blancas después de la masacre, revelada por el fiscal Alejandro Varela Vidales, el director de comunicación social del gobierno del estado, Carlos Carrillo Santillán, comentó que estuvo en el lugar dos horas después para “recabar datos sobre los acontecimientos” por instrucciones del secretario general del gobierno Rubén Robles Catalán quien luego de estar en Aguas Blancas se concentró en Coyuca de Benítez.

Rocío Mesino Mesino y Bernardo Ranferi Hernández

 Acevedo con el cantaautor José de Molina en un 

evento de la Unión de Organizaciones de la Sierra

 del Sur (USOS) en Chilpancingo. Foto cortesía 

de la familia Mesino.

Por su parte Rubén Figueroa Alcocer dijo que Carrillo acudió al lugar “porque estaba cumpliendo con su trabajo, fue por instrucciones mías para ver qué había pasado, y es cosa normal”. El PRD cuestionó esa revelación porque señaló que en el helicóptero también iba de pasajero el general brigadier del Ejército mexicano Mario Arturo Acosta Chaparro. Un día antes, el 5 de enero, los perredistas habían pedido al juez tercero de lo penal que lo llamara a declarar, porque la enfermera Virgilia Galeana García decía haberlo visto subir, vestido de judicial, al helicóptero en el vado de Aguas Blancas luego que sucedió la masacre.

El 10 de enero de 1996, fueron consignados 20 policías motorizados más, culpados de homicidio, lesiones y abuso de autoridad, en ese paquete estaban el director operativo de la policía motorizada Manuel Moreno González, los comandantes Lorenzo Roque Cortés y Francisco Sandoval Medina y los policías Fidel Apolonio Ceferino, Nicolás Ramírez Rodríguez, Genaro Ramírez Liborio, Masabi Bailón Cortés, Claudio Padilla Delgado, Irineo Gatica Rosario, Porfirio García Cano, Policarpo Mendoza Tenorio, Antonio Barrera Tecuapa, Pedro Alcocer Castro, Jaime Navarrete Valentín, Martín Chámes Castro, Marcelino Castro Castro, Faustino Zamora Memije, Heriberto Hernández Moreno, Omar Figueroa Meza, Carmelo Muñoz Gatica y Eloy Gutiérrez Casarrubias.

De estos, 18 que se encontraban en activo fueron arrestados en sus cuarteles, y dos más, Fidel Apolonio Ceferino y Policarpo Mendoza Tenorio, que desertaron de la corporación antes de esa fecha, escaparon a la acción de la justicia. Entre los detenidos estaba el comandante Lorenzo Roque Cortés, quien supuestamente fue herido de un machetazo al comenzar la balacera, él como sus compañeros se declararon inocentes al ser presentados ante la segunda secretaria de acuerdos del juez tercero del ramo penal en  Acapulco.

Alejandro Varela Vidales también consignó, ese día, por los delitos de homicidio, lesiones, ejercicio indebido, abandono del servicio público y por ocultar información de la que tuvieron conocimiento: al primer subprocurador Rodolfo Sotomayor Espino, al director de gobernación Esteban Mendoza Ramos y al delegado regional de gobernación Gustavo Martínez Galeana.

Lienzo que preparó el pintor Clévert Rea Salgado

alusivo a la masacre de Aguas Blancas. Foto cortesía 

de Clevert Rea.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas y se ejecutaron con prontitud. Ese mismo día fueron detenidos el ex subprocurador de justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, el ex director operativo de Seguridad Pública, Manuel Moreno González y el ex delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana, quienes estuvieron presentes en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio, antes, durante y después de los hechos sangrientos.

La defensa denunció que hubo excesos cometidos por los agentes federales que ejecutaron las órdenes de aprehensión, publicó El Sol de Acapulco que un abuso sucedió el 10 de enero a las 9:25 de la mañana, “los de la judicial federal, llegaron al hotel Parador del Marques, desarmaron y sometieron a los agentes de la judicial del estado (que custodiaban a los ex funcionarios arraigados) para en seguida despojarlos de sus armas”, cuando estaban tirados en el piso les pusieron el pie en la espalda y les apuntaron en la cabeza con sus armas de alto poder.

Según el fiscal, los cuatro funcionarios fueron los responsables de los delitos señalados “porque pudieron evitar la masacre de Aguas Blancas” contra los campesinos, y además ocultaron información en el transcurso de la averiguación previa. En el documento de la consignación, el fiscal Varela Vidales plasmó que el operativo del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas fue “ilegal, y contrario a la función que deben cumplir los cuerpos de seguridad pública”. De acuerdo con el resultado de su investigación no hubo motivo para que se provocara la balacera en contra los campesinos.

Rocío Mesino Mesino dijo que el fiscal estaba llevando a cabo una investigación “dudosa”, durante un discurso pronunciado en Tepetixtla el 13 de enero para conmemorar el segundo aniversario de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y en el marco de la Primera Jornada Nacional Contra las Violaciones de los Derechos Humanos en México.

En un comunicado el Ayuntamiento de Atoyac, encabezado por María de la Luz Núñez Ramos y Wilibaldo Rojas Arellano, calificó como una señal alentadora la detención de los cuatro funcionarios y 18 policías “en el sentido de que la fiscalía especial avanza en sus investigaciones con paso firme y acorde con el clamor de justicia de nuestro agraviado pueblo… Los autores materiales de la masacre están siendo castigados, esperamos que también lo sean sus autores intelectuales”.

Varela reveló el 14 de enero, que los primeros estudios de balística realizado por personal de la fiscalía, indicaron que la lona de la camioneta azul donde viajaban los campesinos “presenta 283 perforaciones de bala”, la camioneta más de 30 impactos y el parabrisas ocho en distintas partes.

El fiscal Varela Vidales y el propio gobernador, Rubén Figueroa trataron de dar por terminada la investigación con las detenciones del miércoles 10 de enero de 1996,  porque según las declaraciones los funcionarios ya detenidos y sujetos a proceso “pudieron haber evitado la matanza, pues estuvieron presentes en el lugar de los hechos”.

