sábado, 28 de noviembre de 2015

La Gloria, primera parte



Víctor Cardona Galindo
A lo largo de las comunidades que componen el municipio de Atoyac y sus alrededores, se reproducen leyendas y cada paraje da vida a una historia, cada tramo de río tiene un encanto, cada hondonada de la Sierra Madre esconde un ser mítico y un sin número de vestigios prehispánicos, como La Gloria donde se encuentra una zona arqueológica muy importante. En los montes que rodean ese lugar se respira una tranquilidad que motiva la meditación, se percibe mucha paz, seguramente es un gran sitio de poder donde fluye la energía de nuestros antepasados.
Cuentan que ciertas noches se pasea un guerrero, ataviado a la usanza antigua. Con su gran penacho entra en silencio a las chozas y se sienta en la orilla de las camas, mientras los moradores observándolo contienen la respiración para no hacer ruido, hasta que se levanta, atraviesa la pared y se va. La Gloria es verdad y leyenda. Los arqueólogos que llegaron para estudiarla quedaron fascinados con sus encantos.
Carita de barro encontrada al sur de la ciudad de Atoyac, 
en las inmediaciones de El Rancho de los Coyotes.
Foto Víctor Cardona Galindo.

De la sierra de Atoyac el doctor Álvaro López Miramontes cuenta una historia. Dice que en el primer periodo de Rosalío Wences Reza en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se le acercó un huarachero de Atoyac y le pidió apoyo para realizar una expedición a la sierra, porque sabía dónde estaban enterrados los verdaderos restos Cuauhtémoc, el último emperador azteca. El huarachero buscaba el respaldo de la Universidad para una investigación, porque en el campamento de su huerta de café se le estuvo presentando un hombre en sus sueños que decía ser el Tata Cuauhtémoc que le pedía que desenterrara sus restos y los llevara a la Ciudad de México.
Al escucharlo el rector Wences llamó a doctor Álvaro López Miramontes para que lo atendiera. Pensaron poner pronto manos a la obra y buscar dicha tumba. Porque el hombre sabía exactamente donde estaba enterrado, nuestro héroe de la resistencia ante los españoles. Se pusieron de acuerdo y quedaron de verse en Atoyac. Álvaro llegó desde el vienes en la noche y se hospedó el único hotel decente que había en el pueblo. Eran los esos días de 1974 cuando el Ejército mexicano tenía tomadas las comunidades del municipio.
A las cinco de la mañana vio al huarachero en la plaza. Antes de que amaneciera totalmente y después de recoger el bastimento en casa del huarachero, enfilaron en el Jeep que Álvaro manejaba rumbo a la sierra. Pronto estuvieron en una comunidad donde dejaron el Jeep y luego continuaron el camino montados a caballo. Habían avanzado poco cuando encontraron una familia que venía caminando a concentrarse a una población más grande, ya los militares los habían desalojado de su comunidad.
Luego más adelante encontraron a los militares que no los dejaron continuar. Álvaro tuvo que explicarle al capitán que hacía ahí, con comida para una semana, con libros, libretas, lapiceros y cámara fotográfica. Además de todo lo necesario para montar un campamento provisional. Álvaro tuvo que insistir que era un universitario y mostraba el oficio de comisión que le había dado el rector. Por eso para evitar tener problemas con los militares dejaron la búsqueda de la tumba de Cuauhtémoc para una mejor ocasión, que ya no volvió a presentarse.
Han pasado muchos años y Álvaro no se acuerda muy bien del nombre de las poblaciones por donde anduvo con el huarachero, pero pudo ser para cualquier pueblo de la sierra. Porque todo el municipio y sus alrededores son una zona arqueológica. Hace muchísimos años había tribus diseminadas en toda la región, muestra de ello son los vestigios arqueológicos, que hay por todos los rumbos. Los hay en El Abrojal, en El Guapinol, La Angostura, La Meca, Almolonga, La Gloria, Piedras Grandes, El Cacao, La Pintada, Alcholoa, en las islas de la laguna de Mitla, El Camarón, San Juan de las Flores, Santo Domingo, la Florida, San Martín, la Y Griega y la cabecera municipal.
Los vestigios arqueológicos que existen constan de dibujos hechos en piedras, monitos de barro y de piedra, vasijas y cuentas de jade. Los monolitos que son esculturas hechas de una sola piedra se han encontrado por muchos rumbos. En la región hay piezas de diferentes influencias, principalmente olmeca, teotihuacana y tolteca. Algunos muchachos venden piedras para adorno. Un día me tocó ir en un camión rumbo al puerto de Acapulco donde un policía federal le quitó un monolito a un joven que lo había encontrado en un cerro de la colonia Buenos Aires. 
Los arqueólogos Edgar Pineda Santacruz y Gloria 
Clemente Barrera realizan un rescate arqueológico 
en la comunidad de Alcholoa en octubre del 2008. 
Foto: Víctor Cardona Galindo.