Las intenciones de dar por concluidas las investigaciones del caso, fueron frustradas por la cantidad de las opiniones reprobatorias que vinieron de los organismos nacionales e internacionales, que observaron en el fallo del fiscal “una clara falta de voluntad para resolver el caso Aguas Blancas”. Al mismo tiempo se confirmaba que el gobierno de Guerrero era “incapaz de actuar imparcial y eficazmente debido al círculo vicioso del abuso e impunidad que se vive en el estado”. Por esos días también la CNDH revelaba que no encontró evidencia directa para probar que Rubén Figueroa fue el autor intelectual de los homicidios cometidos en el vado.

A finales de enero compareció ante la fiscalía especial el general Mario Arturo Acosta Chaparro quien negó su presencia en el lugar de los hechos y el gobernador Rubén Figueroa Alcocer envió su declaración por escrito. María de la Luz Núñez Ramos exigió a la fiscalía que se hicieran públicas las declaraciones de Acosta y las del gobernador. Varela Vidales dijo a los medios de comunicación que la enfermera Virgilia Galeana “se retractó ante nosotros. No reconoce haber visto al general Mario Arturo Acosta Chaparro en el lugar de los hechos”.

Las investigaciones continuaron. El 7 de febrero de 1996, la fiscalía ejerció acción penal, por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, en contra del subsecretario de protección y tránsito, Rosendo Armijo de los Santos, del primer fiscal especial, Adrián Vega Cornejo, del agente determinador central de Acapulco, Elías Reachi Sandoval, de la agente del Ministerio Público de Coyuca, Francisca Flores Rizo, del agente auxiliar, Javier Reyes Grande, del delegado regional de la procuraduría, José María Alcaraz López, del agente del Ministerio Público comisionado, Gildardo López Reyes, de los auxiliares, Jorge Rafael Reyes Serrano y José Antonio Clavel Díaz.

Ese día también fueron consignados por idénticos delitos el jefe del departamento de Servicios Periciales Francisco de Paula Ricart Álvarez y los peritos Alfonso Alonso Piedra, Juan Olea Ventura, Gonzalo Barrera Abarca, Rafaela Cruz Suástegui y Carlos Gruintal Santos. Y la directora de averiguaciones previas, Blanca María del Rocío Estrada Ortega.

Varela Vidales afirmó que el 28 de junio, “hubo manipulación en las actuaciones de parte del determinador, Elías Reachi Sandoval, quien iba al frente del Ministerio Público encargado de las diligencias con posterioridad a los hechos”.

Mientras las investigaciones seguían sus curso, 11 casas fueron entregadas a igual número de viudas de Aguas Blancas en la colonia La Loma de Coyuca de Benítez, el 13 de febrero, en un acto encabezado por el secretario de gobierno estatal Zotico García Pastrana. Las viviendas tenían un valor de 58 mil pesos. Dos más fueron construidas en Atoyaquillo, una en Paso Real, otra en la Barra y una más en Cuernavaca Morelos.

Mientras la situación política se calentaba cada día más, los asesinatos colectivos a manos de cuerpos policiacos continuaban. Aquel 19 de febrero de 1996, la Policía Judicial del Estado emboscó, a las 11 horas, cerca de La Florida, a los ganaderos Agapito Rojas Hernández, de 25 años, Genaro Martínez Sánchez, de 25 y Miguel Rojas Cortés de 18 años de edad. Se supo que los judiciales intentaban secuestrarlos, pero como los campesinos se defendieron el secuestro se frustró.

“Al trasladarse cinco familiares de las víctimas del poblado El Paraíso a La Florida, se encontraron con un grupo de agentes de la PJE, percatándose por las huellas de sangre que uno de los agentes había sido herido”, dice un oficio de la CNDH firmado el 2 de junio de 1997.

Por la noche al estar velando a los difuntos, se enteraron que el judicial herido estaba siendo llevado al puerto de Acapulco y por eso José Rojas Hernández, de 32 años, Isaías Rojas Osorio, de 26, Mauro Altamirano Osorio, de 22, Benigno Figueroa Alquisiras, de 43 y Héctor Aguilar Navarrete, de 31 años, decidieron trasladarse esa ciudad para conocer la identidad del agente y denunciar los hechos, pero al ir tras el policía en el punto denominado El Roble, entre El Papayo y El Zapote, fueron acribillados por policías judiciales dentro del vehículo en que viajaban y arrastrados fuera de él. Todos tenían múltiples heridas y tiro de gracia.

Esa  noche también asesinaron a Marco Antonio Fierro Camacho, de 27 años, quien se encontraba en el velorio y cuando iba rumbo a su casa, fue acribillado frente al panteón de la cabecera municipal con seis balazos calibre 380 en la espalda.

La versión oficial decía que los agentes judiciales al ser agredidos dieron muerte a los cinco campesinos y como responsables quedaron el comandante de la plaza de Tecpan de Galeana, Leopoldo Benítez Pérez y el agente Leonel Rosales Garduño. Los habitantes de El Paraíso, priistas, perredistas y ciudadanos sin partido, tradicionalmente divididos y confrontados por motivos políticos, se movilizaron para exigir justicia, con el apoyo del ayuntamiento perredista de Atoyac.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), doceava parte.

Víctor Cardona Galindo

“Ya me cansé de llorar por esto que ha sucedido /mandaron a acribillar a indefensos campesinos /Bajaban de Atoyaquillo, con otros de paro Real /y los emboscó el gatillo del gobierno criminal”, dice una estrofa del corrido que compuso el padre Máximo Gómez a la masacre de Aguas Blancas.

Al notarse un mínimo avance en las investigaciones sobre la matanza de Aguas Blancas, organismos defensores de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ejercieron presión sobre el ejecutivo nacional para que esclareciera de manera objetiva el caso y deslindara responsabilidades sobre los incriminados en la masacre.