En lo personal los primeros contactos que tuve con los vestigios arqueológicos fueron allá en lo alto de la sierra. Esas navajillas llamadas piedras de rayo abundaban en los barbechos de El Caracol, se le llama piedras de rayo porque la gente tiene la creencia que caen con el rayo. Luego un día mi padre encontró en el monte un silbato esculpido en barro que emitía un sonido muy elegante que se escuchaba muy lejos. El paraje donde vivíamos tomada su nombre de una imagen de caracol esculpida en una roca.
Cerca de El Caracol, como a 20 minutos caminando desde Los Llanos de Santiago, está un lugar mítico conocido como El Cerro de la Iglesia donde hay unos escalones labrados en piedra. Cerca está también el cerro de La Campana donde durante la Navidad se escuchan sonar campanas y dice Laurentino Santiago que allí unos maestros escarbaron y encontraron un ídolo esculpido en piedra verde. Luego está el Cerro de la Silla, donde dicen los lugareños que hay una cueva que llega hasta Alcholoa. La letrada, otro lugar con vestigios, está a dos horas a pie de los Llanos de Santiago rumbo a Las trincheras.
Al poniente de El Caracol, estuvo Tlacolulco una comunidad desaparecida que fue cabecera de un centro prehispánico, algunos dicen que ahí estuvo el verdadero Mexcaltepec. Todavía existen unas piedras en forma de ollas, con dibujos esculpidos, en las tierras los Castro que llegaron a tener grandes cultivos de caña en ese lugar. Al norte de Tlacolulco está La Mona.
Simón Hipólito Castro en las leyendas que cuenta a sus nietos recuerda ese paraje serrano llamado La Mona, denominado así, por la gente del lugar, porque existe una piedra grande de color oscuro que tiene grabada una mujer acostada, con las piernas entreabiertas y el rostro mirando al oriente. “Nadie sabe en qué siglo la cincelaron, sus senos también fueron esculpidos a la perfección”, anotó para su libro Cuentos para niños preguntones.
Por eso digo que en toda la sierra hay huellas de la presencia de nuestros antepasados. Por ejemplo en el camino a Los Valles, está La Piedra del Mono, así le llama la gente, pero parece la imagen de un guerrero esculpido en esa roca, en la cabeza se ve un penacho o parece que carga un costal. Seguramente tiene un significado que los antiguos pobladores quisieron transmitirnos, o tal vez represente una antigua ruta de los viajeros. La piedra está adelante de San Andrés, en la primera lomita donde ya se divisan Los Valles.
Cuando se abrió la carretera a ese pueblo, los trabajadores encontraron muchos monolitos y figuras de barro, que los ingenieros se llevaron, otros los vendieron a las familias pudientes de Atoyac que completaban su colección de vestigios arqueológicos.
Acosados por problemas familiares y la presión a la guerrilla, nos bajamos de la sierra a vivir al norte de la ciudad de Atoyac allá por 1977, personalmente me llamó la atención que los niños de aquí tenían un extraño entretenimiento, era salir después de la lluvia a buscar monos de barro que nuestros antepasados dejaron enterrados en la tierra. La lluvia erosionaba las barrancas y los destapaba. Los niños los recogían y los vendía a algunos comerciantes del centro. En la ciudad es muy común oír decir “tienes cara de mono jayao”, es la chanza pesada para aquellos que tienen algún desbalance en el rostro.
En la calle Allende se han encontrado muchos vestigios de la cultura olmeca, “olmecoides” le llaman los expertos. De hecho toda la parte norte de la ciudad es una zona arqueológica enterrada. Una ocasión se les repartió un volante para informar que si escarbaban en sus terrenos deberían avisar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) nadie lo hace por miedo a que el gobierno les expropie sus terrenos. Claro está que el gobierno nunca le expropiará sus predios aunque encontraran una pirámide enterrada.
Con el tiempo me volví también explorador de sitios arqueológicos hasta que un campesino de San Andrés de la Cruz me expulsó de su terreno, “amablemente” con su machete en la mano. Le había dicho que tomaría unas fotos a unos petrograbados que estaban debajo de unos árboles de mango, pero él me dijo que me fuera de ahí porque seguramente le quería robar el tesoro que estaba debajo de la piedra. Muchas personas escarban debajo de esas rocas en busca de tesoros. Como siempre no encuentran nada, dicen que el “Amigo” se los escondió porque algunos de los que estaban excavando “llevaban mal corazón”. Otros han encontrado ollas con ceniza o con restos humanos, también ollas con diversas figuras de barro y cuentas de jade o piedras de obsidiana.
La abundancia de sitios arqueológico ha dado pie a diversas leyendas. Se dice que en el cerro Cabeza de Perro hay un encanto… Hay unos monos que irradian luz. Un hombre subió motivado por que otros que le dijeron que había un tesoro. Encontró los monos de luz, cargó uno, pero al avanzar todo se oscurecía. Ponía el mono en su lugar y el sol salía. Estuvo a punto de desbarrancarse al querer salir con rapidez con un mono de luz. La oscuridad no le permitió ver por donde avanzaba. Por eso nadie los ha podido mover esos monolitos de su lugar y siguen alumbrando. De noche se ven de lejos.
Nuestro cronista por excelencia Wilfrido Fierro Armenta dice en su Monografía de Atoyac, “entre las cordilleras de los cerros de Cabeza de Perro, La Meca y San Juan de las Flores, en el punto conocido por Arroyo de los Corales, existe una ciudad arqueológica; posiblemente haya sido habitada por las tribus Matlazingas, Xopes, Coiscas, Cuitlatecos o Mexicanas, o quizá sería solamente un templo donde estas razas solían celebrar sus ritos”.
“El orden simétrico en que está trazada y dado a los vestigios existentes, solamente cabe formarse en nuestras mentes variadas hipótesis. La ciudad de referencia mide 200 metros por cada lado y está situada en plena altura de la montaña citada, habiendo señales de haber existido comunicación con el centro del país por un ancho camino que aún se ve en aquella agreste serranía; es en sí una verdadera joya arquitectónica digna de admiración de nativos y extraños”.
Wilfrido también habla de una loma artificial a 700 metros al Noroeste de Corral Falso y que en este lugar se han encontrado grandes depósitos de figuras de barro y piedras.
Otra de nuestras cronistas, doña Juventina Galeana Santiago, era una apasionada del pasado de este pueblo y la arqueología, conservó a lo largo de su vida vestigios arqueológicos para que los depredadores no se los llevaran al extranjero. Conservó piezas encontradas al crecer la ciudad y cuando se abrieron las carreteras. Logró tener la más grande colección regional registrada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de piezas de los periodos preclásico y clásico, con rasgos olmecoides; líticas y cerámica.
Dentro de las actividades culturales que realizó doña Juventina está la de haber pugnado por la instalación del museo municipal, lo que no se ha concretado con seriedad, tomando en cuenta la gran riqueza arqueológica de la zona. En el periodo del alcalde Javier Galeana Cadena se instaló un pequeño museo en la parte baja del kiosco de la plaza principal. Pero terminando ese mandato las piezas fueron a parar a diversos domicilios y unas quedan de adorno en las oficinas de la secretaría general en la Ciudad de los Servicios. Rubén Ríos Radilla por un tiempo movió un museo itinerante y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) instaló un pequeño museo en Los Planes que ya desapareció y nadie sabe dónde quedaron las piezas. También hubo una pequeña muestra de piezas en la Casa de la Cultura auspiciada por Enrique Hernández Meza.


domingo, 22 de noviembre de 2015

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur(OCSS), vigésima primera y última parte.


Para Layo Mesino, con el firme deseo que su salud mejore.
Víctor Cardona Galindo
El 17 de julio de 1995 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó la intervención, en el caso Aguas Blancas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La investigación quedó integrada en el expediente 11.520. El 26 de julio esa instancia internacional trasmitió al gobierno mexicano las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó información sobre los hechos denunciados. La CIDH recibió información complementaria de las dos partes y realizó una audiencia el 21 de febrero de 1996.
La Comisión solicitó al Estado mexicano, el 24 de enero de 1996, se tomaran las medidas cautelares que fueran necesarias para proteger la vida e integridad física de los familiares de las víctimas, y de todos los testigos de la masacre de Aguas Blancas, principalmente de Virgilia Galeana García, quien denunció ante los medios de comunicación que vio en el vado de Aguas Blancas, después de la masacre, al general Mario Arturo Acosta Chaparro.
Una comisión de la CIDH visitó nuestro país, el 24 julio de 1996, para recabar información del caso, pudo observar el lugar donde ocurrieron los hechos; platicó con familiares, testigos y víctimas, quienes narraron sus experiencias en el transcurso y después de la masacre de Aguas Blancas.
Gilberto Romero Vázquez desapareció el 24 de junio
 de 1995, después de que asistió a cambiar un giro 
telegráfico, se le vio por última vez en el zócalo
 de Atoyac, lleva 20 años desaparecido.
Foto: cortesía de la familia Romero Mazón.

Motivada por la información que recabó de los testigos, el 24 de octubre de 1997 la CIDH emitió las siguientes recomendaciones: primero “completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos descritos en el presente Informe, ocurridos en fecha 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 23 de abril de 1996”.
Segundo “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.
Tercero “otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas; y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los referidos hechos de Aguas Blancas”.
Cuarto “adoptar las medidas que sean necesarias, para que se dicte a la brevedad posible la legislación reglamentaria del artículo 21 de la Constitución mexicana, a fin de hacer efectivas las garantías judiciales y de protección judicial consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.
El 18 de febrero de 1998 en el Informe número 49/97, la CIDH argumentó que el Estado mexicano no ha tomado las medidas adecuadas para cumplir con las recomendaciones hechas por ese organismo, y agregó: “La Comisión concluyó que las investigaciones realizadas por el Estado a los fines de juzgar y sancionar a los responsables de la llamada ‘masacre de Aguas Blancas’ no se han practicado con la seriedad necesaria en los términos exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  
Como dije antes, la CIDH pedía apegarse a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó: “Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca, estado de Guerrero, y en los posteriores relacionados con los primeros”, y que “de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex-Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex-Procurador General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-Primer Subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex-Fiscal Especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex-Director General de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero”.
Gilberto Romero Vázquez el día que contrajo
 matrimonio con María Mazón en la parroquia 
Santa María de la Asunción en Atoyac de Álvarez. 
Foto: cortesía de la familia Romero Mazón.