Entre las organizaciones internacionales que se solidarizaron con Guerrero destacaron: Amnistía Internacional (AI); Physicians for Human Rights, la organización Minnesota Advocates for Human Rights y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CJDI). El Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales (CDHLC), cuyo presidente Peter A. Schey visitó Guerrero a principios de noviembre, también lo hizo el perito forense de Amnistía Internacional Morris Tidball Binz quien recomendó una exhumación de los cuerpos para abril de 1996 con la presencia de más peritos extranjeros.

Hilario Mesino Acosta, uno de los fundadores 

de la Organización Campesina de la Sierra 

del Sur, al fondo el monumento a Lucio Cabañas

 Barrientos. Foto: Francisco Magaña.

A finales de noviembre, unos 30 judiciales vigilaban en sus domicilios a 15 ex funcionarios a los que se les decretó un segundo arraigo domiciliario, del 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre, entre ellos estaban el ex procurador Antonio Alcocer Salazar, el subsecretario de Protección y Vialidad Rosendo Armijo de los Santos, el director operativo de Seguridad Pública Manuel Moreno González, el ex fiscal especial Adrián Vega Cornejo, el ex director de gobernación Esteban Mendoza Ramos y el ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy.

Estos fueron señalados por la CNDH de haber obstruido y destruido pruebas para las investigaciones del caso Aguas Blancas. Los agentes los acompañaban cuando salían de sus casas. Por eso la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos denunció que eran sus propios “guaruras”, los que cuidaban a los ex funcionarios implicados en la masacre de Aguas Blancas, mismos que a pesar de no estar en funciones seguían mandando en Guerrero.

Como parte de la lucha por la desaparición de poderes en la entidad, el 26 de noviembre, salió de Atoyac en caravana de carros un contingente que buscaba llegar a la ciudad de México, pero a las tres de la madrugada del 28 se regresó de Chilpancingo después de establecer acuerdos políticos con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

La primer edil de Atoyac, Núñez Ramos declaró a la prensa que Atoyac no había recibido apoyos financieros para implementar un plan de desarrollo que contemplara la apertura de caminos, agua potable, drenaje y seguridad pública. Por eso al reunirse con Figueroa y con funcionarios del ejecutivo estatal se lograron importantes acuerdos entre los que destacaban: entregar al Ayuntamiento de Atoyac cinco mil toneladas de cemento, 300 mil nuevos pesos para terminar los puentes de La Pintada y Mexcaltepec, 328 mil nuevos pesos para la reubicación del rastro municipal. También el acuerdo de construir viviendas a cada una de las viudas de Aguas Blancas. Después de esto el Ayuntamiento de Atoyac se retiró temporalmente de la lucha por la desaparición de poderes que retomaría meses después.

A partir de la masacre de Aguas Blancas, los principales dirigentes de la OCSS, perseguidos por el gobierno, vivían a salto de mata, entonces emergió fuerte la figura de Rocío Mesino Mesino, hija del fundador Hilario Mesino, quien tomó la estafeta para dirigir la agrupación, exigiendo justicia y cárcel para los responsables de la matanza.

Rocío Mesino Mesino, nació en 1974 en la comunidad del Escorpión Municipio de Atoyac, cursó sus estudios primarios en las comunidades de Agua Fría y San Juan de las Flores municipio de Atoyac de Álvarez. Desde que se convirtió en la figura principal de la OCSS, se inició una persecución y hostigamiento en su contra. En los retenes del Ejército y de la Policía Judicial, los vehículos en que viajaba eran revisados hasta por media hora y desde entonces hombres desconocidos la seguían a donde fuera, como lo denunció muchas veces a la prensa. Rocío le tocó encabezar lo que podríamos llamar una segunda etapa de lucha de la OCSS.

El 13 de diciembre de 1995, el fiscal especial  que el gobierno del estado puso para el caso Aguas Blancas, Alejandro Varela Vidales, pretendió llevar a cabo la exhumación de los cuerpos de los 17 campesinos, pero fracasó. Los familiares de los caídos, con el diputado local Ranferi Hernández Acevedo a la cabeza, se opusieron a la diligencia pidiendo la presencia de peritos extranjeros. Se hablaba que de acuerdo a las necropsias iniciales nueve de los 17 campesinos presentaban tiro en la cabeza.

Alejandro Varela Vidales “engaño a las viudas y desestimó sus derechos cuando trató de hacer la exhumación de cadáveres sin su consentimiento y sin las condiciones técnicas requeridas por el protocolo de la ONU para éste tipo de diligencias, de que Varela ni siquiera tenía conocimiento (…) El 13 de diciembre de 1995 el fiscal se enfrentó a los familiares de las víctimas. Llegó a los cementerios de Atoyaquillo, Tepetixtla y Paso Real, con el juez de causa, Adolfo Van Meeter y un equipo de 40 peritos y decenas de policías sin uniforme”, publicó Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero.

El fiscal intentó exhumar los cuerpos sin avisar de la fecha a los deudos, con el fin de que no participaran los expertos que ellos pedían. A partir de entonces, el diputado Hernández Acevedo fue el blanco de ataques del fiscal, del juez, de políticos priistas, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Jesús Araujo quien quiso desaforarlo para proceder penalmente en su contra.

María de la Luz compareció, el 19 de diciembre de 1995, ante el fiscal especial Oscar Varela, donde repitió lo que ya había dicho a la prensa sobre su comunicación con Figueroa en 27 y 28 de junio por la tarde, y presentó su declaración por escrito. El 22 de diciembre se extendió el arraigo otros 30 días para los funcionarios implicados en el caso.

Habían pasado seis meses desde que ocurrió la masacre y todavía nada estaba claro, las investigaciones a un estaban estancadas, la exhumación de los cuerpos no se había concretado, primero porque se opusieron las autoridades judiciales del estado, luego el dilatado proceso para designar al fiscal especial Alejandro Varela Vidales, quien sustituyó a Miguel Ángel García Domínguez que duró en el cargo solamente tres semanas, porque fue nombrado magistrado del Poder Judicial en Guanajuato, y finalmente porque los familiares exigían que estuvieran presentes representantes forenses de organismos internacionales.

Cuando se supo que ya Varela pretendía cerrar la investigación sin citar a declarar a 25 testigos sobrevivientes de la matanza, los familiares apoyados por miembros de la OCSS y de la UOSS tomaron las oficinas de la fiscalía en Acapulco, ubicadas en el condominio Balboa, en la calle Vasco Núñez de Balboa y Capitán Malespina y ahí confirmaron que el fiscal buscaba exonerar a Figueroa.

“Pronto se supo también que además de ser un gris y ambicioso abogado, Varela Vidales tenía relación con Figueroa antes de ocupar la fiscalía… El nexo era el representante de Figueroa en la ciudad de México, el abogado Luis del Toro Calero (…) lo que colocaba a Varela fuera del perfil que marcó la CNDH para la persona que debía encargarse de investigar la matanza de 17 campesinos”, comenta Maribel.

Terminó 1995 con más violencia en Guerrero. El 28 de diciembre siete campesinos fueron ejecutados en el poblado de Xochiapa, municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña. Las víctimas y los agresores iban vestidos con ropas tipo militar. El comandante de la Novena Región Militar, general Tomas Enrique Salgado Cordero, comentó que se trató de un enfrentamiento entre narcotraficantes.

La masacre se registró en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Igualita, cerca de Alcozauca, en el paraje conocido como Barranca del Ídolo. Se dijo que los hermanos Juan, Abel, Antolín y Raúl Olivera Rojas vecinos de la comunidad de San Francisco Xochiapa que vestían ropas tipo militar, sacaron con lujo de violencia de sus domicilios a los campesinos Aarón González Martínez, Nahúm González García y Alberto Quiroz Mateos para matarlos. Cada uno presentaba tiro de gracia. Luego los familiares y miembros de la comunidad les dieron alcance a los asesinos que también murieron acribillados con balas de grueso calibre.

Luego, Aarón Benítez Carbajal, hermano de uno de los comandantes implicados en caso Aguas Blancas, fue asesinado por al menos dos sicarios el 31 de diciembre de 1995 en El Ciruelar municipio de Atoyac. De acuerdo con la nota de Pablo Alonso Sánchez publicada en el Diario 17, los hechos fueron a las ocho de la noche, el líder campesino recibió ocho impactos de bala, al parecer de 10 milímetros. Fue levantado por sus familiares y herido llevado a una clínica de San Jerónimo de Juárez donde murió al día siguiente primero de enero de 1996.

“El sujeto que le disparó llegó comprando una cajetilla de cigarros y al momento que le despachaba, sacó una pistola de entre sus ropas y le disparó dejándolo gravemente herido para posteriormente darse a la fuga”, dice Pablo Alonso. Aarón Benítez era líder priista y mucho tiempo militó en la Coalición de Ejidos de la Costa Grande. El 3 de enero fue sepultado en su natal Tepetixtla.

Así la violencia continuaba a pesar de que la presencia de fuerzas policiacas y militares en la sierra y la Montaña, era ya una constante y acentuada mayormente en la comunidad de Tepetixtla, donde se localizaba el grupo más combativo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Varela Vidales realizó la reconstrucción de los hechos en el vado de Aguas Blancas. Acreditó que los campesinos iban desarmados y que ya muertos les fueron colocadas las armas de fuego. Pero al gobernador nada de responsabilidad. “Para cubrir las apariencias consignó a 20 policías más, y 23 funcionarios. En prisión quedaron cuatro ex funcionarios de nivel medio del gobierno de Figueroa y 28 ex policías motorizados”, dice Maribel. Dos policías se dieron a la fuga antes de ser aprehendidos.

También el juzgado segundo de primera instancia del ramo penal liberó orden de aprensión en contra de 80 policías de seguridad pública incluido su director Manuel Moreno González por los delitos de abuso de autoridad y lesiones contra 55 indígenas. Por los hechos del 14 de septiembre de 1994 cuando miembros del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Negra, sufrieron un desalojo violento en Chilpancingo por parte de la policía estatal, por lo que la CNDH emitió la recomendación 32/95.

Por el asesinato de Juan Rodríguez Nieves fueron detenidos tres campesinos de la OCSS: Anastasio y Andrés Ascencio Domínguez, así como Romualdo Carrasco Benítez. Los acusaban también del crimen de Belén Hernández Martínez y Benjamín Rodríguez Jiménez, ejecutados a balazos el 22 de agosto de 1995.

El viernes 5 de enero de 1996, el fiscal Varela Vidales, dio a conocer a los medios de comunicación los nombres de los dos funcionarios que viajaron en el helicóptero que sobrevoló la escena del crimen el 28 de junio. Según la fiscalía los pasajeros de la nave fueron el entonces secretario de gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de Comunicación Social, Carlos Carrillo Santillán, quienes también rindieron su testimonio ante el Ministerio Público pero no se les fincó responsabilidad penal. Algunos testimonios dicen que hubo más pasajeros en ese helicóptero.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), onceava parte.

Víctor Cardona Galindo

Durante la segunda mitad de 1995 desarrolló, en algunos pueblos de Guerrero, una Guerra de Baja Intensidad (GBI). A sólo tres meses de ocurrida la masacre de Aguas Blancas, más de 50 personas habían muerto entre policías, campesinos, perredistas, ciudadanos sin partido y priistas. La mayoría de las víctimas eran campesinos que luchaban por sus derechos y demandas, que estaban cayendo a manos de “misteriosos” escuadrones de la muerte.