Ante la visita realizada por la CIDH a nuestro país, en julio de 2001, con motivo de las audiencias de seguimiento a las recomendaciones, los representantes de las víctimas determinaron interponer una nueva denuncia penal, ante la PGR, contra los responsables de la masacre, ateniéndose al compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de servir como interlocutores ante la PGR. Así, se presentaron ante la PGR las denuncias penales que se encuentran en las Averiguaciones Previas 423/A1/2001 y 163/A2/2002. El gobierno federal determinó finalmente que fuera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) quien se hiciera cargo de las investigaciones, misma que fue encabezada por Ignacio Carrillo Prieto y desapareció en el 2007, sin que haya arrojado resultados satisfactorios en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
Durante su campaña electoral Vicente Fox habló de justicia en el caso de Aguas Blancas, pero cuando ya era presidente nada hizo, a pesar de la insistencia de las víctimas. Fue octubre del 2001, que retomando las recomendaciones de la CIDH, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez denunciaron y ratificaron ante la PGR la demanda de justicia por la masacre de Aguas Blancas. El expediente fue turnado a la delegación de la PGR en Guerrero, pero no se hizo nada. El 25 de febrero de 2002 se solicitó a la PGR trasladar el caso al Distrito Federal, pues en Guerrero seguía sin haber condiciones de imparcialidad por estar presente aún el poder de Rubén Figueroa Alcocer. La PGR negó el traslado del caso, argumentando que era imposible llevar en la ciudad de México cualquier otro asunto del país.
Por eso aun hay tres averiguaciones previas detenidas en la PGR, una interpuesta en octubre de 2001 por Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores con el número 423/A1/2001, otra puesta por familiares de las víctimas en abril de 2002 con el número 163/A2/2002, y en julio de 2002 María de la Luz Núñez Ramos, presentó otra ante la Femospp y el número de expediente fue PGR/FEMOSOPP/016/2002. Al desaparecer la Fiscalía especial en el 2007, ese expediente para el 2008, era el número A.P./SIEDF/CGI/263/2007 y se encontraba radicado en la Dirección General de Procesos Penales de la misma PGR.
María de la Luz siempre sostuvo que la masacre fue preparada con antelación con mucha premeditación, alevosía y ventaja, uno de los ejemplos que puso fue que el 28 de junio se dio la orden de concentrar todo el personal del hospital general de Atoyac. “Los empleados y médicos del Hospital fueron advertidos y emplazados a mantenerse en guardia pues podía ocurrir una masacre”, escribió María de la Luz Núñez Ramos en su libro Palabra de mujer. La verdad sobre Aguas Blancas y otros textos.
Este año 2015 sobrevivientes y familiares de Aguas Blancas pidieron al gobierno federal dé atención a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se indemnice a quienes fueron afectados hace “más de 20 años y no se ha cumplido”.
Acudieron a la redacción de El Sur. Mauro Hernández Lozano el chofer que conducía la camioneta azul que fue atacada a balazos por policías del estado aquel 28 de junio de 1995, dijo: “nos han dado poco, pero el gobierno federal no nos ha dado nada, lo que nos ha dado es el gobierno del estado” y no han castigado a los culpables.
“Queremos que el gobierno federal acate la recomendación de la CIDH, ya que estamos esperando que atienda a los sobrevivientes, viudas y madres de las personas que fueron asesinadas, porque no es posible que a 20 años no cumplan”.
“Ahorita estamos juntos porque si lo hacemos separados no vamos agarrar nada, por eso estamos los sobrevivientes, viudas y la madre de los caídos, porque creemos que el gobierno federal no ha tenido voluntad para que el caso se resuelva”.
Hernández Lozano detalló que el caso de Aguas Blancas sigue vigente porque no han cumplido nada de la recomendación, y lo “que nos han dado ha sido puras limosnas, aquí los que se han beneficiado son los líderes que han estado desde que ocurrieron los hechos (…)
 para los sobrevivientes ha sido pura limosna, queremos que se acabe de esto y que los culpables, el gobierno tiene la obligación de enjuiciarlos, y se pague conforme a derecho”.
“Nosotros los sobrevivientes no tenemos la vida comprada ya han muerto varios, por eso es que estamos esperando la indemnización para los 29 personas que seguimos vivas, porque han muerto tres personas esperando que las autoridades hagan justicia pera nunca llegó, ellos ya se fueron y nunca vieron una solución de las autoridades”.
Explicó que, el día que fueron asesinados los campesinos él iba conduciendo la camioneta que fue atacada, que él recibió impactos de bala en la mano cuando la saco para pedir que no siguieran disparando, “yo traía toda la gente, por eso es que queremos que las autoridades tomen más cuidado en este tema y que se haga justicia”.
De lo ocurrido aquel 28 de junio y de lo que vino después ha quedado un mal sabor de boca. Nunca se investigó lo relacionado con la reunión del 26 de junio en un salón del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, la cual reconocieron públicamente algunos como el coordinador de asesores, Jorge Leipen Garay y el magistrado del Distrito Federal Edgar Elías Azar, quien dijo: “me siento con la conciencia tranquila” y en una entrevista con El Financiero también declaró “Ya me arrepentí de haber ido, yo fui a visitar a mi amigo, no al gobernador”.
El general Mario Arturo Acosta Chaparro, nunca fue investigado por este caso, murió en la impunidad, a pesar de haber sido señalado como uno de los participantes en la reunión previa del 26 de junio, en el Palacio de Gobierno, donde se planificó la masacre. Estuvo en la cárcel acusado de vínculos con el narcotráfico, pero luego de salir libre, el 23 de abril de 2008, al retirarse del Ejército fue homenajeado junto a otros militares por su patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones. Luego fue asesinado el 20 de abril del 2012, un solitario tirador le pegó tres tiros de 9 milímetros, allá en la Ciudad de México.
Luego el gobierno pagó mal a los ex agentes policiacos que estuvieron en prisión, por el caso de Aguas Blancas, ya en libertad fueron despedidos de la corporación el 2005, durante el mandato de Zeferino Torreblanca Galindo, por eso interpusieron una demanda por despido injustificado en contra de las autoridades estatales. El comandante Ignacio Benítez Carbajal y 11 policías más tuvieron que plantarse e instarse en huelga de hambre, afuera de Casa Guerrero en Chilpancingo, para exigir al gobierno estatal les entregara las liquidaciones que por ley les correspondían.
El director del hospital de Atoyac que recibió la orden, un día antes de la masacre, de tener preparado todo para recoger heridos, Francisco Mercado Ríos, fue asesinado el 31 de julio de 1996, en su clínica privada de Tecpan de Galeana con disparos de una pistola calibre 9 milímetros.
En  la historia del movimiento, la coordinadora Suriana por la Paz y la democracia fundada el 23 julio de 1995, murió de inanición. El 12 de julio de ese mismo año se constituyó la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) que se integró al Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), luego OCSS se dividió: una parte se quedó con la estructura de Atoyac encabezada por Hilario Mesino y otra con Coyuca de Benítez encabezada por Benigno Guzmán. Nadie supo decir cuáles fueron las causas de la división y las fracciones siguen marchando por rutas diferentes.
María Mazón informó, en una carta a El Sur el 17 de diciembre de 2002, que la CNDH después de darle largas a la investigación concluyó que su esposo se había ido con otra mujer, nada más inverosímil, porque Gilberto Romero Vázquez era muy responsable y dejó solos a sus siete hijos: Matha de 16, Elías de 13, Nahí de 10, Noemí de 9, Lizet de 6, Gabriela de 4, y Luis Gilberto Romero Mazón de siete meses. Mientras que por la masacre de Aguas Blancas quedaron 42 niños huérfanos. En lugar de los hechos mucho tiempo los carros le sacaron la vuelta a una cruz hecha con dos varas que estuvo colocada en medio de la carretera. Y Paula Mendoza Téllez conservó el sombrero de su esposo Francisco Rogel Gervasio, que tenía la perforación de la bala que le dio en la cabeza.


sábado, 14 de noviembre de 2015

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), vigésima parte.


Víctor Cardona Galindo
De los 53 servidores públicos, entre policías, agentes del Ministerio Público, peritos y funcionarios de nivel medio del gobierno del estado que fueron consignados por su responsabilidad en la masacre de 17 campesinos o en el desvío de las investigaciones, sólo estuvieron en prisión cuatro funcionarios y 28 policías motorizados. Según diversos testimonios los policías que aparecen disparando en el video no pisaron la cárcel.
Fueron procesados por abuso de autoridad, homicidio y lesiones, el director operativo de la Policía del Estado, Manuel Moreno González y 28 policías, entre ellos los comandantes Lorenzo Roque Cortés y Francisco Sandoval Medina. Dos motorizados más Fidel Apolonio Ceferino y Policarpo Mendoza Tenorio no fueron aprehendidos.
Mientras tanto, por homicidio, lesiones, ejercicio indebido y abandono del servicio público e hipótesis de ocultar información de la que tenga conocimiento, fueron procesados el primer subprocurador, Rodolfo Sotomayor Espino; el director general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos; el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez Galeana y, de nuevo Manuel Moreno González.
Carlos Mesino Mesino al micrófono, Hilario Mesino 
Acosta y Rocío Mesino Mesino, durante el mitin del 
44 aniversario de la masacre del 18 de mayo de 1967, 
en esta fecha pero del 2011. Foto: Víctor Cardona Galindo.