También algunos miembros de los cuerpos de seguridad pública estatal cayeron a manos de alguna especie de resistencia, ya fuera de bandas de delincuentes comunes, grupos de autodefensa o miembros de alguna célula guerrillera que ya operaban Guerrero desde 1984. Tampoco se podía negar la existencia de bandas de narcotraficantes, sobre todo en la parte alta de la sierra, donde ha persistido el cultivo de amapola debido a su atraso en el desarrollo social y su orografía.

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) 

desde hace 21 años ha estado siempre presente en la 

lucha por la presentación de los desaparecidos políticos 

de la década de los setentas. A la izquierda en la esquina 

va Norma Mesino Mesino, atrás camina Julio Mata 

Montiel secretario ejecutivo del Afadem. Foto: Francisco

 Magaña.

“Esta ‘empresa’ ha operado de manera eficiente debido a sus fuertes vínculos tanto en el interior como en el exterior del estado; sólo como ejemplo, mencionaremos que debido a la incapacidad del gobierno para estructurar un programa de desarrollo económico eficiente e incluyente, muchas comunidades indígenas y campesinas se han dedicado a la siembra de estupefacientes como fuente de trabajo y, por lo tanto, como fuente de ingresos para la satisfacción de sus necesidades básicas; ‘el narcotráfico es fuente de poder económico, y de deterioro y de cambio social maligno’”, dice Gabriel Alfonso Castillo Leyva y coautores, en su tesis Inestabilidad Política en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto.

Y agregan: “Los grupos o células guerrilleras siempre han operado dentro del estado y no sólo por sus manifestaciones históricas, sino también, por la misma situación continua de autoritarismo y represión social institucionalizada que durante años ha reinado en el estado… existen las estructuras del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y del Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp), en Guerrero. Estas dos organizaciones nunca dejaron de existir, desde mediados de la década de los sesenta han desarrollado una labor revolucionaria protegidos por el pueblo”.

 “De acuerdo con reportes de inteligencia militar y de seguridad nacional son siete focos de conflicto que existen en el estado, Filo Mayor, Alta Montaña, Baja Montaña, Costa Grande, Costa Chica, Teloloapan-Iguala y Coahuayutla- Zirándaro donde operan el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp), el Ejército de Liberación de la Sierra del Sur (ELSS), el Movimiento Popular Revolucionario (MPR), el Ejército Insurgente de Chilpancingo (EICH), las Fuerzas Armadas Clandestinas (FAC) o Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional (FACLN) y el Ejército de Liberación del Sur (ELS)”, recoge Gabriel Alfonso Castillo Leyva y compañeros.

Esta información parece confirmarse con el ataque del 7 de julio de 1995, donde cinco policías estatales murieron en una emboscada realizada por 40 hombres armados con AK-47 y R-15 en el paraje Ojo de Agua, del municipio de Cualac, “un grupo llamado Brigada Campesina de Ajusticiamiento reivindicó el ataque y dijo que era en respuesta a la matanza de Aguas Blancas. En un comunicado enviado al diario El Financiero expresó: ‘Ya no queremos quedarnos sentados a ver cómo mueren nuestros hermanos; la indignación que hemos venido guardando desde hace tiempo nos ha llevado a la decisión de responder a este crimen con la justicia del pueblo para enfrentar la represión’”, asentó Maribel Gutiérrez en Violencia en Guerrero.

Algunos medios publicaban que grupos especiales del Ejército, de la PGR y cuerpos policiacos del estado peinaban en septiembre la sierra madre del Sur con el objeto de detectar supuestos grupos subversivos. En este contexto de intimidación, la militarización de la entidad, la represión a los indígenas y campesinos, el descontento social, la aparente tradicional presencia de la guerrilla, la impunidad con la que se movían los grupos paramilitares y de los cuerpos de seguridad pública y el autoritarismo gubernamental, provocaron un clima de inestabilidad social en todo el estado, que se tradujo en lo que los estudiosos llaman un “déficit de gobernabilidad”.

Un hecho que conmocionó a la región de la Costa Grande fue que, el 4 de septiembre de 1995, en un lugar conocido como El Venado, de la carretera que conduce a El Paraíso, acribillaron a tiros al comandante de la policía comunal de esa localidad, Adalid Araujo Ávila y al policía Armando Simbras Torres y ambos resultaron muertos. La instalación de la policía comunal era un proyecto de María de la Luz Núñez, como un ejercicio de seguridad ciudadana, para reducir la ola de delincuencia que imperaba en las comunidades de Atoyac.

El 22 de septiembre, un operativo inusual inició en la sierra de Petatlán. En ese recorrido participaron miembros de un grupo antiterrorista y del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano. El hecho se dio porque los comisarios denunciaron que unas 20 personas encapuchadas recorrían pueblos de esa demarcación afiliando gente para el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el proceso de investigación de la masacre de Aguas Blancas, el 22 de septiembre se presentó ante el juez, el agente de gobernación Gustavo Martínez Galeana quien dijo que el casete, que contenía la filmación de la operación que terminó con la muerte de los 17 campesinos, se lo entregó a su jefe Esteban Mendoza Ramos. – ¿Por qué te pusiste nervioso? –Le preguntó la prensa, después de perseguirlo por los juzgados, –“Cualquiera  se pone nervioso, si no estaba en misa”, –contestó sobre su declaración ante el juez tercero de lo penal Adolfo Van Meeter Roque.

Gustavo, quien fue el encargado de videograbar el operativo del 28 de junio, comentó “después del enfrentamiento de balas cruzadas no hubo ningún disparo… Permanecí aturdido dentro de mi camioneta, porque estaba lloviendo… Ya no vi… no sentía, no sabía qué hacer, como autómata encendí mi camioneta y me vine a Coyuca”. Y sostuvo la versión de los policías de que los campesinos también dispararon.