Asimismo, sólo por ejercicio indebido y abandono del servicio público fueron procesados el subsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos; el agente del Ministerio Público, Adrián Vega Cornejo; la agente determinadora del Ministerio Público, Francisca Flores Rizo; el agente del Ministerio Público, Elías Reachi Sandoval; el delegado regional de la Procuraduría, Javier Reyes Grande; el agente del Ministerio Público comisionado, José María Alcaraz López; los agentes auxiliares del Ministerio Público, Gildardo López Reyes, Jorge Rafael López Serrano y José Antonio Clavel Díaz, y el jefe del departamento de servicios periciales, Francisco de Paula Ricart Álvarez, así como cinco peritos más, dos agentes de gobernación y la directora de averiguaciones previas Blanca María del Rocío Estrada.
También hubo orden de aprehensión en contra del agente de Gobernación, Armando Nieto Espita, por homicidio, lesiones y abuso de autoridad, pero no hay información de que lo hayan aprehendido. Todos relacionados con la causa penal 3-2/996 que se abrió en el Tercer Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Acapulco.
Pronto el 12 de julio de 1996 quedó en libertad Gustavo Martínez Galeana, el delegado de gobernación que grabó el video de la matanza. Luego que fue amparado contra el auto de formal prisión, el juez Adolfo Van Meeter Roque, lo absolvió por los delitos de homicidio y lesiones, y sólo fue procesado por ejercicio indebido del servicio público, por eso pudo salir de la cárcel bajo fianza. Cinco meses después el 16 de diciembre de 1996 el juez dictó auto de libertad  a la agente del Ministerio Público de Coyuca de Benítez, Francisca Flores Rizo, al agente de gobernación Olimpo Soberanis Méndez y al perito Alfonso Alonso Piedra, por falta de elementos para procesar.
El viernes 11 de julio de 1997 el juez dictó la mayoría de las sentencias. “El ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos y el ex director operativo de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González, fueron condenados a 26 años y 6 meses de prisión y 28 ex policías a 24 años, como responsables de homicidio de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, de lesiones a 20, así como de los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”, nos recuerda Maribel Gutiérrez.
El ex subsecretario de Protección y Transito, Rosendo Armijo de los Santos, fue sentenciado a cinco años de prisión por el ejercicio indebido y abandono del servicio público. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado: Gonzalo Barrera Abarca, Rafaela Cruz Suástegui, Juan Olea Ventura, Carlos Gruintal Santos y el agente de Gobernación que grabó el video Gustavo Martínez Galeana fueron considerados culpables de ejercicio indebido del servicio público en la hipótesis de ocultar información y condenados a tres años y tres meses de prisión. El ex agente de Gobernación estatal, Ramiro Orlando Soberanis Moreno, fue sentenciado a 8 meses de cárcel, por falsedad de declaraciones ante la autoridad.
El ex fiscal especial Adrián Venga Cornejo y el agente auxiliar del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, no fueron encontrados culpables del ejercicio indebido del servicio público del que los acusó la fiscalía, por ello el juez ordenó su inmediata libertad.
Los policías motorizados se inconformaron con las sentencias y amenazaron con decir toda la verdad si no los sacaban de inmediato, denunciaron que los abogados, que les puso el gobierno del estado, “estaban manejados desde arriba”, y que todo estaba manipulado, por el gobierno que no los había dejado poner sus defensores particulares.
El ex policía Hermilo Tacuba Alonso dijo: “No sabemos hasta dónde quiere llegar el gobierno con nosotros. El gobierno sabe quiénes fueron los culpables, y él es el que nos metió a nosotros en esto. No nos tomaron la prueba de Harrison, nada más nos dijeron tú y tú te vas. Algunos no estuvieron en el lugar de los hechos, y muchos sí estuvieron. El gobierno siempre pensó que esto era fácil, a nosotros siempre nos trató de lavar el coco, de engañarnos”, se lee en el libro Violencia en Guerrero.
Las nuevas declaraciones de los policías, que no fueron tomadas en cuenta, coincidían con los primeros testimonios de los sobrevivientes. Los motorizados dijeron que “cuando los encarcelaron les prometieron que sólo estarían en prisión hasta diciembre de 1995, ‘sólo cinco o seis meses’, ‘solo para taparle el ojo al macho’, y les pidieron que lo tomaran ‘como un servicio’”.
El 13 de junio de 1997, en la cárcel de Acapulco, mediante un vocero diez de los policías afirmaron “que en la operación policiaca del 28 de junio de 1995 para detener a un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que se dirigía a una manifestación a Atoyac, participaron 480 efectivos de la policía motorizada, antimotines y judicial del estado, y no sólo 30 de la motorizada como dice en todos los expedientes oficiales”.
“Para ser más específicos eran 30 comandantes con 10 elementos bajo su mando cada uno, 7 grupos de policías judiciales y 2 camiones con antimotines, incluso un helicóptero que llegó después del accidente de donde bajaron Héctor Vicario Castrejón, Rubén Robles Catalán y Rosendo Armijo de los Santos”. Y se reafirmó que fueron elementos de la policía motorizada los que comenzaron a disparar.
Afirmaron que “el entonces subsecretario de Protección y Tránsito del Estado, Rosendo Armijo de los Santos, habló directamente con ellos para hacerles la propuesta, ‘por órdenes del gobernador Rubén Figueroa’ para que aceptaran declararse culpables: ‘Nos metieron a un cuarto, y luego llegó Rosendo Armijo, y nos dijo que nos iba a presentar como culpables a los diez, por órdenes de arriba, porque era necesario proteger a los meros meros”.