Al día siguiente, el sábado 23 de septiembre, cuatro policías de la motorizada y tres municipales murieron en una emboscada en Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente. Para entonces 740 policías motorizados habían sido descentralizados a 51 municipios, con motivo de la recomendación 104/95 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En esta tercera emboscada, después de la de Aguas Blancas, los fallecidos fueron: el segundo comandante de la motorizada, recién desincorporado, Cayetano Hidalgo Chino, de 28 años y los policías estatales Feliciano Ramírez Lorenza, de 28 años; Alfredo Adame Emigdio, de 28 años y Armando Vargas Olea, de 31 años. De los policías municipales fallecieron: Juan Araujo Díaz, de 28 años; Erasto Salazar Mondragón, de 23 años y Félix González Mondragón. El ataque fue en el paraje denominado Corre Pescado, aun kilómetro de la cabecera municipal.

La alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, no aceptó a los 10 policías estatales que venían para el municipio de Atoyac. Por considerar que la mayoría de los elementos estaban ligados a integrantes de bandas de delincuentes, pero además eran autores de los asaltos que se daban en la región, a menudo los policías del estado extorsionaban y en los retenes que instalaban les quitaban el dinero a los campesinos.

En La Cebada municipio de Atoyac, cuatro campesinos fueron acribillados por hombres uniformados como militares. Fue el 26 de septiembre de 1995, por la noche, cuando llegaron cinco hombres, que nadie conoció, con armas de alto calibre, con uniforme verde olivo y entraron a las casas de las víctimas. Los sacaron con violencia, les ataron las manos a la espalda, y los llevaron rumbo a El Camarón donde les dispararon. Los muertos fueron Macario Rodríguez Galeana, de 36 años; su hijo de 16 años, Santana Rodríguez de la Cruz; Ausencio Isabel Mundo, de 45 años y Eliseo Galeana Guerrero, de 25 años. Cuando algunos reporteros llegaron al lugar de los hechos, unos niños jugaban con los cascajos de las balas que mataron a su padre.

Ese clima de violencia traducido en asesinatos y masacres provocó que el 27 de septiembre un grupo de personajes entre obispos, senadores y campesinos se pronunciaran en contra de la inestabilidad que vivía la entidad y el 30 de septiembre renunció el fiscal especial del caso Aguas Blancas, Miguel García Domínguez, para irse a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de su natal Guanajuato.

Unos días después, el miércoles 18 de octubre fueron asesinados en El Huapinolar los campesinos Alberto Rosendo y Miguel Vázquez García, cuatro campesinos más fueron heridos en la plaza de Tepetixtla. Al día siguiente llegó un operativo de 70 agentes de la Policía Judicial. De todas maneras el 20 de octubre, fueron asesinados los hermanos Evaristo y Bernardo Nava Hernández, miembros de la OCSS.

Luego, por lo menos 250 miembros del Ejército Mexicano, 100 policías judiciales del estado y 50 de la federal arribaron el sábado 21 a Tepetixtla para tratar de contrarrestar la ola de violencia de la última semana. Unos llegaron caminando otros a bordo de tanquetas.

Mientras en Coyuca por cuarta ocasión, perredistas tomaron el 25 de octubre, el edificio del Comité Municipal del PRI en Coyuca de Benítez. Para estas fechas se hablaba que el Ayuntamiento de Jesús Herrera Vélez tenía un desvío de 900 mil nuevos pesos. Ese mismo  25 de octubre, la Policía Judicial del Estado detuvo en Tecpan de Galeana a Zaragoza Flores Bello como autor intelectual del atentado contra la líder perredista Martha Morales Vázquez.

Después de la renuncia de García Domínguez nadie quería aceptar el “paquetito” de la fiscalía especial. La comisión especial del Congreso local, para el caso Aguas Blancas, se la pasó durante un tiempo buscando quien tomara el cargo y cabildeando con la Secretaría de Gobernación los nombres. Alejandro Oscar Varela Vidales sería el tercer fiscal, para el caso Coyuca nombrado el 9 de noviembre, cinco semanas después que renunciara el segundo.

Ese mismo día jueves el Congreso concedió la licencia a Jesús Herrera Vélez. Ezequiel Zúñiga Galeana fue nombrado en su lugar y como segundo síndico se designó al perredista Héctor Manuel Ponce Radilla, violando la constitución política de Guerrero que estipulaba que se nombraría un segundo síndico en los municipios que tuvieran una población mayor a los 150 mil habitantes y Coyuca de Benítez apenas tenía 70 mil.

Después del nombramiento de Ezequiel Zúñiga Galeana el plantón continuó, el nuevo alcalde comenzó a trabajar en un domicilio particular. Un grupo de perredistas se inconformó por la designación de Héctor Manuel Ponce Radilla de quien dijeron tenía cuatro órdenes de aprehensión y en su lugar querían a Roberto Acosta Orostieta.

El gobierno del estado comenzó a realizar obras en la zona de Tepetixtla y a pavimentar la carretera que conduce a esa comunidad, a mediados de noviembre ya avanzaban los trabajos. Por el homicidio de los priistas Miguel Ángel, Adelaido y Rosendo Vázquez García, fue detenido el militante de la OCSS Faustino Valente Castro y había crecido la lista de órdenes de aprehensión en contra de miembros de esa organización.

En Coyuca, Honorio de los Santos Gil de 65 años, aliado de los perredistas en el movimiento contra Jesús Herrera Vélez, sufrió un atentado el lunes 20 de noviembre por la mañana y fue herido de tres balazos en las piernas. La policía judicial lo atacó cuando salía de su domicilio a las 8:30 en la colonia El Pugido. La versión oficial fue que se negó a entregar la pistola 9 milímetros que traía en la cintura y le hizo frente a los agentes con quienes se dio de balazos.

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, décima parte

Víctor Cardona Galindo

Algunas agrupaciones consideraron que la recomendación, 104/95 de la CNDH, estaba incompleta porque no incluyó la responsabilidad del general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro, quien habría llegado en el helicóptero azul al vado de Aguas Blancas después de la masacre. Tampoco alcanzaba al operador político del gobierno, el subsecretario de finanzas Héctor Vicario Castrejón y al propio gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Acosta Chaparro se estaba moviendo en Guerrero como “asesor” del gobernador, auspició la formación del grupo Tigre, un comando parapolicial encargado de operaciones especiales y que estaba bajo las órdenes de Elías Reachi Sandoval titular de la agencia central del Ministerio Público en Acapulco.

Se supo de su presencia en Atoyac, el 21 de junio de 1994. Por la mañana, el general contrainsurgente estuvo presente en la reunión que el padre Máximo Gómez sostuvo con Rubén Figueroa Alcocer en las oficinas de la estación de radio Stereosol y escuchó parte de esa conversación. Por la tarde, agentes de la Policía Judicial del estado miembros del grupo Tigre catearon las instalaciones de la parroquia El Dios Único del padre Máximo Gómez Muños buscando de armas. Al frente de la operación iba el propio Mario Arturo Acosta Chaparro, el capitán Alfredo Mendiola y Elías Reachi Sandoval.

De acuerdo con los datos recogidos por Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero Acosta Chaparro estuvo el 26 de junio de 1995 en la oficina de Figueroa en el palacio de gobierno de Chilpancingo donde habló “sobre grupos que hacen asambleas y entrenamientos armados en el área llamada ‘El Triángulo’ que se forma en el mapa trazando líneas de Atoyac a Coyuca y a Tepetixtla (…) El propio Acosta Chaparro divulgó después una interpretación en la que parecen en la zona de ‘El Triángulo’, la OCSS, el PROCUP y el Partido de los Pobres (Pdlp), como peligrosos para el gobierno federal y estatal porque pueden levantarse en armas en cualquier momento”.

Acosta Chaparro hacía suposiciones sobre sacerdotes a los que señalaba como guerrilleros: Jesús y Ramón Mendoza Zaragoza, Orbelín Jaramillo y Pedro Rumbo Alejandri quienes según su imaginación controlaban “El Triángulo”. Esas suposiciones del general influirían en las decisiones de Figueroa en torno a la OCSS. Después del 28 de junio Acosta Chaparro se reunió nuevamente con el gobernador de Guerrero. Por eso se denunció que el brigadier tenía participación en los hechos de Aguas Blancas.

A partir de la llegada de Figueroa Alcocer, a la gubernatura, regresaron funcionarios que participaron en la persecución a la guerrilla en la década de los setentas, “como el procurador Antonio Alcocer que en esa época fue juez penal en Acapulco y el determinador del Ministerio Público, Elías Reachi Sandoval, que fue subjefe de agentes del Ministerio Público en los tiempos de Figueroa Figueroa y en 1995 era gerente de la empresa de Transportes Figueroa, propiedad del gobernador y su familia. Esos funcionarios trabajaron en el gobierno de Figueroa Figueroa vinculados al entonces director de las corporaciones policiacas estatales, Mario Arturo Acosta Chaparro”, dice Maribel.

Héctor Vicario Castrejón se movía, por la sierra de Atoyac y Coyuca con una escolta armada, ofreciendo dinero a los dirigentes de la OCSS y a los heridos de la masacre de Aguas Blancas para tratar de acallar sus denuncias y manifestaciones de inconformidad. Una noche se presentó en la casa de Hilario Mesino Acosta para ofrecerle dinero a cambio de volver al diálogo con el gobierno a Benigno Guzmán le enviaba mensajes por medio de un hermano.

“Buscaba, con dinero, borrar la historia que muchos conocen. Pretendía comprar declaraciones falsas, favorables al gobierno de Figueroa, o por lo menos el silencio. ‘Ya no sigas declarando en contra de mi gobierno’, le dijo al joven campesino Norberto Pastrana Gallardo, sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, que fue herido de bala en un brazo. Y sacó de su portafolios 40 mil nuevos pesos en efectivo, que le dio antes de cerrar con una amenaza: ‘Ya sabes lo que te puede pasar si sigues chingando al gobierno’”, recogió para la historia Maribel Gutiérrez.

El miércoles 2 de agosto, durante una reunión, Pastrana Gallardo entregó 30 mil pesos a su pueblo Paso Real y tomó 10 mil pesos que era la cantidad que el gobierno estaba dando a los heridos. “La asamblea acordó que ese dinero quedara como fondo para que la comunidad siguiera participando en las movilizaciones para exigir justicia”.

A los heridos, además de ofrecerles dinero por su silencio, se les obligó firmar actas sobre su declaración las cuales nunca leyeron y no supieron de su contenido.

Enrique Soto Oliver de la Asociación de Abogados Democráticos señaló que era ilegal que Vicario ofreciera dinero del erario, con el fin de tratar de componer la imagen del gobernador. Propuso que “los funcionarios responsables paguen de su peculio las indemnizaciones y los gastos ocasionados por los actos represivos que cometieron”.

La Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia dijo que los cambios en el gobierno del estado derivados de la recomendación no son una “rectificación de fondo”, y criticó los nombramientos que hizo el gobernador que muestran que “Rubén Figueroa pretende seguir gobernando sólo con un pequeño grupo de incondicionales y bajo la misma línea”. Señaló que los funcionarios nombrados son “fichas del mismo dominó” que eran empleados subordinados a los destituidos, y destacó el caso del director de la Policía Judicial Erik Montufar, quien era secretario del destituido Gustavo Olea Godoy.

El Palacio Municipal de Coyuca seguía tomado, Jesús Herrera Vélez se negaba dejar la alcaldía y despachaba en el edificio del PRI, donde el 16 de agosto militantes del PRD y de la OCSS le hicieron un mitin, para pedir su salida y la del síndico Jorge Serna Guerrero.

Mientras en la sierra las cosas estaban a rojo vivo, Belén Hernández Martínez de 60 años y Benjamín Jiménez de 55 años, ambos de militancia priista, fueron asesinados el 22 de agosto en Tepetixtla. Primero cayó Belén a las 7:30 y Benjamín alrededor de las nueve de la mañana. En el primer caso se encontraron huellas de 15 personas y el segundo de siete. Sus cuerpos fueron destrozados con disparos de AK-47, M-1 y escopetas calibre 12.