“Que nos iban a tratar bien en el Cereso, que nos iban a dar casa, apoyos económicos, becas para nuestros familiares y que en diciembre de 1995 a más tardar estaríamos liberados, que lo tomáramos como un servicios”. Ninguna promesa se cumplió. Por el contrario, en enero de 1996 fueron encarcelados 18 motorizados más, a quienes el gobierno de Figueroa hizo ofrecimientos similares, y dicen que tampoco son los que dispararon contra los campesinos”.
Los abogados de los policías argumentaron que algunos de los que estuvieron en la matanza de Aguas Blancas días antes habían participado en el enfrentamiento ocurrido, el 8 de junio de 1995, con presuntos narcotraficantes en Real de Guadalupe, en la sierra de Vallecitos, municipio de José Azueta, donde murieron cuatro policías y tres presuntos delincuentes.
El 26 de noviembre de 1997, el Tribunal Superior de Justicia del Estado redujo la condena fijada por el juez de 24 a 18 años de prisión para los 28 policías y de 26 años y medio a 19 años para dos ex funcionarios del gobierno del estado. Asimismo que “no ha lugar” a condenar a ninguno de los sentenciados al pago de la reparación del daño a los deudos de los 17 campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 y a 20 campesinos heridos, porque “en actuaciones del proceso que se les siguió no hay constancia que demuestres la cuantía de ello”.
Dos años más tarde, en abril de 1999, fueron liberados 15 de los 28 policías motorizados que estaban presos por el homicidio de los 17 campesinos y también salió el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, el funcionario de mayor rango que había sido encarcelado. Y después de cinco años y ocho meses de prisión recuperó su libertad el mayor Manuel Moreno González, quien fue sentenciado a 19 años de prisión, salió el 24 de agosto de 2001. Había ingresado al penal el 10 de enero de 1996.
Mientras el ex comandante de la Policía Motorizada, Ignacio Benítez Carbajal, condenado a 18 años de cárcel por la masacre de Aguas Blancas, pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se reabriera la investigación “para que se esclarezcan debidamente los hechos y se castigue a los verdaderos responsables”, y para que el gobierno de Guerrero le concediera el beneficio de la preliberación.
En un documento que envió a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, Benítez Carbajal reveló que para condenar a los policías como responsables de la masacre se utilizaron pruebas de Harrison simuladas, que realmente no se practicaron. También expuso que los policías que aparecen disparando en el video de la masacre no fueron juzgados.
Benítez Carbajal expuso su participación el 28 de junio de 1995: “Por instrucciones superiores se me ordenó que me trasladara a ese lugar con mis elementos para realizar un operativo policiaco de despistolización, más nunca se me informó que el operativo tenía como finalidad detener a los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Tepetixtla, Guerrero, para evitar que se manifestaran en la población de Atoyac de Álvarez”.
El documento fue entregado a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), el 18 de enero 2002, con el fin de que el ombudsman, Juan Alarcón Hernández, lo remitiera a la CNDH. Ahí firmaba que no habían sido castigados los verdaderos responsables, y pedía “que se practiquen las pruebas periciales correspondientes para acreditar que las personas que aparecen disparando en contra de los campesinos en la videofilmación que obra agregada a la causa penal, son distintos a los policías que fueron consignados. Sin embargo, por causas por demás injustificables se les otorgó la más completa impunidad, ya que ni siquiera fueron citados por el agente del Ministerio Público para que rindieran su declaración con relación a esos hechos”.
Ignacio Benítez Carbajal, se instaló en huelga de hambre en el penal de Chilpancingo, el lunes 21 enero 2002 a las 10 de la mañana, en demanda de su preliberación y la reapertura de la investigación.  Luego sin que se hiciera pública su excarcelación salió libre el 9 de octubre 2003 a las 9 de la noche, que se sumó a la liberación en las mismas condiciones, el 11 de septiembre y el 9 de octubre, de seis policías motorizados recluidos en el penal de Acapulco. El 20 de octubre de 2003 por la noche, el Gobierno del estado emitió un boletín para explicar el motivo de la liberación de siete acusados de la masacre de Aguas Blancas.
El documento indicaba que el Consejo Técnico Interdisciplinario de Readaptación Social concedió la libertad anticipada el 11 de septiembre a: Alfonso Díaz Jiménez, Omar Figueroa Meza e Irineo Gatica Rosario; y el 9 de octubre a Hermilo Tacuba Alonso, José Manuel Rodríguez Pino, Dustano Vargas Hernández e Ignacio Benítez Carbajal, quienes “reunían los requisitos para la libertad anticipada”, al cumplir 45 por ciento de la sentencia a 18 años que les fue impuesta.
Al final únicamente quedaban seis policías y el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos          quien, junto a los motorizados Benito Cruz Hernández, Martín Chávez Castro, Jesús Medina Mora, Alberto Navarrete Nava, Eladio Piedra Orozco y Marco Antonio Villamar Arguello, realizaron en noviembre de 2003 una huelga de hambre en demanda de su excarcelación. Dos años después obtuvo su libertad el 5 de octubre de 2005, Mendoza Ramos pasó encarcelado nueve años. Los policías también salieron libres.