En las afueras de Tepetixtla fueron vistos hombres armados con ropas negras y el rostro cubierto. Algunas voces se quejaban de que tenía año y medio que habían iniciado los secuestros en la zona. Los priistas acusaban a los de la OCSS de ser los sospechosos de los ilícitos.

El 23 de agosto se publicó una nota en El Sol de Acapulco donde pobladores de la sierra denunciaban que 12 personas de El Molote, municipio de Atoyac, adquirieron un buen lote de rifles AK-47 conocidos como Cuernos de chivo. Una Asociación Estatal Independiente de Derechos Humanos acusaba a ese grupo armado de asesinar el 27 de julio a los campesinos Gerardo Martínez Simbras de 21 años y a Víctor Simbras Figueroa. Aunque llamaba la atención que este grupo subversivo estaba ligado a los talamontes, así lo decían los denunciantes.

La OCSS se incorporó a la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) y encabezados por Bernardo Ranferi Hernández Acevedo realizaron una marcha a la ciudad de México en la que participaron alrededor de 500 campesinos, salieron el jueves 24 de agosto de Chilpancingo y el 25 estuvieron en Iguala. El 27 de agosto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo su “Consulta nacional por la paz y la democracia”.

El 29 de agosto fue designado Miguel Ángel García Domínguez agente del Ministerio Publico encargado el caso Coyuca de Benítez. Según los análisis políticos de la época, el gobierno estatal únicamente habría cumplido cuatro puntos de la recomendación y los 11 restantes habían sido parcialmente acatados. Si bien el gobernador designó a Miguel Ángel García Domínguez, como nuevo Fiscal Especial para el “caso Coyuca”, éste nombramiento no cumplía con el requisito de que no debería tener ningún vínculo con el gobierno, ya que según la Coordinadora Suriana por la Paz y la Democracia, la relación entre el nuevo Fiscal y los Figueroa (padre e hijo) era añeja; lo que significaba que el gobernador Rubén Figueroa no cedía y continuaba en su misma línea dura e inflexible ante toda manifestación de oposición a los actos gubernamentales, además de mostrarse insensible ante la delicada situación que vivía el estado.

El 3 de septiembre la Coordinadora Suriana por la Paz y la democracia realizó una conferencia de prensa en Acapulco, ahí la alcaldesa de Atoyac María de la Luz Núñez Ramos “consideró que el gobernador Figueroa no ha cumplido plenamente la recomendaciones de la CNDH, ‘Las ha cumplido a su modo’, no de manera efectiva ni como lo señala la misma comisión, dijo, y puso como ejemplo el punto 14, que se refiere a impulsar programas de desarrollo para Atoyac y Coyuca, sobre lo ‘no hay nada’”, publicó El Sur. Luego una delegación de la Coordinadora Suriana se reunió el 6 de septiembre con el subsecretario de gobernación Arturo Núñez en la Ciudad de México.

El  mismo día que se vencía el arraigo de los 19 ex servidores públicos coparticipe en la masacre de Aguas Blancas, el 30 de septiembre renunció García Domínguez y el 2 de octubre el Congreso local aceptó su renuncia, 17 días estuvo al frente de las investigaciones.

Durante el mes de octubre los actos de intimidación de los agentes de gobernación alcanzaron a dirigentes del PAN y al Frente Cívico de Acapulco. Mientras el gobierno estatal por medio de Elías Reachi Sandoval preparó un montaje para que un pistolero de nombre Gabino de la Cruz Mariano acusara a David Molina Francisco de haberle pagado para que matara al también perredista Orlando Romero Romero. El supuesto pistolero dijo que Molina quería matar a Orlando para causar caos en el estado.

El día que hicieron una manifestación en defensa de Molina Francisco, y para demandar la caída de Figueroa, el 14 de octubre de 1995, fue acribillada la dirigente perredista Martha Morales Vázquez, médica de profesión y una de las principales activistas del PRD en la Costa Grande quien fue candidata a la presidencia municipal de Tecpan de Galeana.

En el mitin de Coyuca de Benítez, “los dirigentes regionales manifestaron su rechazo a las acusaciones del gobierno del estado contra David Molina Francisco. En una breve intervención, Martha Morales calificó de ‘absurdas’ las acusaciones contra Molina. Y concluyó, con ironía, preguntando ¿qué tiene Figueroa en la cabeza?: ‘Sería necesario preguntarle a Figueroa (con el puño se tocó dos veces la cabeza) tan tan ¿hay alguien?’”, es una imagen que plasmó Maribel Gutiérrez de aquel día.

Cuando llegaba a su domicilio luego de participar en el foro de Coyuca de Benítez fue agredida junto a Baldomero Galeno Lagunas. Dos pistoleros les dispararon con armas 9 milímetros, Martha recibió un disparo en el cuello que penetró por el lado izquierdo. El proyectil le destrozó la vértebra cervical. Baldomero recibió 3 balazos en el abdomen.

Según los testimonios recabados, Baldomero Galeno Lagunas acompañó a la doctora hasta la puerta de su casa, donde los recibió su esposo Reynaldo Soria Juárez, presidente del PRD en Tecpan de Galeana y médico propietario de la clínica San Luis Rey. “Se estaban despidiendo en la entrada de la casa, cuando aparecieron dos jóvenes desconocidos. Uno de ellos preguntó: ¿la doctora Martha Morales? Ella alcanzó a decir: soy yo, mientras el desconocido levantó una pistola y le disparó una bala expansiva calibre 9 milímetros, que le atravesó el cuello. Los pistoleros siguieron disparando y cayó herido Baldomero Galeno”. Heridos fueron trasladados al hospital general del IMSS en Acapulco donde el 6 de noviembre murió Martha Morales tras 22 días de agonía. Tenía 42 años de edad.