sábado, 7 de noviembre de 2015

21 años de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), diecinueveava parte.



Víctor Cardona Galindo
Retomando el hilo de nuestra cronología sobre el caso Aguas Blancas, las indagaciones de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) concluyeron el primero de abril de 1996, veinticinco días de investigación que comenzaron el 6 de marzo, en ese tiempo, los ministros hicieron la reconstrucción de los hechos en el vado de Aguas Blancas, entrevistaron a testigos y al mismo Rubén Figueroa Alcocer, recibieron las pruebas aportadas por el PRD e incorporaron el testimonio de la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, que fue fundamental en la investigación.
Los magistrados recopilaron toda la información que se ventiló en los medios de comunicación, incluyendo las fotos de El Sol de Acapulco, donde se muestra que se plantaron las armas en las manos de los campesinos masacrados. El resultado de su investigación fue el expediente 3/96 integrado por 156 fojas.
Manta que los jóvenes militantes de la Organización 
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) colocaron en 
el kiosco de Atoyac para recordar los dos años de la 
muerte de Rocío Mesino Mesino. Foto Víctor Cardona 
Galindo.

Mientras el proceso a los 43 servidores públicos implicados por el caso Aguas Blancas continuaba. El 12 de abril, cuando se presentaron para ampliar sus declaración al Jugado penal de Acapulco, Rosendo Armijo de los Santos, culpó al mayor Manuel Moreno González quien estuvo al frente de la operación aquel 28 de junio. Elías Reachi Sandoval dijo que “‘alguien sembró las armas’, porque cuando nosotros llegamos ya estaban en manos de los campesinos”.
Días después, el 19 de abril, el perito en balística, Alfonso Alonso Piedra dijo que 12 de las armas encontradas, habían sido accionadas. Algo que se contradijo con la investigación de la fiscalía que concluyó que cuatro de las 12 armas que presuntamente se recogieron en el lugar “no funcionaban adecuadamente”. Declaró que no recogió, de esas armas, ni un casquillo de bala a pesar de que rastrearon el lugar. La también perito Rafaela Cruz Suástegui señaló “levantamos los cadáveres los cuales tenían armas”. Se notó que los declarantes estaban aleccionados para coincidir en las versiones y así evadir su responsabilidad. Todos negaron haber ocultado información y haber manipulado la escena del crimen.
El 22 de abril se supo que las versiones del video filmado en Aguas Blancas y dadas a conocer por el gobierno del estado y por Televisa omitieron escenas del multihomicidio, porque el original tiene una duración de 20 a 25 minutos, eso declaró a los medios de comunicación el agente de gobernación Gustavo Martínez Galeana quien entregó el video con todo y cámara a su jefe Esteban Mendoza Ramos.
Aunque el contenido del informe de la Suprema Corte de la Nación se filtró días antes, fue el martes 24 de abril cuando se dio a conocer públicamente. Aquí los ministros plantearon: “No hay justificación legal para la existencia de retenes que impidan el libre tránsito en caminos en donde transita lícitamente la población en transporte público. No había ordenes de aprehensión para detener a alguna o algunas personas de entre los manifestantes, aun cuando el gobernador afirmara en medio televisivo lo contrario. No hay justificación para hacer descender el pasaje de un camión y registrarlo. No es entendible el gran despliegue de elementos armados en los caminos del estado bajo el pretexto de ‘dialogar’ con algunas personas descontentas, y no contra el gobierno del estado, sino en contra de un Ayuntamiento. No se entiende la razón para escoger elementos policiales sensibilizados por anteriores ataques de apenas unos días –lo cual los descalificaba-, y que debe entenderse se encontraban llenos de rencor”, recogió Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero.
Otra irregularidad que se encontró durante este suceso fue la autoridad que el Congreso Local delegó en el fiscal especial, constituyéndolo “como un verdadero procurador, distinto del Constitucional, autónomo del Constitucional, y diversificado del Constitucional... Creando así, un órgano ambiguo y difuso que alejó la averiguación y los correspondientes procesamientos de su cauce constitucional, y de este modo imperó el capricho y la improvisación”, dice el informe.
En informe de la SCJN se sumó a la prueba irrefutable del video, donde se comprobó que los campesinos acribillados no portaban armas y de que muchos de ellos ni siquiera iban al mitin ni mantenían relación con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, “y con la manipulación de las pesquisas del caso Aguas Blancas, denunciada tanto por la sociedad civil como por los grupos internacionales, así como por los grupos políticos; fue lo que condujo decisivamente a la caída de un gobernador que volvió a reiniciar el círculo trágico que históricamente ha predominado en el escenario político guerrerense”, dice Gabriel Alfonso Castillo Leyva y coautores, en la tesis Inestabilidad Política en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto, en referencia a que en nuestro estado la mayoría de los gobernadores no terminan su mandato.
Veinte años después de la matanza el ejecutivo federal no ha atendido la recomendación del expediente 3/93 elaborado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, quienes atribuyeron “la mayor responsabilidad” de esos hechos al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.
En la resolución que emitieron el 12 de abril de 1996 y que fue entregada por la Corte al presidente Zedillo, establecen que la mayor responsabilidad recae en el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el “imprudente” manejo de una cuestión sumamente delicada, al poner en manos “inadecuadas” conflictos tan destacados, y porque, después de los hechos, actuó como “grupúsculo detentador del poder al que había que conservar, aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.
Los ministros sostienen la tesis de que hubo un provocador infiltrado que “al bajar del segundo camión disparó para excitar la reacción de los policías, y que después fue protegido por algunos de éstos para su ocultamiento y evitar ser lesionado o detenido”.
Como dije antes la investigación alterna de la SCJN se realizó cuando ya estaban sujetas a proceso penal 43 personas como probables responsables de los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, y luego de que –se argumenta en el expediente- “subsiste en la comunidad nacional un sentimiento de preocupación por el cabal esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus consecuencias conforme a la Ley”.
A los ministros llamó la atención que Rosendo Armijo de los Santos encargado de supervisar el operativo, persona de la total confianza del gobernador, simplemente no se presentó en el lugar y después argumentó que esta comisión se debió a que el día de los hechos su esposa estaba gravemente enferma de cáncer y le era absolutamente necesario atenderla.
Al hablar del momento de la masacre, dicen que: “El fuego es tan devastador que produce un número desorbitado de muertos y heridos y una cosa es bien clara y queda de manifiesto: sólo dos policías son heridos de menor gravedad por armas cortantes, mientras que todos los muertos y heridos eran pasajeros y fueron tocados por armas de fuego”.
Según los ministros, todas las personas que entrevistaron coincidieron en señalar que los policías actuaron “compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos, puesto que no consta que respondieran a un ataque con armas de fuego contra ellos”.
Los ministros ponen especial atención en tres detalles que pudieron marcar el inicio de la matanza, un disparo inaudible en la grabación, desde la parte posterior de la camioneta azul, hecho por una persona desconocida que no puede identificarse si era civil o policía, otro disparo o explosión no bien identificado que produce “abundante humo blanco”, que tampoco se aprecia quién lo hace; y de acuerdo con la versión oficial, dos machetazos que provocaron heridas leves en dos policías por los supuestos miembros de la OCSS.
Pero insisten en su tesis del “infiltrado provocador”, y el texto dice: “Los policías del llamado retén esperaban la señal de la explosión, pues prácticamente todos empezaron a disparar al unísono”. Aseguran que en las entrevistas con los distintos actores, muchos de éstos les mencionaron que en el segundo camión estaba “infiltrado un provocador” que al bajar del mismo disparó para incitar la reacción de los policías, y que después fue protegido por los mismos agentes para su ocultamiento y evitar que fuera lesionado o detenido.
En el expediente 3/96 elaborado por los ministros, señalan que después de la matanza, el gobernador mandó al secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y al director de Comunicación Social, Carlos Carrillo Santillán, “no a investigar y a exigir responsabilidades, sino aparentemente a ocultarlos y a crear confusión informativa”.
Y en ese sentido mencionan que “hubo manejo especial de los hechos por las altas autoridades del estado para disculpar a éste de los sangrientos acontecimientos, cuando hubiese sido más sencillo reconocer los excesos de sus enviados y de los policías que los acompañaron en una misión pacífica de convencimiento, mostrar íntegramente la videograbación y evitar todo ocultamiento y engaño, y no optar como lo hizo, tratar de protegerlos como si existiera un compromiso delincuencial”.
Castro y Castro y Román Palacios concluyen, también, que “hubo negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del estado, de funcionarios menores y de policías incompetentes”.
Sostienen que “en esta tesitura, la mayor responsabilidad para el gobernador del estado se finca en el imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada, dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes y la de poner en manos inadecuadas conflictos tan destacados; no atendió el conflicto por conducto del secretario general de Gobierno o el procurador, suponiendo que por sus ocupaciones él no pudiese desplazarse personalmente, sino que lo ordenó a un inferior, quien a su vez lo ordenó a un comandante de la Policía Motorizada”.
En otra de sus conclusiones establecen que “en el Vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de 17 campesinos y se causaron heridas a 25 más y aun así no hay evidencia de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad; como mandatario de los habitantes de la entidad, más bien actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.
“Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador General de Justicia, y secretario general de Gobierno. Además de los restantes funcionarios consignados, porque actuaron como cultivadores del engaño; la maquinación y la ocultación, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas”.
Refieren que es allí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana “la persistencia en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.
Han pasado 20 años después de la matanza de los campesinos de la OCSS, el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario de Gobierno Rubén Robles Catalán, ejecutado el 6 de julio de 2005 afuera del hotel Mirador en Acapulco, y el procurador Antonio Alcocer Salazar, no fueron procesados, a pesar de que los resultados de la investigación de los magistrados les implicaron responsabilidades, el informe fue entregado al presidente Ernesto Zedillo y en el Congreso de la Unión se dieron acaloradas discusiones, por la propuesta de los partidos de oposición de realizar un juicio político a Figueroa.